Aragón líder en permisos de extracción de gas mediante el tóxico método de ‘Fracking’

Si hace algunos meses desde AraInfo alertábamos del acecho de un nuevo peligro para la salud y el entorno natural de nuestro país, hoy debemos confirmar los peores augurios. El Gobierno de Aragón, y los partidos que lo mantienen, el PP y el PAR, han incrementado el número de licencias o permisos para esta nociva y tóxica actividad minera, hoy, a pesar del silencio gubernamental, sabemos que la suma del número total de hectáreas, con permiso concedido o en tramitación, destinadas al fracking alcanza el 11% de todo el territorio aragonés.La fracturación hidráulica o fracking es una técnica minera que …

Si hace algunos meses desde AraInfo alertábamos del acecho de un nuevo peligro para la salud y el entorno natural de nuestro país, hoy debemos confirmar los peores augurios. El Gobierno de Aragón, y los partidos que lo mantienen, el PP y el PAR, han incrementado el número de licencias o permisos para esta nociva y tóxica actividad minera, hoy, a pesar del silencio gubernamental, sabemos que la suma del número total de hectáreas, con permiso concedido o en tramitación, destinadas al fracking alcanza el 11% de todo el territorio aragonés.La fracturación hidráulica o fracking es una técnica minera que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo inyectando a presión algún material en el terreno, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y favoreciendo así su salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, la toxicidad de esta técnica y el brutal impacto ambiental, fundamentalmente en los acuíferos y en el aire, está fuera de toda duda.

El Departamento de Política Económica y Científica del Parlamento Europeo, publicaba ya el año pasado el informe “Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana”, donde se reflejan sin ambigüedad afirmaciones como: La legislación minera vigente en Europa y los reglamentos aplicables a las actividades mineras no tienen en cuenta los aspectos específicos de la fracturación hidráulica. Existen diferencias significativas entre las reglamentaciones relativas a la minería de los Estados miembros de la UE. En muchos casos, los derechos de extracción priman sobre los derechos de los ciudadanos y las autoridades políticas locales a menudo no pueden influir sobre los posibles proyectos o centros mineros, ya que estos son autorizados por los gobiernos nacionales o estatales y sus autoridades. La tecnología para la explotación del gas de esquisto presenta características que tienen repercusiones medioambientales inevitables y un alto riesgo si la tecnología no se utiliza correctamente, pero también presentan un alto riesgo de causar daños medioambientales y amenazas para la salud humana incluso si se emplean de forma adecuada. El actual marco legislativo de la UE exige la realización de una evaluación de impacto medioambiental del pozo únicamente cuando su producción sea superior a 500.000 m³ diarios. Este límite es demasiado alto e ignora la realidad de los pozos de gas de esquisto, que producen típicamente varias decenas de miles de m³ diarios al principio. Una evaluación de impacto medioambiental con la participación del público debería ser obligatoria para cada pozo. Las autoridades regionales deberían tener derecho a excluir las zonas sensibles (como por ejemplo, zonas de protección de agua potable, aldeas, tierras cultivables, etc.) de las posibles actividades de fracturación hidráulica. Asimismo, habría que reforzar la autonomía de las autoridades regionales para prohibir o autorizar la fracturación hidráulica en su territorio.

Pues bien, ninguna de estas advertencias es tenida en cuenta por quien tiene competencia en esta materia, así, el Gobierno de Aragón pone en riesgo la salud de toda la sociedad aragonesa con cada licencia de fracking que concede. ¿Y qué hay de la recomendación de obligatoriedad de la participación de la sociedad civil (población afectada, colectivos sociales, grupos científicos, organizaciones políticas), en la evaluación de impacto medioambiental para cada pozo?, el gobierno de Luisa Fernanda Rudi tan sólo tiene oídos para las empresas mineras y los grupos de inversión financiera, en una muestra más de colonialismo interior.

Pero no son pocas las voces que denuncian esta nueva agresión ambiental y social, para Puyalón de Cuchasel fracking es el canto del cisne de las energías fósiles, una demostración de la falta de rumbo de un modelo energético que corre desesperadamente hacia su propia extenuación”, Arriel Dominguez, miembro del Consello Executivo destaca que “no solo es carísimo, dado que tiene un retorno de energía y capital ridículo, si no que además medioambientalmente las únicas garantías que ofrece son una segura contaminación de acuíferos y escapes de gases que dañan gravemente la capa de ozono”, y concluye “en realidad sólo 'tiene sentido' en países con una legislación medioambiental atrasada, en los que la empresa promotora no deba hacerse cargo económicamente de los efectos negativos de su actividad”.

Por su parte IU Aragón, ha enviado recientemente una batería de preguntas al Departamento de Medio Ambiente aragonés, interpelando al consejero de Industria, Arturo Aliaga, ante la falta de información pública. Luis Ángel Romero, diputado en Cortes de Aragón, señalaba “ hemos conocido estos datos (el número de permisos concedidos) en medio de un debate social y político sobre la idoneidad de estas instalaciones por los peligros que representan para el medio natural y las personas, así como las moratorias y prohibiciones que sobre esta actividad se están imponiendo en otras Administraciones públicas, como es el caso de algunos Estados de la UE como Francia o Países Bajos”, y añade, “la fractura hidráulica es un auténtico peligro que amenaza recursos fundamentales como el aire, la tierra o el agua. La explotación de gas a través de esta técnica, no solo implica una presión insostenible para éstos recursos, sino que supone a la vez mantener un modelo que nos conduce al abismo”.

También CHA muestra su oposición a estas técnicas, y el diputado nacional en Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, presentó hace unas pocas semanas una iniciativa parlamentaria instando al Gobierno de Aragón a prohibir dichas intervenciones mineras. Palacín destaca que “por el momento, por los datos que hemos podido recabar, la concesión de permisos afecta sobre todo al Alto Aragón, con permisos concedidos bajo las denominaciones de Berdún, Serrablo, l'Aínsa, Turbón, Abiego, Barbastro y Binéfar”, y concluye “algunas de las consecuencias del fracking son la contaminación de aguas subterráneas, el consumo de agua elevadísimo, la contaminación del aire y la contribución al cambio climático: en definitiva, afecciones a la salud de las personas y al medio ambiente, esto se hace en lugar de apostar por un cambio de modelo que dé prioridad a las energías renovables, limpias y más eficientes”.

Está es la situación con la que nos encontramos a día de hoy, un Gobierno de Aragón actuando contra la salud de la población aragonesa, haciendo caso omiso de cuantas expertas voces advierten del peligro real de las técnicas de fracking y actuando únicamente en interés de grupos empresariales inmunes a las afecciones de su actividad industrial para la salud de la sociedad en general.

No nos encontramos con un caso aislado, la política del Gobierno de Aragón para la concesión de permisos mineros con técnicas de fracking es una muesca más en las políticas de destrucción de la naturaleza y de la salud colectiva con que nos tienen acostumbrados los sucesivos gobiernos aragoneses. Proyectos como la construcción de grandes pantanos, la descomunal presa de Yesa (y su aberrante recrecimiento), el despropósito de Biscarrués o el brutal atentado de Mularroya (es imposible no llorar, de rabia o tristeza, si se visitan estas obras), la proliferación de cultivos transgénicos, la falta de protección legal y real de nuestros entornos má frágiles, o los proyectos de Aramón para la ampliación con dinero público de estaciones de esquí, como el caso de Castanesa, son otros ejemplos de una línea política compartida por gobiernos del PSOE, del PAR o del PP. Todos estos partidos políticos entienden Aragón de un mismo modo, para estas organizaciones nuestros paisajes, nuestros valles, nuestros ríos y desiertos,  son sólo un recurso económico más que expoliar y exprimir para obtener un rendimiento económico a corto plazo y para unas pocas manos privadas. Son los alumnos aventajados del capitalismo global actuando en nuestra casa.

La derecha española, que ha gobernado Aragón los últimos 30 años, parece pensar que la defensa de la Salud colectiva y del entorno natural son cuestiones propias de "minorías radicalizadas", ignorando que lo que la sociedad civil aragonesa más informada y concienciada defiende es un espacio para vivir en equilibrio para todos y todas las aragonesas, sin exclusión.

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