La Ley aragonesa de Cooperación al Desarrollo cumplirá 20 años este mes de diciembre. Con el objetivo de adecuarla al tiempo que vivimos, el Gobierno de Aragón impulsará un proceso participativo donde se tendrán en cuenta las opiniones y sugerencias tanto de las ONG que trabajan en cooperación en Aragón, como de otras entidades, instituciones y, en general, ciudadanos que quieran formar parte. Para ello, se ha habilitado un canal en la página web del servicio de Participación Ciudadana, gestionado desde Gobierno Abierto, donde se podrá seguir la evolución de esta consulta pública y realizar las aportaciones desde el 8 de septiembre hasta el 15 de noviembre. Posteriormente, se elaborará un borrador de la nueva Ley que se someterá nuevamente a escrutinio público y cuyo documento definitivo llegará a las Cortes durante 2021.
Desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, su directora general, Natalia Salvo, señala que se quiere crear “una Ley dialogada y consensuada, que se adapte a la realidad actual de la Cooperación al Desarrollo, que refuerce los mecanismos de coordinación y sitúe la solidaridad en el corazón de las políticas públicas”. Se trabajará muy estrechamente con la Universidad de Zaragoza -con quien existe un convenio de investigación a través de una Cátedra-, con las ONGD aragonesas y con las instituciones que destinan fondos a la cooperación. Con todos estos agentes y la ciudadanía interesada en participar, se va a realizar una primera Fase 0 en la que tendrán lugar 3 talleres ‘online’: el 8 de setiembre, de 10.00 a 12.00, y de 16.30 a 18.30 horas, y el 10 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas. Estos talleres estarán dinamizados por una consultora externa especializada en participación social. De esta manera, se insta a la participación cumpliendo con los requisitos necesarios para preservar la seguridad sanitaria.
El portal web continuará recibiendo propuestas de mejora y modificaciones a la Ley de forma telemática hasta el 15 de noviembre. En él también está disponible un cronograma con los plazos previstos para el desarrollo de la ley y varios documentos de consulta, como el Plan Director de la Cooperación aragonesa para el Desarrollo 2020-2023 o la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible. De hecho, son estos en gran medida los pilares que sustentarán esta nueva Ley “mejorada”: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Los ODS han cambiado la visión de hacer y entender la política, estableciendo las bases de una línea de trabajo encaminada a avanzar hacia un futuro más sostenible y equitativo, que necesariamente deberá inspirar e incorporarse en la nueva Ley de Cooperación al Desarrollo de Aragón”, apunta Salvo. La norma se verá reforzada por la experiencia acumulada en la materia en los últimos veinte años y la reflexión que nace en torno a los nuevos retos y necesidades pendientes.
El inicio de esta consulta ciudadana se hace coincidir con la celebración, este 8 de septiembre, del Día de las Personas Cooperantes, una fecha marcada en el calendario en la que el Gobierno de Aragón también ha querido rendir su homenaje a través de una campaña en redes sociales y un manifiesto donde se reconoce la labor de los “hombres y mujeres que dan lo mejor de sí en pos de una fuerte convicción” en países con condiciones extremas de vulnerabilidad. El manifiesto hace hincapié en el “compromiso inquebrantable” de los cooperantes y expresa el compromiso de “trabajar de su mano” para hacer de las políticas de solidaridad internacional “una prioridad en la agenda de un gobierno social, verde y digital, que no deje a nadie atrás”.
En el Estado español hay 2.677 personas cooperando en distintos proyectos en 96 países, según datos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) relativos a 2019. Casi la mitad están en África Subsahariana (47%) y la mayoría son mujeres (56%). Desde el Gobierno de Aragón, continúa el escrito, se quiere seguir apostando por las políticas públicas de Cooperación al Desarrollo que “sitúan a Aragón como una región solidaria ante el mundo”.
Además, se reconoce el impacto que la COVID-19 ha generado en todo el planeta, con especial incidencia en los países más desfavorecidos. Alarma ante la cual el Ejecutivo aragonés ha respondido reactivando el Comité Autonómico de Emergencias paras enviar ayuda con carácter extraordinario y urgente a diversos países de África e Iberoamérica. En la misma línea, se volverá a convocar la Comisión Interdepartamental de Inmigración en los próximos días, que jugará un papel central en el diseño de un plan específico de reconstrucción socioeconómica tras la pandemia para las personas migrantes residentes en Aragón.
