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Aprobada la Ley de Medidas para el mantenimiento de Servicios Públicos en Aragón

El proyecto ha salvado su último trámite con los votos a favor de PSOE, CHA, Podemos e IU, y la vehemente crítica de PP, PAR y Ciudadanos
| 28 diciembre, 2015 18.12
Aprobada la Ley de Medidas para el mantenimiento de Servicios Públicos en Aragón
Cortes de Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

El Pleno de las Cortes aprobaba este lunes la ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos, que incluye una subida de impuestos, con los votos de PSOE, CHA, Podemos e IU y el rechazo del PP, PAR y Ciudadanos, al considerar que sitúa a Aragón a la cabeza en presión fiscal.

El Proyecto de Ley, impulsado por el Gobierno de Aragón, y que pretende reforzar las políticas sociales y los servicios públicos básicos de la Comunidad Autónoma ha superado esta mañana su último trámite parlamentario necesario para convertirse definitivamente en Ley.

Tras dos meses de estudio en la Cámara, con la presentación de hasta ochenta enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, el Pleno ha dado el visto bueno al texto definitivo, lo que permitirá su aplicación a partir del próximo mes de enero en materia impositiva relativa a IRPF, transmisiones, sucesiones, donaciones, patrimonio, hidrocarburos, embalses, líneas de alta tensión y transporte por cable.

Se trata de una ley con la que se pretenden recaudar unos cien millones de euros más al año que va a permitir actuar con suficiencia financiera en los servicios y marcan un compromiso para que sea así a lo largo de la legislatura, según ha manifestado el diputado socialista Alfredo Sancho, coordinador de la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley.

El diputado socialista Alfredo Sancho, coordinador de la Ponencia creada para el estudio de las enmiendas parciales presentadas al texto, ha sido el encargado de defender el informe aprobado la semana pasada por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, que lo convirtió en Dictamen, en el que se incluyen las modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios que superaron la votación permitente para ello.

Para mostrar la postura de las distintas formaciones políticas que componen el hemiciclo, en el debate que ha tenido lugar al inicio de la sesión plenaria de hoy, también han participado los diputados Antonio Suárez (PP), Héctor Vicente (Podemos), Elena Allué (PAR), Javier Martínez (Ciudadanos) y la parlamentaria del Grupo Mixto Patricia Luquin (IU).

El texto, que se convertirá en Ley tras su próxima publicación en el Boletín Oficial de Aragón, fue remitido a la Cámara por el Gobierno de la Comunidad Autónoma a finales del pasado mes de octubre y superó, en primer término, las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PP, PAR y Ciudadanos. Tras el análisis de la mayoría de las enmiendas parciales presentadas desde entonces, hoy se han votado ante el Plenario las últimas modificaciones presupuestas al texto.

Conformidad entre los grupos que han votado a favor

La ley incluye modificaciones en el tramo autonómico del IRPF, con aumentos progresivos a partir de ingresos de más de 50.000 euros, en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio y que crea el de hidrocarburos y también impuestos ambientales que gravarán el transporte por cable -aunque se pretende aplazar su aplicación-, las líneas eléctricas de alta tensión y los embalses.

Héctor Vicente, de Podemos, ha insistido en que aumentar el tramo autonómico del IRPF a quienes ganan más de 50.000 euros no afecta a la mayoría de ciudadanos dados los salarios actuales, y ha defendido la necesidad de financiar adecuadamente los servicios para mantener la calidad del estado de bienestar en Aragón y de revertir una insuficiencia de fondos por una bajada «temeraria» del anterior Gobierno y de recortes «sangrantes».

Por el grupo mixto, Patricia Luquin, de IU, ha apuntado que la reforma incide en la progresividad y la redistribución y ha criticado el alarmismo de PP, PAR y Ciudadanos como si viniera el «apocalipsis», ya que con el artículo 135 de la Constitución y ley de estabilidad presupuestaria no a se puede hacer una reforma fiscal «ni bolchevique ni revolucionaria».

Gregorio Briz, de CHA, ha recalcado que no es una reforma excesivamente radicalizada, que el acuerdo para la investidura como presidente de Javier Lambán pasaba por desarrollar un sistema tributario justo y que sin ella no había posibilidad de llevar a cabo las prioridades presupuestarias del Gobierno y continuaría la senda de la austeridad y del recorte

Alfredo Sancho, del PSOE, ha afirmado que esta ley busca con una reforma tributaria más progresividad y justicia social con el objetivo claro reforzar las políticas sociales teniendo en cuenta que Aragón era la segunda comunidad con menos impacto impositivo, ha apuntado que el texto ha mejorado en la ponencia y ha afirmado, respecto al aumento del IRPF, que el 70 por ciento de los trabajadores gana menos de 20.000 euros y el 90 por ciento de 30.000.

 

Críticas “apocalípticas” entre los grupos contrarios a la Ley

La aprobación del texto ha suscitado las críticas de los grupos del PP, PAR y Ciudadanos, que aseguran que cargar a quienes ingresan 50.000 €, es cargar a las clases medias, ajenos a la situación que vive la amplia mayoría de la población aragonesa.

El portavoz del PP, Antonio Suárez, ha aseverado que se trata de un «subidón» de impuestos que va a tener efectos negativos en sectores de actividad y gracias a las enmiendas de Podemos, el aumento del IRPF va a afectar a las clases medias, mientras no se reduce para quienes ganan menos ni se sube a quienes perciben más de 130.000 euros.

Elena Allué, del PAR, ha ratificado el rechazo de su grupo a una ley que va a contribuir a que Aragón sea una de las comunidades con mayor presión fiscal de España y que a tenor de los cambios introducidos en la ponencia va a empeorar todavía más la situación de las clases medidas, una «incoherencia» en la que se han puesto de acuerdo PSOE, Podemos, CHA e IU.

Javier Martínez, de Ciudadanos, ha insistido en que la propuesta de la ley era «mala» pero ha quedado «todavía peor» con las enmiendas, incrementando la presión fiscal a las renta medias, y ha incidido en que no incluye medidas progresivas y en que se está «hipotecando» el futuro porque no favorece la activación económica.

28 diciembre, 2015

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