Apoyo unánime en las Cortes para promover que se revise el Código Penal y evitar la impunidad de delitos sexuales contra las mujeres

A iniciativa de Podemos Aragón, la Proposición No de Ley, que surge de la sentencia por el caso de 'La Manada', propone instar al Gobierno español a que revise con perspectiva de género el título VIII del Código Penal

Foto: @cortes_aragon

Ninguna sentencia soluciona de facto una serie de reclamaciones que el movimiento feminista viene demandando: prevención, protección y atención específica para todas las mujeres que sufren violencia sexual, pero ésta las empeora”, ha defendido la diputada Amparo Bella en el pleno de las Cortes de Aragón.

Para Podemos Aragón, la sentencia que tuvo lugar el pasado 26 de abril a partir del caso de ‘La Manada’ en Iruñea “marca un punto de inflexión en la Justicia española”, y por ello solicita cambios en el Código Penal para delitos sexuales contra las mujeres.

La iniciativa pone énfasis en que “necesitamos un poder judicial sensible a la perspectiva de género”, y para ello, en ese texto se pide instar al Gobierno de Aragón a que a su vez inste al Gobierno español a que realice “urgentemente” las actuaciones precisas con el fin de que se acometa la revisión y modificación del Código Penal para que no se produzca impunidad ni se reste importancia en los delitos sexuales contra las mujeres.

En concreto, se solicita que se revise bajo una perspectiva de género el título VIII del Código Penal, con especial empeño sobre los artículos del 178 al 182.

“Si nos resistimos, nos matan”, ha defendido Amparo Bella, que ha asegurado que con esta iniciativa se recoge “el clamor popular” que se ha vivido en las calles desde que se dio a conocer la sentencia de la “mal” llamada ‘La Manada’.

Por ello también se ha aprobado que las Cortes de Aragón manifiesten su apoyo a la víctima y comparten “el malestar social y la decepción ciudadana que ha producido la sentencia”.

En un tercer punto, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar, a su vez, al Gobierno español a que establezca la necesaria obligatoriedad de formación específica en equidad de género y en las implicaciones penales de la violencia machista en todo el estamento judicial, para garantizar que aquellos y aquellas que tienen la potestad de juzgar tengan conocimiento en torno a las implicaciones materiales del “machismo sistémico” en el que se acometen los delitos contra las mujeres.

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