La extraordinaria historia de Perú dejó un rico patrimonio arqueológico correspondiente a diferentes etapas prehispánica, virreinal y republicana que todavía hoy arrojan nuevos descubrimientos de los que el país se enorgullece. El pasado mes de mayo en Lima se halló en el antiguo Real Hospital de San Andrés los restos del primer cementerio posterior a la fundación española donde un equipo de arqueólogos trabajaban en la recuperación de estos restos. El 30 de mayo, en la quebrada Chavilca en Cieneguilla, distante unos 15 kilómetros de ese cementerio, otro equipo forense y de arqueólogos reinició la búsqueda de los restos de otros fallecidos más recientes: los 5 desaparecidos hace 30 años como resultado de la masacre de la Cantuta y que todavía están pendientes de localizar. Sin embargo, la recuperación de la memoria histórica de Perú no despierta el mismo interés en la sociedad y una parte de la misma la rechaza y recurre al negacionismo respecto a los crímenes de Estado del periodo de la violencia política que afectó el país en el periodo 1980-2000.
La Cantuta es el nombre coloquial con el que se conoce en Lima a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La madrugada del 18 de julio de 1992 un destacamento de inteligencia del ejército peruano conocido como “Colina” fue el responsable de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de esta casa de estudios. Las víctimas fueron asesinadas y enterradas inicialmente en unas fosas situadas en Ramiro Prialé pero los restos mortales fueron trasladados un año después a un vertedero situado en la quebrada de Cieneguilla para hacerlos desaparecer definitivamente. Sin embargo, un reciclador llamado Justo Arizapana fue testigo involuntario de cómo unos militares trasladaban al vertedero de Cieneguilla los cuerpos y sus informaciones permitieron que desde la prensa se denunciase en julio de 1993 el hallazgo de las fosas.
En la actualidad, Fujimori cumple una condena de 25 años por esta masacre cometida solo dos años después de acceder a la Presidencia de Perú en julio de 1990 y unos meses después de protagonizar un auto-golpe, disolviendo el legislativo e interviniendo el resto de las instituciones en abril de 1992. Sin embargo, los cuerpos de cinco de los estudiantes y del profesor no han sido recuperados ni tampoco todos los responsables de la masacre castigados.
Desde 1993 se han realizado muchos homenajes y romerías a este lugar por parte de los familiares. En la mañana del 5 de agosto pasado un numeroso grupo de familiares y representantes de DDHH se dirigieron desde el centro de Lima hasta la quebrada Chavilca en Cieneguilla para asistir a la última de las jornadas de búsqueda de los restos en dicho emplazamiento. El cielo color panza de burro característico de Lima se despeja en estos agrestes cerros que han pasado de vertedero a cantera y que en la actualidad se han loteado para unos asentamientos de viviendas. En este paisaje desértico nos reciben el equipo de autoridades encargadas de la búsqueda: Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, operarios y arqueólogos.
Gisela Ortiz, portavoz de los familiares de la Cantuta y hermana de una de las víctimas, Luis Enrique Ortiz Perea, afirmó ante los reunidos que “duele pensar que se cierra la posibilidad de encontrar los restos de nuestros familiares en este lugar, porque para nosotros el encontrar y enterrar a nuestros familiares es una necesidad fundamental de poder continuar con nuestras vidas sabiendo que hemos cumplido con ellos que no los podemos dejar abandonados en medio de estos cerros que no los podemos dejar que no descansen cuando no han tenido un entierro digno”.
Por parte del Ministerio Público, asistió Luis Valdivia Calderón quien recordó que la Cantuta es un caso emblemático con responsabilidad del Estado, señalando que aunque han pasado 30 años de la ocurrencia de los lamentables hechos y no se ha producido una restitución total de restos el Ministerio Público tiene una deuda al respecto, de manera que se tendrán que agotar todas las acciones para poder lograr finalmente el objetivo de que estos restos puedan aparecer y que además se sane la herida abierta que todos sentimos. Ante los familiares de las víctimas afirmó que nos encontramos ante un capítulo que aun no se cierra y les agradeció su colaboración y su defensa en relación a los hallazgos en Londres [en referencia a los restos recuperados que se llevaron en 1993 a una clínica de Londres para realizar unos análisis forenses y que fueron extraviados y hallados recientemente gracias a las gestiones de los familiares] y reiteró el compromiso del Ministerio Público para que se agilicen las acciones para la repatriación de esos restos y someter a las pruebas y análisis de ADN.
En el mismo sentido, Jairo Rivas Belloso, del Registro de Investigación Forense del Ministerio Justicia y Derechos Humanos declaró “seguiremos caminando con Uds. es el Estado el que ha estado llegando tarde, estamos en deuda y de alguna manera hay que saldarla, el compromiso se reitera como en todos los espacios que hemos estado compartiendo”.
Gloria Cano, Directora ejecutiva de APRODEH y abogada del caso destacó que seguirán atentos a cualquier acción que se pueda hacer para encontrar a los cinco que nos faltan y aunque el proceso no se cierra se está agotando la búsqueda en este lugar, señaló como siguientes pasos en las investigaciones la repatriación de los restos de Londres y las posibles entrevistas de las personas que estuvieron a cargo del nefasto hecho de trasladar hasta Cieneguilla y tratar de desaparecer del todo a las víctimas: “seguiremos buscando hasta encontrarlos, hasta saber qué es lo que realmente pasó esos días que sacaron los cuerpos de Ramiro Prialé para traerlos a Cieneguilla o hasta otro lugar”.
Gisela Ortiz insistió en la dificultad de sostener la esperanza en un país donde hay indiferencia y demora para atender el reclamo y el derecho de los familiares y en el que se niegan las violaciones de los derechos humanos y se está intentando cambiar la historia, afirmó que hay que recordar que hay responsables de estos crímenes, no solo los miembros del grupo Colina, también están los responsables políticos y los que permitieron crear ese grupo, los crímenes y haber regado de muertos nuestro país, como Fujimori, Montesinos y Hermoza Rios, la dictadura de Fujimori tiene responsabilidad en la muerte de nuestros familiares, la de todos aquellos que permitieron la impunidad y no permitieron que se siga buscando a nuestros familiares con la Ley de Amnistía de 94. Ortiz destacó la necesidad de sostener la esperanza y no olvidar a los seres queridos a quienes se dirigió para decirles que después de 30 años no se han cansado de buscarlos y que el amor hacia ellos se renueva cada día justamente en estas tareas de encontrarlos, de buscar justicia de saber la verdad.
Las operarios encargados de las labores de búsqueda presentes en el lugar ayudaron a los asistentes a colocar en el lugar una cruz en homenaje y recuerdo a los desaparecidos. Las próximas semanas serán claves para que regresen a Perú los restos hallados que se enviaron a Londres para realizar unos análisis genéticos, sin aparente resultado. El trabajo de los operarios y arqueólogos con sus excavaciones serán sustituidos por las reuniones de los familiares y sus abogados con las autoridades para conseguir el retorno y proseguir una nueva etapa de investigación forense del caso y conseguir verdad, justicia y reparación definitivas con la identificación de los restos mediante pruebas genéticas y llegar a todos los responsables de este crimen. Las autoridades peruanas tendrán que demostrar con hechos y resultados que las palabras de compromiso con los familiares estaban respaldadas por actuaciones efectivas.
