Aragón Sí Puede ha presentado en el Ayuntamiento de Uesca una moción para que el consistorio inste al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y a la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado, a formular una demanda de ilegalización contra el Partido Popular (PP).
Tras los últimos acontecimientos, y concretamente tras la detención en Madrid de Ignacio González, ex-presidente de la Comunidad de Madrid, desde Aragón Sí Puede consideran que se ha llegado a un extremo insoportable de corrupción sistematizada.
"Creemos que ha llegado el momento de decir basta, y de hacer respetar las leyes vigentes a un Partido Popular que acumula más de 500 imputados por corrupción, que tiene multitud de ex-dirigentes en prisión por el mismo motivo y que ha superado ya todas las líneas rojas éticas y morales".
Por todo esto, entienden que el Gobierno de España, el Congreso de los Diputados mediante los partidos presentes en el Parlamento, la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado, deben iniciar inmediatamente el proceso de ilegalización del PP mediante la formulación de una denuncia para cumplir estrictamente la legalidad vigente: La Ley de Partidos, El Código Penal, La Normativa de los Tribunales Españoles, las Circulares de la Fiscalía Española y las normas de la Interpol.
Desde Aragón Sí Puede aseguran que en el PP confluyen muchas de las condicionantes expuestas en la legalidad para poder considerar la organización como delictiva. Advierten, entre otras, las instrucciones que la Fiscalía española tiene en cuanto al crimen organizado.
Por ejemplo, este estamento jurídico considera que de coincidir seis condicionantes de esta lista, cabría investigar a la organización como delictiva:
- Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso.
- Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía, a veces extravagante. Suele tener lugar una situación de aislamiento como forma de protección de los cabecillas del grupo mediante la interposición de testaferros, la autoinculpación de los subordinados en sede judicial o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.
- Actuación prolongada en el tiempo o indefinida.
- Comisión de actos delictivos graves. Se despliegan habitualmente técnicas o métodos complejos de ejecución para garantizar el éxito de las actividades delictivas. Cabría citar el uso de alta tecnología para las comunicaciones, las destrezas financieras en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública.
- Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.
- Uso sistemático de la violencia o de la intimidación grave.
- Utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales. Es habitual el uso de cualificados profesionales o expertos para garantizar el éxito de sus actividades delictivas.
- Actividades de blanqueo de capitales.
- Influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la corrupción.
- Finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica
Ante esta relación de condicionantes, Aragón Sí Puede recalca que "asusta comprobar que el Partido Popular en principio los cumple prácticamente en su totalidad" y advierten que no hay más que observar las decenas y decenas de casos de corrupción política en los que han participado sus miembros.
A la vista de estas consideraciones jurídicas y después de los autos de diversos jueces que han analizado casos como Gürtel, Bárcenas, Nóos, la caja “B”, los pagos con dinero negro para reformas de la sede y para pagar campañas electorales, el cobro de sobresueldos en negro y sin declarar a Hacienda, la Operación Púnica, las tarjetas black, el YAK42, la financiación ilegal, el blanqueo de capitales, el control sobre los fondos del partido y actualmente el caso del Canal de Isabel II... un listado interminable de escándalos; Aragón Sí Puede considera que los "constantes y reiterados" casos de corrupción le situarían claramente como "organización ilícita".
"Es más, para nosotros y, creemos también que, para la gran mayoría de la opinión pública, está bien claro que nos encontramos en un caso en el que cientos - más de medio millar de imputados - de miembros del PP han utilizado la estructura del partido y su poder para delinquir aunque, -como es obvio- esta finalidad no está establecida en los estatutos del partido", concluyen en su petición.
