El debate sobre la macro planta de biometano proyectada en Calamocha ya está en la calle “y es de celebrar”, expresa la Plataforma Vecinal Stop Biogás Jiloca, que añade que “un mes atrás, el desconocimiento sobre el proyecto era la tónica general. No obstante, este debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de las energías renovables. Esa simplificación oculta una cuestión mucho más importante: ¿debemos permitir que un sector industrial crezca rápidamente por nuestro territorio antes de establecer unas reglas específicas que determinen dónde, cómo y bajo qué condiciones puede hacerlo?”.
Desde una perspectiva vecinal, parece razonable pedir justamente lo contrario: “Primero unas reglas claras y después las plantas”.
En Calamocha se proyecta una instalación capaz de gestionar alrededor de 140.000 toneladas anuales de residuos, principalmente ganaderos, situada a menos de un kilómetro del casco urbano. En Fuentes Claras otra de 260.000 toneladas. “No hablamos de pequeñas instalaciones vinculadas exclusivamente al aprovechamiento de los residuos de unas explotaciones cercanas, hablamos de una actividad industrial que requiere recibir, almacenar y procesar enormes cantidades de materia orgánica y gestionar posteriormente los productos resultantes y cuya finalidad es producir gas y cobrar por ello. No viene a solucionar ningún problema de contaminación de ningún tipo, al revés”, denuncian desde la Plataforma Vecinal Stop Biogás Jiloca.
Eso obliga a hacerse preguntas: ¿Qué distancia mínima debería existir entre una planta de estas características y las viviendas? ¿Desde qué radio llegarán los residuos? ¿Cuántos camiones circularán cada día? ¿Cómo se evitarán los olores? ¿Qué garantías existirán para las aguas? ¿Cómo se gestionará el residuo final digestato? ¿Qué impacto tendrán estas plantas en la salud y bienestar de los vecinos? ¿Y qué ocurrirá si dentro de unos años aparecen varias plantas en una misma comarca?.
“Muchas de estas preguntas tienen respuestas, pero nuestros vecinos no las conocen”
Desde Stop Biogás Jiloca recalcan que “y aún hay una pregunta anterior a todas ellas: ¿por qué estas preguntas y respuestas no se resuelven mediante participación social antes de que los proyectos lleguen a los pueblos?”.
En Aragón existen normas ambientales, urbanísticas y de gestión de residuos que afectan a estas instalaciones. “Lo que falta es una ordenación específica capaz de responder al rápido despliegue del biogás y el biometano y de establecer criterios territoriales claros”, solicita la entidad vecinal.
A su juicio, “el biogás y el biometano se han convertido rápidamente en un sector atractivo para la inversión, impulsado por los objetivos de descarbonización, como el boom de las renovables solar y eólica. Un boom que, por cierto, en Aragón está bajo investigación desde hace meses”.
Más allá de las fronteras de nuestro país, en otros territorios como “Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha avanzado en una planificación específica que contempla como regla general 4.000 metros de distancia entre las plantas de biogás que emplean determinado tipo de residuos y los suelos residenciales urbanos o urbanizables, además de establecer criterios respecto a captaciones de agua, cauces, carreteras y otros elementos sensibles”.
“La comparación con Calamocha, donde el proyecto se plantea a unos 800 metros del casco urbano, resulta inevitable. Si hablamos de la planta de Fuentes Claras, a escasos 400 metros del casco urbano y aún más cerca de su manantial, nos quedamos sin palabras”, enfatizan desde la Plataforma Vecinal Stop Biogás Jiloca.
Asimismo, entienden que “es necesario mirar más allá de cada proyecto individual. Una planta puede cumplir todos los requisitos administrativos y, sin embargo, varias instalaciones concentradas en una misma comarca pueden generar una presión muy diferente sobre carreteras, caminos, recursos hídricos, explotaciones agrícolas y calidad de vida. Los efectos acumulativos también deberían formar parte de la planificación”.
“No somos el trastero de nadie”
La transición energética “no puede convertir el medio rural en un espacio disponible para cualquier infraestructura simplemente porque lleve la etiqueta de ‘verde’. Los pueblos son lugares donde se vive, se trabaja y se construyen proyectos de futuro y evidentemente no todo vale. No somos el trastero de nadie”. recalcan.
Por todo ello, pedir regulación “no significa estar contra el biometano. Significa reclamar distancias mínimas, límites de concentración, garantías sobre agua y digestatos, controles de olores, criterios sobre tráfico y una participación pública real basada en la información y la transparencia”, subrayan.
“Por eso decimos alto y claro, aquí y en otros muchos otros lugares del país: ni tan grandes, ni tan cerca”, concluyen desde Stop Biogás Jiloca.
