El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de telecabina Astún-Candanchú formulado por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), por medio de las entidades Ecologistas en Acción Aragón, SEO/BirLife y Fundación Conservación Quebrantahuesos. Tras esta admisión, se inicia el proceso presentando el documento de la demanda “basado en no haberse respetado por parte del proyecto la normativa ambiental de aplicación”.
Los principales fundamentos de ese incumplimiento de la normativa son, a juicio de la PDMA, que no se ha realizado la “evaluación ambiental adecuada que exige la normativa y la jurisprudencia en relación con la afección a los espacios de la Red Natura 2000 sobre los que se ubica el proyecto y sobre los que están próximos. Adicionalmente, con la evaluación ordinaria realizada ya se constata la grave afección y la ausencia de certezas científicas sobre la no afección a dicho espacio”.
Otro aspecto relevante es que no se ha tenido en cuenta “la evidente y grave afección que este proyecto tiene en el inmediato territorio francés, con el agravante de que la afección es a zonas protegidas, al Parque de los Pirineos francés, sin que se haya llevado a cabo la evaluación ambiental transfronteriza que resulta obligatoria en estos casos”.
Tal y como detalla la PDMA, “un aspecto que llama poderosamente la atención es el Estudio de avifauna, que se ha realizado sorprendentemente en un período de unos meses, y no analizando un ciclo anual como indica la lógica, las evidencias científicas y la normativa de aplicación. Esta irregularidad hace que sea imposible que esté bien redactado el Estudio de Impacto Ambiental y que los riesgos del proyecto hayan sido correctamente evaluados”.
“Otras irregularidades” en las que se basa la demanda son, “no haberse valorado el Plan de Gestión de la ZEPA Los Valles, no respetar la normativa de protección del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), contravenir las Directrices de Ordenación Territorial del Pirineo en relación con los Bienes de Interés Cultural (BIC) afectados por el proyecto, como el trazado del Camino de Santiago, o no haberse evaluado el riesgo de accidentes graves o catástrofes, como los riesgos por inundabilidad, en una zona frágil en este aspecto, que exige la normativa de evaluación ambiental”, subrayan desde la PDMA.
De 11 millones iniciales a 35, por ahora, para beneficio privado
Por todo ello, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón presenta el recurso contencioso-administrativo al proyecto de telecabina Astún-Candanchú recordando además que “es un proyecto envuelto en la polémica por haber sido declarado de interés general (PIGA) para gozar de una serie de privilegios, que ha sufrido innumerables cambios, plazos y presupuestos que se han disparado desde los 11 millones dichos inicialmente hasta los actuales 35, siempre con financiación pública para un proyecto que tiene unos beneficiarios privados, y que tiene sobre él la sombra de proyectos inmobiliarios especulativos asociados”.
“Cabe recordar además que está parcialmente financiado por fondos europeos Next Generation precisamente para fomentar el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza, cuando, como se denuncia en este recurso presenta evidencias de todo lo contrario, de afecciones ambientales”, recalcan desde la PDMA, y concluyen destacando que son “unos fondos europeos que daban como plazo para tener ejecutada la obra al 100% el 30 de junio de 2026, por lo que hasta los plazos se incumplen en este irregular proyecto al que ahora se recurre esperando que este proceso judicial sirva para poner orden en estas irregularidades”.
