La Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha emitido una nota de prensa en la que, además de recordar que Victorino Alonso -empresario del carbón condenado por la destrucción de la Cueva de Chaves- no ha entrado en la cárcel y no ha pagado la multa de 25 millones de euros por delito penal contra el patrimonio al declararse insolvente, afirma que solicitará un Informe de Experto tras conocerse la "desmedida" valoración realizada del yacimiento por arqueólogos contratados por el propio empresario minero.
"Hay cosas que la sociedad no alcanza a comprender", comienza la nota. "Una de ellas -continúa- es la que está ocurriendo con la no ejecución de la sentencia en relación al expolio ocurrido en el yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves (Bastarás) ocurrido en el año 2007, conocidos los hechos en el 2009 cuando se supo que en la citada cueva se había arrasado todos los vestigios del neolítico y allí donde había una sitio arqueológico de altísimo nivel nacional e internacional, se había convertido en un pesebre para animales estabulados, a tono con el coto de caza de Bastarás".
Con estos hechos denunciados por la DGA, Apudepa y Ecologistas en Acción, se dictó sentencia en el 2016 y la posterior en firme en el 2018. 25.490.805 euros y dos años y medio de cárcel por delito penal contra el patrimonio fue la sentencia para Victorino Alonso, empresario del carbón y otros negocios. "En el caso que nos ocupa ni el reo ha entrado en la cárcel, por rebaja de la condena a dos años, ni ha pagado los 25 millones por insolvente, pues se declaró insolvente y un juez vio en el culpable buena disposición de pago", recuerdan desde Apudepa.
Ahora -señalan desde la Asociación-, "como consecuencia de las facilidades que se le están otorgando al reo por parte del Juzgado de Huesca, éste ha tomado la iniciativa y apoyado en la tasación de tres arqueólogos contratados, los mismos que testificaron en el juicio de Huesca, Ramón Montes Barquín, Manuel Morlote Expósito y Emilio Muñoz Fernández, dicen en el 2019 que el valor arqueológico que resta del expolio sufrido en la cueva tiene un valor de 108.868,334 euros (han leído bien casi 109 millones), basándose en hipótesis no comprobadas de los niveles del paleolítico cuya extensión se desconoce y por tanto no se puede valorar tal y como lo han hecho".
Y esto, a juicio de Apudepa, "lo puede hacer Victorino Alonso porque la DGA no puede recurrir judicialmente para hacer efectiva la sentencia dado que recientemente el juez, Francisco Javier Martínez Zandunzo, ha determinado que ni haya embargo por parte de la DGA ni la revisión de la declaración de insolvencia".
Para la Asociación, Victorino Alonso "es un personaje que de una manera u otra logra evadirse de las sentencias o estas se dilatan sin llegar a buen puerto para los perjudicados, sin que se alcance una justicia reparadora a favor de la sociedad y de la propia administración".
"Mientras la sociedad aragonesa, la nacional y la internacional, se ha quedado definitivamente sin un conocimiento fundamental de nuestros antepasados del V milenio a.C., más de 700 años de vida neolítica, y ahora Alonso toma la iniciativa de nuevo pues lo que pide es la dación de pago con la entrega a la DGA tan solo de la cueva de Chaves esquilmada, como responsabilidad civil contraída, y la empresa adscrita a Alonso, FIMBAS, conserva la finca cinegética para poder 'continuar desarrollando su objeto social y por tanto el mantenimiento en la actividad económica y empleo', es decir, la caza mayor", añaden.
"Lo dicho, el mundo al revés, según Victorino Alonso la DGA se queda con una cueva arruinada y el empresario con el coto para seguir con su negocio, y todo porque sus peritos dicen que vale casi 109 millones de euros", apuntan. Así pues, y ante estos hechos, Apudepa solicitará un Informe de Experto con respecto a la "desmedida" valoración que han realizado los arqueólogos contratados por Victorino Alonso.
