Durante seis meses, un grupo internacional de investigadores independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), llevó adelante otro estudio sobre los eventos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala en el Estado de Guerrero sobre los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecidos por los policías municipales corrompidos.
El informe acusa a las autoridades federales y militares de no haber intervenido a pesar de saber que los estudiantes fueron atacados por los policías municipales en nueve lugares diferentes, provocando muchas más víctimas que los seis muertos, la cuarentena de heridos y los 43 desaparecidos descritos por la versión oficial.
"De este modo, la versión histórica se convierte en una mentira histórica debido a que el GIEI, en su reporte, demostró científicamente que es imposible que hayan quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula", denuncia el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).
Sin embargo, el gobierno de México no ha autorizado a los expertos a interrogar al ejército y el acceso a varias cámaras de seguridad había sido bloqueado por el Ministro de Defensa. La CIDH ha enviado al gobierno veinte recomendaciones, entre ellas la recomendación de la apertura de una investigación sobre las responsabilidades y omisiones de la policía federal y el ejército.
Las organizaciones de derechos humanos se muestran escépticas. Amnistía Internacional denuncia "la falta de voluntad por parte de las autoridades para encontrar a los estudiantes y enviar a los responsables a la justicia".
Muy crítico, este informe ha reavivado la cólera de los padres y las madres de los desaparecidos, que denuncian el encubrimiento de un "crimen de Estado" por parte de un gobierno que mantiene la versión oficial. "Es el Estado quién debe pagar por las consecuencias de sus mentiras, de sus errores, y continuar con la investigación" ha declarado la madre de uno de los estudiantes desaparecidos, Hilda Legideño Vargas.
"Según las estadísticas del gobierno mexicano, son más de 26 mil personas las que habrían sido desaparecidas en el curso de los 7 últimos años. ¿Cómo un país democrático puede registrar una cifra como esa, que supera a las de las dictaduras militares de América Latina, como las de Chile o Argentina en los años 70s y 80s?" indicó Marie-Eve Marleau coordinadora del CDHAL.
"A pesar de todo, Canadá continúa reconociendo a México como un país seguro. México es uno de los países firmantes del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y en materia de exportaciones canadienses, México se encuentra en el tercer lugar con una inversión de parte de Canadá en este país que superó los 12.300 millones de dólares en 2013. Ante esta situación, no queda claro cuál será la posición del nuevo gobierno Canadiense que será elegido en otoño", indicó Inti Barrios, miembro de Mexicanxs Unidxs por la Regularización (MUR).
