El 2020 es el año que siempre recordaremos por una pandemia que paralizó el país. Sus últimas semanas vendrían marcadas, con el permiso de la situación sanitaria, por el debate sobre una ley educativa que sería finalmente aprobada el 29 de diciembre, la LOMLOE.
Como respuesta a aquella Ley, los defensores de los conciertos educativos salieron a protestar en sus vehículos por las principales ciudades aragonesas. Con sus coches engalanados con lazos y globos naranjas recorrieron las calles de Uesca, Zaragoza y Teruel bajo el lema “Stop Ley Celaá”.
Resulta vertiginoso ver lo rápido que pasa el tiempo. En apenas un lustro, hemos ido olvidando aquellos días de encierro, videollamadas y abrazos a través de cristales. Es el mismo tiempo que han tardado algunos de los asistentes a aquellas movilizaciones a, ahora desde el Gobierno de Aragón, ampliar los conciertos educativos que decían que la LOMLOE haría peligrar.
El sindicato CGT advirtió en el año 2023, tras el acuerdo de PP-Vox para gobernar Aragón, de que esperaban años de retrocesos. Realidad que no tardó en confirmarse.
La apuesta por los conciertos educativos del actual Gobierno de Aragón es clara. Tan clara que van a extender estos conciertos a una etapa no obligatoria, como es el bachillerato, a partir del próximo curso escolar.
Los defensores de los conciertos educativos se amparan en un supuesto derecho a la libertad de elección de centro por parte de las familias. Entienden la educación como un bien de consumo. Los colegios se convierten en productos que se pueden elegir en el mercado en función de las preferencias individuales. Incluso van más allá al pretender que sea el Estado el que asuma los gastos de esta decisión individual. En definitiva, quieren que entre todos los contribuyentes paguemos el cole de los hijos e hijas de aquellos que no quieren llevarlos a un centro público —¡Toma paguita!—. Sin embargo, como analizan Jesús Rogero y Daniel Turienzo, autores del ensayo Educafakes, “no existe un derecho de las familias a asistir a un centro privado pagado con dinero público”.
La tan mentada libertad se convierte en una trampa que sirve para justificar que, cuarenta años después, se perpetue un sistema de conciertos que nació con una justificación coyuntural.
EL ensayista Enrique Diez Gutiérrez en Neoliberalismo educativo señala que “la libre elección de centro lo que esconde es el rechazo a la mezcla social”. Lo que se busca con la concertación del Bachillerato es que haya más alumnado aragonés que realice toda su escolaridad en centros privados —eso sí, subvencionados con dinero público—. Jóvenes que desarrollarán su formación en una burbuja social, aislados de aquellos que no pertenecen a su misma clase social, ya que, como ha demostrado ampliamente la evidencia científica, existe un sesgo clasista en el acceso a la escolarización según la titularidad de los centros. Cuando acaben el bachillerato, estos jóvenes podrán ir a una universidad privada —que tampoco saldrá gratis al resto de contribuyentes— Una sociedad cada vez más estamental en la que el Estado se pone al servicio de la segregación social.
Para terminar, volvamos a 2020. Con la socialdemocracia en el Gobierno, la LOMLOE se aprueba en el Parlamento. Han sido días de acalorados debates. La ministra Celaá se levanta mientras los suyos aplauden. Distancia de seguridad entre sus señorías y mascarillas en sus rostros. Las derechas aporrean sus escaños al grito de: “Libertad, libertad”.
El líder de la derecha por aquel entonces, Pablo Casado —sí, ya hemos dicho que el tiempo pasa muy rápido— diría de la Ley que era “un ataque frontal a la educación concertada”. Cinco años después, al amparo de esa misma Ley, la derecha aragonesa extiende los conciertos al bachillerato. ¡Menos mal que iba a acabar con su libertad!
