El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza -ZeC- conocía poco después de su toma de posesión que el anterior gobierno municipal “había subvencionado los despidos de trabajadores de AUZSA”. Motivo por el que anunció la apertura de un expediente administrativo para averiguar si legalmente procedía la liquidación de la anterior contrata de autobús urbano, aprobada tres días antes de la toma de posesión del alcalde Pedro Santisteve. Dicha liquidación incluyó, entre otros, el pago de casi 2 millones de euros en concepto de indemnizaciones por los despidos de personal producidos durante un ERE en agosto de 2013.
El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, explicaba entonces en rueda de prensa que “este gobierno no admite el pago de despidos con dinero público, en una decisión adoptada, además, en el último minuto de la anterior legislatura”.
Ahora, en una diligencia judicial fechada el veinticinco de enero de 2016, y firmada por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, se comunica la admisión a trámite de la querella presentada por la Sección Sindical en Auzsa del sindicato Somos Sindicalistas, por lo que el juez tratará de averiguar si son constitutivas de delito las acciones realizadas, y los acuerdos adoptados, en la reunión del equipo de gobierno de Belloch del pasado 11 de junio.
En el auto el juez ordena comunicar la admisión de la querella a los querellados: el exalcalde Juan Alberto Belloch, actualmente magistrado en la Audiencia de Zaragoza, el entonces vicealcalde Fernando Gimeno, actualmente Consejero de Hacienda de la DGA, y a los entonces concejales Roberto Fernández, Lola Ranera, Carmen Dueso y Jerónimo Blasco. Así como a la Policía Judicial realizar las acciones necesarias para averiguar los datos de identidad y domicilio de los querellados.
El importe total de los pagos ‘supuestamente irregulares’, denunciados por Somos Sindicalistas, y ahora investigados por el Juez, asciende a más de dos millones de euros: 1.915.783,23 euros para ‘subvencionar’ las indemnizaciones de los despedidos durante el ERE, 170.834,95 de la minuta de los abogados de Tuzsa, otros 221.372,24 euros en concepto de “otros gastos de reestructuración de personal”, y casi 180.000 euros para la sanción que Inspección de Trabajo impuso a Tuzsa.
El juez Martínez ya había admitido a trámite la querella del sindicato Somos Sindicalistas contra dos funcionarios municipales de alto nivel: el Jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Luis García Mercadal, entonces Coordinador del Área de Presidencia y Economía del Ayuntamiento, y el interventor, José Ignacio Notivoli, a los que ahora se añade a los responsables políticos.
En cualquier caso, no parece que el proceso judicial se vaya a resolver con prontitud, puesto que aún en el caso de que el Juez instructor observara que lo denunciado en la querella fuera constitutivo de delito, se da la circunstancia de que tanto Belloch, como Gimeno, son aforados (el primero por su empleo de juez en la Audiencia de Zaragoza, y el segundo por ser miembro del Gobierno de Aragón), por lo que deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que probablemente dilataría en el tiempo la resolución final de este proceso judicial.
[alaya_toggle status="open" title="Comunicado de Prensa de Somos Sindicalistas tras la investigación judicial a Belloch"] Para abrir el documento pincha aquí [/alaya_toggle]
