El pasado mes de febrero, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya desatascaba una reclamación histórica para garantizar el suministro de agua de boca de Rialp a municipios de las comarcas de la Segarra, la Anoia, Conca de Barberà y el Urgell.
El proyecto incluye una obra de 130 kilómetros de tuberías y estaciones de bombeo valoradas en 21,1 millones de euros, y era consensuado a través de un documento, El Gran Pacto del Segarra-Garrigues, redactado entre los municipios de las cuatro comarcas que se beneficiarán del agua.
Desde la Plataforma en Defensa de l’Ebre ven claro que la Generalitat avanza en un proyecto diseñado para la “interconexión de redes” disimulada. “Ahora entran suavemente a una decena de municipios que ya forman parte de las cuencas internas de Catalunya, y se deposita el agua en un embalse que solo hará falta ‘pinchar’ para trasvasar hacia Barcelona”, señalaba Manolo Tomàs, como representante de la plataforma, en unas declaraciones al Periódico de Catalunya. “Ese agua va de paso”, afirmaba.
Expertos en materia hídrica, como el ecólogo Narcis Prat advierten igualmente que “no es descabellado” pensar que se avanza hacia el trasvase a Barcelona. “Todo lo que sea extraer agua del Segre y del Ebro es nocivo y evidencia una actitud hipócrita respecto a la protección del río y su delta”, apunta el propio Prat.
Reacciones desde Aragón ante el posible trasvase intercuencas encubierto
Esta obra, de modo indirecto, también afecta a Aragón y a toda la cuenca, dado que toda detracción de recursos de agua del río supone una reserva que afecta aguas arriba del Ebro, “de ahí el motivo de nuestra preocupación y denuncia, porque, por escasa que sea la cantidad trasvasada, se rompe el principio de unidad de cuenca y se abre, por tanto, la posibilidad de continuar en esa línea”, afirma Carmen Martínez Romances, Secretaria General de Chunta Aragonesista (CHA).
"Dado que se hipotecarían recursos de la cuenca del Ebro reclamamos a la CHE y por tanto al Gobierno de Rajoy que cambie su dinámica y sea coherente con el principio de unidad de cuenca ante las pretensiones del Gobierno de Cataluña", exige Martínez Romances.
CHA considera que la aprobación del Plan de las Cuencas Internas de Catalunya es todo un "mal precedente" para esperar que ahora sea el mismo Gobierno de Rajoy el que vaya a paralizar el nuevo intento de trasvase intercuencas. A pesar de lo cual desde CHA, en coherencia con sus criterios ambientales y por la trayectoria de oposición ante propuestas similares, advierten que mantendrán una postura contraria a proyectos como el ahora presentado por el Gobierno catalán y a exigir su paralización.
Carmen Martínez Romances, Secretaria General de CHA: "Estamos a la puertas de otra decisión más del Gobierno de Rajoy que nos puede perjudicar a Aragón. Pedimos coherencia con el principio de unidad de cuenca y reclamamos la defensa de los intereses de Aragón".
Por último, desde CHA consideran que, por escasa que sea la cantidad trasvasada, se rompe el principio de unidad de cuenca y se abre, por tanto, la posibilidad de continuar en esa línea, estableciendo un peligroso precedente que afectaría a Aragón", afirma Martínez Romances.
Por su parte, el Partido Aragonés Regionalista (PAR) ha advertido también al Gobierno aragonés de que las intenciones del Govern catalán "son claras" por lo que ha pedido al ejecutivo de Lambán, así como a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que se "opongan rotundamente" a esta lo que considera una “amenaza catalana”.
Arturo Aliaga ha solicitado a ambas instituciones que "no se dejen embaucar" por una operación que podría ser "el quita frenos" para materializar la "ilegal, injusta e insolidaria" meta perseguida por la Generalitat , "llevar el agua del Ebro al área metropolitana de Barcelona".
