La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha reclamado la paralización inmediata de las obras de demolición de la central térmica de Escucha y ha pedido al Ayuntamiento que haga público el expediente de la licencia concedida el pasado 4 de junio. La asociación quiere comprobar que el derribo se ajusta al planeamiento municipal y a las condiciones de la autorización.
Apudepa ha presentado un nuevo escrito ante el Ayuntamiento de Escucha, la Dirección General de Urbanismo, el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel y la Dirección General de Patrimonio Cultural tras conocer el inicio de las obras. La entidad señala que no sostiene que la licencia sea necesariamente inválida, sino que reclama poder examinar el expediente antes de que la demolición avance y cualquier actuación posterior resulte irreversible.
La central figura en el catálogo municipal con protección estructural
La central térmica de Escucha aparece en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico del PGOU de Escucha, con nivel de protección estructural. La ficha de catalogación contempla la posibilidad de demolición total, pero remite a las "condiciones convenio o compromiso compraventa", una referencia que también aparece en el apartado relativo a las condiciones de intervención.
Para Apudepa, una de las cuestiones que debe aclararse es qué convenio o compromiso de compraventa establece esas condiciones y cómo se ha tenido en cuenta al autorizar la demolición. Por ello, la asociación ha solicitado el documento íntegro, sus anexos y la documentación relacionada con su cumplimiento.
La asociación reclama conocer qué se ha autorizado
Según la información difundida por el Gobierno de Aragón, Repsol Generación Ciclos Combinados SLU, propietaria de la instalación, solicitó en septiembre de 2025 al Ayuntamiento de Escucha una licencia de obra mayor para el desmantelamiento integral de la central. La licencia de derribo fue concedida el 4 de junio de 2026 y el inicio de las obras ha sido confirmado públicamente por la empresa y recogido por medios de comunicación.
Apudepa afirma que no ha podido acceder al expediente completo pese a haberlo solicitado previamente en ejercicio de la acción pública urbanística. La asociación reclama, entre otra documentación, el proyecto técnico autorizado, la resolución y las condiciones de la licencia, los informes técnicos, jurídicos, patrimoniales y sectoriales, así como "el convenio o compromiso de compraventa al que remite la ficha E.03" y la documentación que acredite su cumplimiento.
También solicita las comunicaciones y actas relacionadas con el inicio de las obras.
Apudepa pide comprobar la correspondencia entre las obras y la licencia
La asociación insiste en que su actuación no parte de afirmar que la licencia no se ajuste a la normativa urbanística. "No estamos afirmando que la licencia sea inválida. Estamos pidiendo que se nos permita conocer el expediente y comprobar qué se ha autorizado, con qué condiciones y cómo se ha aplicado la ficha de protección de la central", señala.
Apudepa considera que debe comprobarse que las obras que se están ejecutando coinciden exactamente con el proyecto autorizado y respetan las determinaciones vinculantes del planeamiento municipal. A su juicio, esta comprobación es urgente porque cada día que continúe la demolición disminuye la posibilidad de preservar el inmueble si posteriormente se determina que alguna cuestión debe ser corregida.
La demolición puede hacer irreversible cualquier decisión posterior
La entidad advierte de que, una vez destruido el inmueble, cualquier decisión administrativa o judicial posterior podría llegar cuando el daño ya sea irreversible. Por ello, solicita al Ayuntamiento de Escucha que compruebe inmediatamente la correspondencia entre las obras y la licencia y que, mientras se realizan estas comprobaciones, adopte las medidas legalmente procedentes para suspender y paralizar la demolición.
Apudepa también ha trasladado la situación a la Dirección General de Urbanismo y a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón para que, dentro de sus competencias, examinen el caso y valoren las medidas que procedan.
La asociación se reserva acudir a los tribunales
Ante el inicio de las obras y la falta de acceso al expediente solicitado, Apudepa ha dejado constancia de su reserva de ejercer las acciones administrativas y judiciales que correspondan, incluida la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitar medidas cautelares de carácter urgente.
La asociación resume su petición en tres demandas: "transparencia, acceso al expediente y la suspensión de las obras mientras se verifica el pleno cumplimiento del planeamiento y de las condiciones de la licencia". Su reclamación se centra especialmente en conocer el convenio o compromiso de compraventa al que remite el catálogo municipal y saber cómo se ha aplicado antes de que la central sea demolida.
