La organización Amnistía Internacional ha presentado un informe -con mapa de las políticas de austeridad por nacionalidades incluido- a través del cual denuncia “cómo los últimos años representan una década perdida -entre 2009 y 2018, último año con datos oficiales- en términos de inversión para la sanidad, en valor real -teniendo en cuenta la inflación- en el Estado español”.
La organización señala “que tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario y a pesar de la progresiva mejora desde entonces, seguimos sin recuperar la inversión sanitaria pública que teníamos hace diez años”.
Como consecuencia, “el derecho a la salud está en riesgo en el Estado español: estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores”.
La entidad de Derechos Humanos lamenta “que, aunque en los últimos diez años el Estado español ha incrementado su riqueza -el producto interior bruto- en un 8,6%, eso no ha supuesto un aumento equivalente en el gasto sanitario público, sino todo lo contrario: éste se ha visto reducido en un 11,21% respecto a 2009, frente al gasto sanitario privado, que se ha incrementado en un 16,28%”. Asimismo, destaca que “también la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%”. Por nacionalidades, solo Illes Balears recupera la inversión sanitaria pública de 2009, y las que se encuentran más alejadas de alcanzar ese objetivo son: Castilla La Mancha, Asturies, La Rioja, Galiza, y Catalunya.
El porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98% de 2009 al 8,87% en 2017. Comparando con el resto de los Estados de la Unión Europea, el Estado español está por debajo de países como Alemania, que dedica un 11,25% de su PIB al gasto sanitario en 2017, Francia el 11,3%, Suecia 11% , Austria 10,4%, Bélgica 10,3% o Países Bajos 10,10%. Y solo por delante de otros como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5%.
El Estado español “está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de salud, por las cuales se compromete a avanzar de manera progresiva en el cumplimiento del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, recuerdan desde Amnistía Internacional, y añaden que “en un contexto como el que nos encontramos, esto parece más grave que nunca: no queremos más décadas perdidas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en el Estado español. “Las autoridades deben, de manera urgente, revertir la tendencia de desinversión en el Sistema Nacional de Salud e incrementar los recursos humanos y materiales para asegurar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud”.
Otra de las cifras alarmantes que denuncia la organización es que entre el 2009 y 2018 “el gasto sanitario público por habitante se ha reducido en un 10,5%, lo que supone que el Estado, en 2018, se gastó en cada persona 147 euros menos que hace una década”. En dinero corriente, el Estado español dedica 2.221,11 € por habitante. Si comparamos la inversión sanitaria por habitante con el resto de estados de Europa en el año 2017, se encuentra en una posición intermedia, con países que destinan más de 5.000 euros por habitante, como Suecia 5.206€, Dinamarca 5.134 €, Luxemburgo 5.082€ y Alemania 4.459€, y otros que destinan menos de 1.000€ por habitante, como Lituania, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria y Rumanía. “Durante el mismo periodo Suecia ha incrementado la inversión en un 74,78%, Estonia en un 66,18%, Lituania en un 53,78%, Alemania en un 33,26%, Austria en un 23,82% y Finlandia en un 24,29%”, explican.
“Los recortes han provocado desigualdad, enfermedades, sufrimiento y muertes. Parece que ahora hemos empatizado con los enfermos y fallecidos por COVID-19. Pero hay que empatizar también con el desamparo que sufre un paciente de hepatitis C al que se le deniega un tratamiento o un enfermo que tiene que esperar meses para ir a un especialista. Para que esto no vuelva a pasar es importante defender un sistema de sanidad pública, universal y de calidad", asegura Loly, enfermera de atención primaria en Madrid, a preguntas de Amnistía Internacional.
La atención primaria: la gran olvidada en la Salud Pública
La organización señala que “la atención primaria, fundamental en un sistema de salud y esencial para afrontar una crisis sanitaria como la pandemia de coronavirus en la que nos encontramos, ha sido una de las áreas más perjudicadas. La inversión en este tipo de servicio, que es la puerta de entrada al sistema público de salud y la única a la que muchos pacientes acuden, se ha reducido en un 13,10% de media” en las nacionalidades en la última década y “ha pasado a suponer tan solo el 13,8% del total del gasto sanitario público en 2018, frente al ya escaso 14,3% de 2009. Tampoco la ratio de personal médico y de enfermería en atención primaria por cada 1.000 habitantes ha variado prácticamente, sino que se mantiene igual al año 2009”.
Desde Amnistía Internacional destacan que las nacionalidades “que más han reducido su inversión en atención primaria son Aragón y Cataluña”, y que sólo “Murcia ha aumentado su porcentaje en un 6,92% desde 2009”.
“La atención primaria tendría que dar respuesta al 85% de los problemas de salud, y en realidad supone un ahorro para la sanidad, pero se sigue recortando. Cuando yo empecé a trabajar, hace 30 años, podías hacer una valoración integral del paciente, que a veces puede venir con problemas físicos pero si no pasas algo de tiempo con ellos se te pueden escapar los aspectos psicológicos. No podemos seguir atendiendo a 50 personas al día”, denuncia Loly. Y como ejemplo, relata: “en las cuidadoras, que la mayoría son mujeres, hay malestares que se reflejan de forma física -vértigos, dolor de cabeza, etc-. A veces te dicen solo ‘estoy cansada, estoy triste’. Si dedicas un tiempo te das cuenta que detrás del problema físico hay un sufrimiento que también hay que tratar”, lamenta esta enfermera.
El orgullo de un sistema sanitario que se estanca
En diez años, las ratios de personal médico y de enfermería apenas han variado, según indica Amnistía Internacional, y “el personal médico de atención primaria por habitante a nivel estatal ha pasado de un 0,74 en 2009 a 0,77 en 2018, aumentado apenas en 0,03”. Preocupa que Illes Balears y Madrid “incluso han reducido esa ratio”, a pesar de que el Estado español está por debajo de la media europea y alejada de países “como Portugal, el país con mejor ratio con un 2,6, Irlanda 1,82, Países Bajos 1,6, Austria 1,56 o Francia 1,42. Solo se sitúa por encima de países como Eslovenia, Polonia, Letonia, Hungría, Grecia y Bulgaria.
Las autoridades sanitarias estatales y nacionales deben invertir en Salud Pública
Desde Amnistía Internacional reclaman “dar prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de Salud para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas de austeridad e incrementar la inversión de manera progresiva, en términos constantes”.
“Llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de que se aplique cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos, y garantizar la adecuada participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican”, añaden.
Y concluyen solicitando “dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS- y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales”, así cómo “garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos”.
