¿Bonificar la destrucción de empleo?

Vivimos tiempos en los que la política institucional se hace a golpe de titular, nos olvidamos de los hechos para jugar en el terreno de lo espectacular. Las instituciones han dejado de ser un lugar para la confrontación democrática y el debate político en torno a ideas diferentes, pues los gobiernos ya siquiera trabajan sus propuestas. Y en Teruel no iban a ser menos. El gobierno de Emma Buj, conformado por Partido Popular y Ciudadanos, que cuenta con el fiel apoyo de Vox, se alimenta de eslóganes. Eslóganes con propuestas aparentemente beneficiosas para toda la ciudadanía pero que en realidad …

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Zésar Corella, concejal de Espacio Municipalista de Teruel Foto: EMT

Vivimos tiempos en los que la política institucional se hace a golpe de titular, nos olvidamos de los hechos para jugar en el terreno de lo espectacular.

Las instituciones han dejado de ser un lugar para la confrontación democrática y el debate político en torno a ideas diferentes, pues los gobiernos ya siquiera trabajan sus propuestas. Y en Teruel no iban a ser menos. El gobierno de Emma Buj, conformado por Partido Popular y Ciudadanos, que cuenta con el fiel apoyo de Vox, se alimenta de eslóganes. Eslóganes con propuestas aparentemente beneficiosas para toda la ciudadanía pero que en realidad esconden una mentira.

Emma Buj y Ramón Fuertes han anunciado a bombo y platillo bonificaciones fiscales por “creación de empleo” en las ordenanzas que regirán en 2021, pero no dicen que para el cálculo de esas bonificaciones se tienen en cuenta los ejercicios anteriores. No cuentan toda la verdad: ¿qué empresa o autónomo va verse beneficiado por esta medida si el 2020 va a pasar a la historia por la enorme crisis y destrucción de empleo provocado por el COVID-19?

Los titulares también recogían la “bajada de impuestos y tasas”. La medida estrella en este sentido es la reducción del impuesto de circulación, un beneficio según el gobierno neoliberal, que justifica diciendo que “es una buena noticia que los ciudadanos vayan a pagar menos” en estos momentos complicados. La “buena noticia” supone un ahorro anual de 2 euros para familias con un coche pequeño y 4 si el vehículo utilitario es de mayor potencia. Un ahorro para hacer frente a los gastos extra de la crisis sanitaria que al Ayuntamiento (a toda la ciudadanía) le va a costar 76.503 euros en 2021, que se suman a los 78.879 euros de 2020.

155.382 euros acumulados con los que el Ayuntamiento podría haber comprado un local para convertirlo en un Centro Municipal de Servicios Sociales donde atender a las familias con necesidades y dejar de prestar este servicio en un piso alquilado y poco accesible, pero las prioridades son otras.

Resulta complicado hacer más con menos, como reclaman desde el gobierno derechista. Algunos pensamos que con menos recursos se pueden hacer menos cosas. Hasta el FMI ha recomendado aumentar los impuestos a las rentas más altas para aumentar el gasto público. Paradójicamente, el propio gobierno de la ciudad reconoce de forma reiterada que necesita más recursos para atender las competencias propias del Ayuntamiento. ¿Cómo pretenden hacer frente a las excepcionales y adicionales necesidades impuestas por una pandemia? Ya vemos cómo se enfrentan a las adversidades.

El paso natural tras la aprobación de las ordenanzas fiscales es la redacción de los próximos presupuestos. No existe un estudio sobre el impacto económico y social de la bajada de tasas e impuestos que plantean. ¿Qué efectos tendrá sobre los diferentes tramos de renta y cómo afectarán estas medidas sobre la recaudación total? La respuesta: un lenguaje populista y su correspondiente titular.

Tampoco importa, la progresividad fiscal no va con ellos, cuestión de ideología. Se sirven de las instituciones para alimentar la subvención de lo privado y ni siquiera parecen tener mucho interés por ejecutar todo el presupuesto. Son muy buenos gestores y ahorran todos los años.

Afortunadamente los ayuntamientos dependen fundamentalmente de transferencias del Estado y en menor medida de las comunidades autónomas, porque si no el gobierno de Emma Buj iba a arruinar Teruel, destrozando la capacidad inversora con su política de no recaudación.

La ciudad de Teruel está gobernada por unos irresponsables que bajan la recaudación municipal sin tener en cuenta el nivel de renta del contribuyente y al mismo tiempo que piden dinero a otras administraciones para poder hacer frente a la crisis.

Para salir de esta sin dejar a nadie atrás es necesario que todas aportemos en función de nuestra capacidad económica. Superar la crisis del COVID-19 es salir con una sociedad cohesionada, y para ello en imprescindible aumentar el gasto público e inversión social. Estimular la economía local a través de la intervención municipal.

El momento requiere certezas, no vendedoras de humo.

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