El importante incremento de condenas a maltratadores y de órdenes de protección, tanto de órdenes solicitadas como de órdenes concedidas, junto con la disminución de denuncias y de víctimas de violencia de género, son los datos estadísticos más significativos del segundo trimestre de 2019 dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
En este segundo trimestre del año, los órganos judiciales dictaron un total de 13.252 sentencias penales en el ámbito de la violencia machista, de las que un 70% por ciento (9.242) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 1,4 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2018, que representaron un 68,4 por ciento del total. En el caso concreto de los juzgados de lo penal, las cifras de condenas bajan hasta el 57,6%.
Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en las Audiencias Provinciales y en los juzgados de violencia machista, en ambos casos en torno al 87% del total de sentencias dictadas.
Menos denuncias
Un total de 38.723 mujeres aparecen como denunciantes de violencia machista en las 40.495 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ. Tal y como sucediera en el mismo trimestre del pasado año, se observa una disminución tanto en el número de denuncias como en el de mujeres víctimas, en ambos supuestos superior al 3,7 por ciento.
Las denuncias presentadas suponen una disminución del 3,76 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 42.077.Asimismo disminuyó en un 3,75 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia machista ya que en el segundo trimestre de 2018 fue de 40.232.
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media estatal, que fue de 16,2, las Islas Canarias, con una ratio de 22,6, Illes Balears, con una ratio de 21,9 y el País Valencià, con una tasa del 21,5, mientras que la ratio más baja se dio en Aragón, con 9,8, Castilla, con 10,1, Galiza, con 11 y Extremadura, con 11,7.
Incremento del número de denuncias presentadas por familiares
Más de un 71% de las denuncias fueron presentadas por las agredidas, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un descenso de cuatro puntos sobre el porcentaje observado en el segundo trimestre del año anterior.
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 13,7% de los casos –dato inferior al del mismo trimestre del año anterior- constatándose un importante incremento en las denuncias presentadas por familiares directamente ante los órganos judiciales (493 frente a 152 del año anterior), aunque el porcentaje, incluyendo las denuncias de familiares ante la policía (723, frente a 747 el año anterior), siga siendo aún bajo, un 3% del total. Algo más de un 9% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 2,87% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.
Víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar
En 4.151 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 10% del número de agredidas, cifra ligeramente inferior al mismo trimestre del año anterior, que fue de un 11%.
En 2.584 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.567 casos, eran migrantes. Puestas en relación estas cifras con el total, se observa que la ratio superior en las migrantes (12,6) que en las mujeres con nacionalidad española (9,83).
Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia machista la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la denunciante no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.
Más órdenes de protección
Durante el segundo trimestre del año se solicitaron 11.892 órdenes de protección en los órganos judiciales, aumentando así la cifra de 11.279 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.
Un total de 10.262 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia machista, lo que supone un importante incremento del 3,59% respecto al segundo trimestre de 2018, en que se solicitaron 9.906 órdenes de protección.
Los juzgados concedieron un 70,43% de las órdenes de protección solicitadas (7.228 adoptadas frente a 10.262 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un incremento del 2,6% respecto del segundo trimestre de 2018, en que se concedió el 67,8% de las órdenes de protección solicitadas.
Aumento de las medidas judiciales civiles de protección
Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el segundo trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 4.328 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así la cifra de 4.267 medidas adoptadas el año anterior.
De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.268) y de prestación de alimentos (1.555). En 304 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 297 casos a la suspensión del régimen de visitas. Se ha suspendido la patria potestad en 24 casos.
En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 17.937 (frente a las 16.292 del mismo trimestre del año anterior), de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 6.694 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.504 casos. Se adoptaron asimismo 406 medidas privativas de libertad.
