La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y Contra el Olvido (ARICO) ha presentado un escrito al consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, solicitando un local para ejercer sus actividades arqueológicas. "Durante los últimos años estamos trabajando conjuntamente con la Asociación CHARATA de Uncastillo y contamos con un equipo estable que colabora con nosotros, compuesto por arqueólogos, historiadores, restaurador, laboratorio genético, etcétera”, apunta el presidente de la asociación, Miguel Ángel Capapé.
“Nuestro gran problema para completar un equipo de trabajo es que no contamos con un lugar apropiado donde instalar un laboratorio y dejar en depósito los restos óseos de las víctimas que exhumamos, que quedan bajo nuestra responsabilidad hasta que podemos hacer entrega de ellos a los familiares que han solicitado la exhumación", explica.
En este sentido, el presidente de ARICO remarca la trayectoria de la asociación en la lucha por la recuperación de la Memoria Histórica y de las personas represaliadas en la Guerra Civil española y posguerra, ya que tal y como señala, durante diez años de trabajo han promovido, o bien han colaborado directamente con varias asociaciones, tanto aragonesas como estatales, en la recuperación de 78 víctimas de la represión en Aragón.
"Lo hemos intentado con el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y con el Instituto de Medicina Legal de Aragón, pero hasta la fecha no hemos conseguido ningún acuerdo, lo cual nos obliga a trasladar los restos óseos para que sean estudiados en laboratorios de Valencia, Madrid o el País Vasco”, subraya Capapé.
“Como puede ver, nuestra solicitud se trata de instalar un laboratorio arqueológico y antropológico-forense, un lugar de trabajo y de depósito de los restos óseos exhumados y de materiales de trabajo. No lo queremos para otros fines”, matiza.
Allí se llevaría a cabo fundamentalmente el proceso de lavado y estudio de los restos óseos, así como la redacción del obligado informe antropológico-forense. “Para ello pensamos que nuestras necesidades serían escasas, disponer de un local con agua corriente, electricidad y un espacio adecuado donde colocar unas mesas y unas estanterías que nos permitan desarrollar los estudios preceptivos", recalca.
En este sentido, subraya la necesidad de disponer de unas "medidas de seguridad" acorde con lo allí depositado, debido a que así lo exigen "los distintos protocolos de actuación que desarrollan la conocida como Ley de Memoria Histórica (...) el uso y acceso a dicho laboratorio tendría que estar limitado solamente a personal científico cualificado, es decir, a los antropólogos-forenses y a los arqueólogos directores de la exhumación, así como al responsable de la asociación", incide Cacapé.
Asimismo, señalan que si se convocan a tiempo las ayudas públicas del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Zaragoza, su intención es "intervenir, colaborando con otras asociaciones memorialistas, sobre cuatro fosas comunes de la Guerra Civil situadas en Aragón y tratar de recuperar los restos de un mínimo de 33 personas asesinadas."
Finalmente, el presidente de ARICO reconoce que tanto del Gobierno español como del Gobierno territorial no esperan ninguna ayuda en este sentido. Por ello, desde la asociación apelan a la “sensibilidad” que ha mostrado el grupo municipal de Zaragoza en Común “para los temas sociales y los relacionados con la Recuperación de la Memoria Histórica. Y este sin duda lo es".
