La retirada del derecho a la asistencia sanitaria completa en el Sistema público de Salud a personas sin permiso de residencia ha generado una respuesta de muchas y muchos profesionales sanitarios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria y la Salud Pública.
El Real Decreto Ley impuesto por el gobierno choca con los derechos fundamentales de los individuos, aquéllos que hacen referencia a la “igual consideración y respeto” y plantea un nuevo escenario en la asistencia sanitaria a las personas, planteando si ésta es o no un derecho fundamental, cuál es su alcance o cómo se puede limitar.
Para muchas sanitarias esta medida resulta injusta e ineficiente, puesto que el consumo que hacen estas personas de los recursos sanitarios es notablemente inferior al de la población autóctona, al tratarse de personas jóvenes y sanas cuyo nivel de salud es en general bueno. Además, se les impide el acceso a las medidas más rentables dentro de los cuidados de salud: actividades de educación para la salud o vacunaciones.
La asistencia sanitaria a “sin papeles” queda limitada con esta normativa a la atención urgente, lo que impide realizar el diagnóstico precoz y el control de determinadas enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes…) o degenerativas (cuidados paliativos en pacientes con cáncer, por ejemplo).
Ante la falta de respuesta del Gobierno Español a la petición de cambio en la norma, se ha iniciado una campaña para animar a los médicos y médicas a emprender acciones legales a título individual, entre ellas la objeción de conciencia, para oponerse a una norma que se considera que “vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia”.
Se va a crear una Red de Médicos de Familia alrededor de la Objeción de Conciencia y un modelo de voluntad de parte del médico de familia para los que quieran objetar contra este aspecto del RD.
Se espera con ello manifestar públicamente el compromiso de las médicas y médicos con las personas por encima de cualquier otro interés, el compromiso social contrario a la discriminación y el compromiso ético, que se debe colocar por encima de las limitaciones del sistema.
