Caso Ester Quintana: la actuación más polémica de la historia de los Mossos, a juicio

La fiscalía pide dos años de prisión para el subinspector Eduardo Casas y para el escopetero Llorenç Benjumea, mientras que la acusación particular eleva la petición a nueve años. La vista oral empezó este lunes 11 de abril y se alargará durante tres semanas

Ester Quintana es atendida después de recibir el impacto de un proyectil. Foto: Edu Bayer (Directa)

La incesante concatenación de versiones oficiales –contradictorias entre sí– en relación con el caso Ester Quintana ha convertido los hechos en la actuación más controvertida de la historia de los Mossos d'Esquadra, cuando menos si nos atenemos a las destituciones, las dimisiones y los relevos en la cadena de mando policial que se han derivado.

Tres años y medio después de que una bala de goma impactara a su ojo izquierdo –según mantienen la fiscalía y la acusación particular–, los dos policías presuntamente involucrados en la agresión se sientan en el banquillo de los acusados.

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona es el escenario por el cual veremos pasar, durante tres semanas, a los principales testigos de la acusación, el conjunto de antidisturbios que intervinieron en aquel operativo y toda la cadena de mando, incluyendo el exdirector general Manel Prat, que lo hará el 18 de abril si se mantiene el calendario previsto.

Marta Marquina, fiscal del caso, considera que se produjo una imprudencia grave, pero no voluntaria; es por eso que pide dos años de prisión para los acusados. Las abogadas Laia Serra y Carla Vall, en representación de Ester Quintana, argumentan que el autor del disparo y su superior jerárquico eran conocedores de las graves consecuencias que implicaba disparar y, por eso, solicitan nuevo años de prisión.

El juicio servirá para dirimir las responsabilidades penales, no las civiles, puesto que la aseguradora de la Generalitat de Catalunya optó para indemnizar a Quintana con 260.000 euros como muestra de "buena voluntad" antes de la vista oral. El resarcimiento económico de las víctimas es una obligación ejecutiva del gobierno aprobada por el Parlament de Catalunya hace dos años, pero, hoy por hoy, sólo se ha materializado en los casos Quintana y Nicola Tanno.

La estrategia de defensa de Olga Tubau y Lídia Lajara –abogadas de los policías– implica reconocer que Quintana fue lesionada por un proyectil disparado por la policía, pero que los autores materiales del disparo no son el subinspector Eduardo Casas Pascual ni el escopetero Llorenç Benjumea Blanco, sino que se trataría de un tercer agente que disparó con una escopeta de proyectiles de foam y no con una escopeta de balas de goma.

Esta tesis es precisamente la que descartó el consejero Felip Puig durante su tercera y última comparecencia parlamentaria en relación con los hechos, el 13 de diciembre de 2012. "Los proyectiles de foam en ningún caso, ni por la hora ni por el lugar, pueden haber causado una lesión a una persona que se encontraba antes de las 20:52 h –que es cuando entra al registro del 112 una llamada notificando esta situación de emergencia– entre la Gran Vía y la calle Casp, en la calzada central del paseo de Gràcia", aseguró Puig.

El entonces consejero de Interior entregó un informe detallado de todos los proyectiles de foam disparados por los Mossos d'Esquadra la noche del 14 de noviembre de 2012 a los grupos parlamentarios porque, según él, estos proyectiles –a diferencia de las balas de goma– iban "numerados y precintados" y no era posible que se dispararan sin que quedara constancia.

La estrategia para exculpar a los antidisturbios implica asumir que se disparó un proyectil no contabilizado entonces, un extremo que quedaría desmentido –por enésima vez– con las palabras que Felip Puig pronunció en sede parlamentaria.

El caso Quintana puso contra las cuerdas a los mandos policiales y políticos del Departamento de Interior, hasta el punto que se produjeron destituciones y dimisiones.

Sergi Pla fue fulminado de su plaza como comisario general de Recursos Operativos y trasladado a la Región Policial Central, con sede en Manresa. Manel Hermida, legendario inspector de la Brigada Móvil que destacó por su contundencia en el marco de las manifestaciones contrarias al plan Bolonia y durante el desalojo de la acampada indignada de la plaza Catalunya, fue reemplazado por el subinspector Marc Caparrós, quién recibió el encargo de reorganizar la Brigada Móvil de arriba abajo. Manel Prat, director general de la policía, presentó la dimisión el día siguiente que se iniciara la operación fallida de desalojo de Can Vies.

Felip Puig, a pesar de todo, no fue destituido, pero sí apartado del Departamento de Interior en la legislatura pasada y del conjunto del gobierno en la actual. Recientemente, Josep Lluís Trapero, comisario en ninguno de los Mossos d'Esquadra, ha reconocido de manera explícita la autoría policial de la mutilación de Ester Quintana, pero no ha podido concretar con qué arma ni el policía que disparó.

Este lunes 11 de abril, se resolvieron las cuestiones previas del juicio y se visionaron los archivos que conforman el principal material probatorio audiovisual del caso. Ester Quintana prestará declaración el martes 12 de abril y, el día siguiente, lo harán los testigos.

Entre el 18 y el 20 de abril, atestiguarán –con la obligación legal de decir la verdad– una veintena de policías que, la noche de los hechos, viajaban en las furgonetas E-40, E-403 y E-414 de la unidad 4 de la Brigada Móvil. Todos ellos estuvieron en la confluencia del paseo de Gràcia y la Gran Vía de las Corts Catalanes entre las 20:48 h y las 20:50 h, el momento exacto del impacto en el ojo de la vecina de la Verneda.

El 25 y el 26 de abril, se presentarán los informes periciales, uno de ellos elaborado por los Mossos d'Esquadra y uno complementario elaborado por la Guardia Civil. Si se mantiene el calendario previsto, el juicio quedaría visto para sentencia el 27 de abril.

[alaya_toggle status="open" title=""]Artículo de Jesús Rodríguez publicado en La Directa.[/alaya_toggle]

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