Aproximándonos a Perú

Los acontecimientos en Perú: dimisión del presidente Kuczinski, una destitución del presidente Vizcarra tintada de golpe de Estado constitucional, presidencia coyuntural de Merino y nueva dimisión a la semana, todo ello mientras se cuece la mayor incidencia de la pandemia en América Latina después de Brasil, son difíciles de entender si no es bajo la óptica de una radiografía política y social del país.

Hace veinte años, desde la caída del aprendiz de dictador y experto en corrupción, Fujimori, que el país peruano no logra avanzar en el reparto social de la riqueza, de su enorme potencial en materias primas. En estas dos décadas, pese al procesamiento de Fujimori, el reparto de su enorme patrimonio natural por los sucesivos gobiernos se ha encaminado hacia una porción de la población muy pequeña y selecta: la autodenominada clase política y la élite financiera, urbana la mayoría y blanca. La connivencia de esos dos poderes, alimentada por la progresiva corrupción institucional, ha normalizado esta tremenda desigualdad que, cada vez, aleja más y más a una mayoría de ciudadanos, mermados en su condición de tales, y una minoría corrupta que, enriquecida a pasos agigantados, perjudicando de manera especial a la población quechua y aymara, casi toda rural, y a buena parte de la población mestiza.

El maridaje entre la corrupción y los sectores financieros y políticos no es distinto del que impera en muchos otros países, incluyendo España.

El desigual reparto de la riqueza, excluyendo a la población rural, casi toda indígena, ha hecho crecer un malestar social incrementado por el millón de contagiados por la pandemia y los cuarenta mil muertos a la fecha.

Germán Alarco, en su libro de 2019, “Riqueza y desigualdad en el Perú”, denuncia que la renta media en dólares corrientes es de 6.000 dólares, pero ese dato esconde el que un 10% de la población tiene rentas de 30.000 dólares mientras que otro 10% solo alcanza rentas de 1.000. Las estadísticas oficiales ocultan la existencia de 17.000 millonarios, así como que 300 de ellos disponen de más de 30 millones de dólares y que, al menos, haya media docena de milmillonarios. El índice que mide la desigualdad, GINI, oficialmente está en 0,35 cuando el real, debido a estas ocultaciones premeditadas, es del 0,7. Índice que indica una enorme separación entre las rentas, un abismo entre las más bajas, una buena parte, y las más altas, una selectísima minoría.

Unos pocos datos: Perú es el primer productor mundial de oro, estaño, cinc y plomo. Y el segundo en plata y cobre. Es un país con una de las más ricas plataformas pesqueras a nivel mundial, una de las mayores biodiversidades del planeta, una gran producción maderera, incluso hecha de manera sostenible; Perú dispone del 4% del total del agua dulce del planeta además de bolsas de gas con fuerte capacidad de exportación. Añadamos a esto una superficie de casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados, una población de 32 millones y una densidad de 25 h/km2; con todo, tendríamos los números para que el país fuera rico, próspero y alejado de la desigualdad.

A pesar de ello, una población indígena, más de la cuarta parte de la población, está marginada ante cualquier posible crecimiento. Del 60% de población mestiza, más de la mitad está, igualmente, apartada socialmente en el reparto de la riqueza. La que llamamos clase media es escasa en número y formada por una reducida parte de la población urbana criolla (6%), de una determinada aristocracia inmigrante (japonesa y norteamericana, sobre todo) y de una pequeñísima parte de la población mestiza.

Hay un doble enfrentamiento: el que supone el medio rural enfrentado al urbano, que refleja, además, la confrontación étnica, y la tremenda desigualdad social aumentada, día a día, en las últimas décadas. Desigualdad que no ha cesado eliminando, brutal y militarmente, movimientos revolucionarios como Sendero Luminoso o Tupac Amaru, ni tampoco con el procesamiento, prisión e intentos de excarcelación del dictador Fujimori.

Para lograr una estabilidad democrática en el futuro cercano, el proceso ha de pasar por un período constituyente, de manera parecida al que parece se va a plantear en Chile. Una nueva Ley de Leyes que implante, desde la base social, una mejor regulación de sus normas. Leyes que puedan lograr que las enormes riquezas de base lleguen a toda la población, que finalice la marginación de un 80% de la población por motivos étnicos, raciales o sociales y que logre extinguir el peor cáncer que puede tener un país: la corrupción.

Mientras este proceso constituyente, necesario para democratizar de verdad el país, no comience, al margen por completo de las clásicas injerencias extranjeras del gendarme norteamericano con la complicidad de Europa —injerencias que hemos visto en el golpe de estado boliviano del pasado año, en el embargo a lo largo de más de medio siglo, incluso de lo más esencial, a Cuba, en los continuos intentos de golpes de estado en Venezuela de Guaydó y compañía, en las tentativas que la CIA ultima para reconducir la revolución social chilena o en las que se efectuaron con Brasil, Bolsonaro, Lula y etcétera—, el proceso peruano seguirá siendo inestable, con una carga latente brutal que se resolverá, o con una nueva dictadura o con un movimiento revolucionario armado, en ambos casos cruento.

Mientras tanto, escucharemos a buena parte de nuestros medios informativos, a los que tienen casi todo el poder económico y que alardean de “Más periodismo o periodismo veraz”, confundir con el estilo permanente de la falsedad, disfrazando un golpe de estado en Bolivia como fraude electoral. Haciendo cierto ese aserto que dice “Desde la invención de la imprenta, el dueño de ella es quien decide qué poner”.   

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