La empresa que gestiona el servicio de autobuses urbanos de Zaragoza, ha comenzado a instalar videocámaras “que van grabando las imágenes de los coches y personas que circulan a su alrededor”. Desde el comité rechazan tal acción y solicitan una reunión urgente con la concejala responsable de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas.
Anadón asegura que dicha instalación se ha llevado a cabo sin contar con la aprobación del comité. “Inicialmente, sin contar con la aprobación del comité de empresa, puesto que no se nos la ha requerido, ya se han instalado tres videocámaras exteriores en el autobús urbano nº 801, desconociendo esta parte, si esta instalación de videocámaras cuenta con la aprobación del Área de Movilidad del Ayuntamiento”.
Además la intención de AUZSA, según el comité es, “instalar videocámaras en el interior de los autobuses inicialmente en los búhos, desconociendo si con posterioridad se extenderá al resto de la flota”. Recientemente, esta cuestión fue comunicada al consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, al ser “una medida que no está consensuada con el comité de empresa, ni con la plantilla”.
Ante esta situación, desde el comité reclamaron una reunión con la empresa para discutir los términos propuestos por la implantación de esta medida, a lo que AUZSA se negó respondiendo “que no era necesaria” tal reunión. Para el comité, la instalación de videocámaras en los autobuses es una decisión empresarial que “puede tener consecuencias” para los usuarios y usuarias de este servicio.
Por lo tanto, “debería ser aprobada por el Ayuntamiento e incluso consultar a entidades ciudadanas de consumidores, ya que de llevarse a cabo afectaría a toda la población que hace uso del autobús urbano y a todas las personas que, andando o en vehículo circulen alrededor del autobús”, porque están siendo grabadas.
Desde el comité de empresa recuerdan que esta decisión le costó una multa de 20.000 euros a la empresa de Tranvías de Donostia, empresa municipal que gestiona los autobuses, y un procedimiento de infracción contra el Ayuntamiento por violar la Ley de Protección de Datos en enero de 2014.
