Desde la plataforma subrayan que la nueva normativa no resolverá por sí sola todos los problemas que arrastra el colectivo, aunque sí obligará a las administraciones a cumplir unos mínimos básicos. Como ejemplo, señalan la situación existente en Aragón, donde aseguran que numerosas cuadrillas carecen de una base operativa.
Según denuncian, los bomberos y bomberas forestales aragoneses se ven obligados a cambiarse de ropa y organizar los turnos en plazas de pueblos o incluso "en medio de una chopera", sin disponer de duchas, aseos ni espacios donde descontaminarse tras intervenir en incendios. La Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF) recuerda que el Artículo 6 del proyecto de decreto establece la obligación de contar con instalaciones adecuadas para el aseo del personal al inicio y al final de la jornada.
La organización también denuncia una falta estructural de personal en los operativos de extinción de incendios. En este sentido, destaca la situación de la Comunidad de Madrid, donde el colectivo lleva meses en huelga por el bloqueo de sus condiciones laborales y la ausencia de medidas para consolidar un servicio público estable.
Asimismo, critica que las comunidades autónomas no cubran de forma habitual las bajas médicas, jubilaciones y vacantes, una situación que, afirman, deja los dispositivos de extinción "desprotegidos y bajo mínimos operativos". Frente a ello, recuerdan que el Artículo 4.1.a del reglamento contempla la obligación de dimensionar adecuadamente las plantillas para garantizar que las tareas puedan desarrollarse de forma segura.
La PASBF sostiene además que el texto normativo incorpora avances que considera irrenunciables y que las comunidades autónomas pretenden impedir. Entre ellos figura la obligación de que las administraciones asuman el lavado de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual en las bases, evitando que los trabajadores tengan que trasladar a sus domicilios residuos contaminados por humos tóxicos y cancerígenos.
El proyecto también fija una jornada máxima ordinaria de 12 horas y limita a seis horas diarias la intervención directa durante episodios de alerta meteorológica naranja o roja por calor extremo. Además, contempla la creación de la figura del vigilante de seguridad y salud en cada unidad básica para supervisar los procedimientos sobre el terreno.
La plataforma recuerda que este Real Decreto desarrolla la disposición final primera de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Aunque reconoce que no supone la solución definitiva a todos los problemas del sector, considera que se trata de una medida imprescindible tras la aprobación del estatuto básico y del posterior decreto de coordinación aprobado en enero.
En sus declaraciones, la PASBF expresa su malestar por lo que considera una falta de atención institucional hacia el colectivo. "Estamos hartos de la hipocresía institucional. En verano somos los héroes de la nación, salimos en las fotos de los políticos y se nos aplaude en las redes sociales, pero llega el invierno y todo el mundo se olvida de nosotros, dejándonos en el abandono absoluto", afirman.
La organización reivindica que las personas que trabajan en la extinción de incendios forestales sean reconocidas como profesionales de las emergencias durante todo el año. "No queremos ser héroes de temporada, somos profesionales de las emergencias durante los 365 días del año y exigimos que se nos trate como tales", señalan.
La plataforma también critica la posibilidad de que las comunidades autónomas recurran al Tribunal Supremo para frenar la normativa. "Es vergonzoso que las comunidades autónomas recurran a la amenaza de acudir al Tribunal Supremo para evitar darnos duchas o para no cubrir las bajas de compañeros", sostienen.
Asimismo, recuerdan que la exposición a humos tóxicos y a situaciones de calor extremo implica riesgos comparables a los de otros sectores laborales y reclaman al Ministerio de Trabajo que impulse la aprobación del texto. "Exigimos al Ministerio de Trabajo que haga valer la competencia exclusiva del Estado en legislación laboral estipulada en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución y apruebe este Real Decreto de inmediato. Su retraso cuesta vidas en el monte. Nuestra seguridad no es negociable", concluyen.
