Aprobación del pago de 8 millones al Ayuntamiento de Zaragoza por la Ley de Capitalidad

El consejero de Presidencia firmó este pasado miércoles la orden para aplicar el nuevo fondo, que complementa los 13,5 millones del convenio por servicios sociales y otras competencias atribuidas por el Gobierno de Aragón

Foto: Gobierno de Aragón

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, firmó este pasado miércoles el documento contable que da luz verde a la aplicación del nuevo fondo de capitalidad para Zaragoza y que será notificado al Ayuntamiento de la capital aragonesa.

“Damos un paso más en el cumplimiento de nuestros compromisos con el Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez aprobada la Ley de Capitalidad el corresponde al Gobierno de Aragón hacer efectivo el pago de los 8 millones de euros que la ley recoge en el primer año de vigencia”, indicó el consejero Guillén.

En cuanto el expediente llegue a Tesorería se abonarán al Ayuntamiento de la capital aragonesa los 8 millones de euros acordados en la Ley de Capitalidad, que complementan los 13,5 millones del convenio bilateral económico-financiero entre ambas instituciones correspondientes a los servicios sociales y otras competencias territoriales que desempeña la Administración municipal.

En total, el Gobierno de Aragón financia al Ayuntamiento de Zaragoza con 21,5 millones de euros con cargo al Presupuesto aragonés para 2017, como se había comprometido el presidente Javier Lambán, en aplicación de la Ley de Capitalidad que pactó con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en marzo de este año y que aprobaron las Cortes a finales de noviembre.

Esta Ley otorga mayor capacidad de autogobierno a la capital aragonesa, sin tutelas del Gobierno de Aragón, por ejemplo, con más voz y más voto en los proyectos supramunicipales. Tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza descartaron establecer un régimen excepcional de financiación al margen del régimen general y optaron por un sistema integrado con el resto de municipios aragoneses.

Este sistema de financiación, que fortalece por tanto los mecanismos de solidaridad interterritorial con el resto de municipios, está vinculado a la evolución de las finanzas territoriales, sin ningún límite a priori sobre las cantidades que se pueden llegar a percibir.

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta por una parte con el fondo de capitalidad cuya aplicación se autorizó este pasado miércoles y que garantiza un mínimo de 8 millones de euros, ampliable en sucesivos ejercicios en la medida que lo hagan los ingresos no financieros del Gobierno de Aragón. Y, por otra parte, con el convenio bilateral económico financiero para el periodo 2017-2020, cuyo importe para el primer ejercicio que ahora termina asciende a 13,5 millones de euros y que también está previsto incrementar sucesivamente en 1,5 millones por anualidad.

Este convenio permitirá financiar servicios de naturaleza compartida entre el Ejecutivo aragonés y el Consistorio zaragozano en materias como servicios sociales o educación infantil, fundamentales para Aragón, que de esta forma dispondrán de una financiación suficiente y creciente.

La Ley de Capitalidad reconoce asimismo la singularidad de Zaragoza, dotándole de amplias potestades en las materias reconocidas como competencias propias, establece procedimientos y trámites específicos para dar voz a las posiciones del Ayuntamiento en materias de competencia territorial que pudieran afectarle especialmente.

Igualmente, el desplazamiento o derogación explícita o implícita de las disposiciones competenciales recogidas en la Ley exigirán una declaración expresa de la norma territorial de la voluntad de modificar esta ley, así como la exigencia de audiencia al Ayuntamiento de Zaragoza en los proyectos de ley que incluyan tal declaración.

Finalmente, está prevista la creación de un órgano al más alto nivel para hacer efectiva la bilateralidad en las relaciones entre ambas instituciones. El Consejo Bilateral de Capitalidad se configura como un instrumento ágil para estrechar la coordinación y cooperación entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, liberándolo de potestades administrativas y con contenido netamente político.

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