La Delegación del Gobierno español en nuestro país ha conmemorado en Bielsa -Sobrarbe- el “Día del recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura” franquista, tal como establece la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática. El acto, que incluyó una ofrenda floral y una contextualización histórica a cargo del profesor de la Universidad de Zaragoza, Alberto Sabio Alcutén, contó además con la intervención de representantes de la Asociación Bolsa de Bielsa, y estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno español en Uesca, Carlos Campo, acompañado por los subdelegados en Zaragoza, Noelia Herrero, y en Teruel, Enrique Gómez. En la ceremonia también estuvieron presentes diversos representantes institucionales tanto aragoneses, como españoles y franceses.
La Ley estatal de Memoria Democrática fija el día 8 de mayo para el recuerdo del exilio al coincidir con la fecha en la que en 1945 se produjo la victoria aliada sobre el fascismo y el nazismo, un hecho histórico al que contribuyeron de manera decisiva los hombres y mujeres del exilio republicano. En este sentido, Campo señalaba que el lugar elegido para este acto “reúne un gran simbolismo como lugar de memoria democrática, recordado por uno de los episodios más significativos de la Guerra Civil en Aragón, la Bolsa de Bielsa”.
El subdelegado del Gobierno en Uesca apuntaba en su intervención que “dado que la derogación de la normativa de Memoria Democrática de Aragón ha dejado sin efecto la declaración autonómica de Bielsa como Lugar de Memoria, vamos a trabajar junto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para incorporar a Bielsa y otros lugares aragoneses significativos al inventario estatal de Lugares de Memoria Democrática, de manera que la Bolsa de Bielsa y el exilio que por aquí salió a Francia sigan contando con el reconocimiento oficial que merecen”.
Ley estatal de Memoria Democrática
“Recordar a las víctimas y hacerlo conforme a los hechos históricos comprobados, es un imperativo ético fundamental, tal como establece la Ley estatal de Memoria Democrática”, afirmaba Campo. Por ello, “es responsabilidad del Estado español aplicar una política reparadora, inclusiva y plural, lo que incluye el reconocimiento y dignificación de aquellas personas que vieron vulnerados sus derechos humanos durante el periodo histórico de la Guerra Civil y la Dictadura”.
Los tres subdelegados citaban la Ley de Memoria Democrática, que establece en su articulado que “la Administración General del Estado adoptará las medidas y actuaciones necesarias para el conocimiento y conmemoración de los hechos representativos de la memoria democrática y el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia”.
“Este cumplimiento con la memoria no es una cuestión de ideología, sino de derechos humanos. Ni siquiera es una cuestión autonómica o estatal, sino que está sujeta al derecho internacional. Así lo ha declarado recientemente la ONU, quien señala que no caben fórmulas alternativas ni omisión de condena sobre unos hechos suficientemente probados”, concluían los subdelegados.
