Alumalsa, el penúltimo clavo en el ataúd

El ERE planteado por Alumalsa ha llegado a su final, en el próximo mes de noviembre comienzan a concretarse los despidos, después de que la plantilla haya ratificado el acuerdo este viernes con casi un 80% de apoyo. Toca respetar su decisión y agradecerles y reconocerles la lucha que han llevado, la unidad de la plantilla que han mantenido y el ejemplo que han sido durante todos estos días. Demasiados factores en contra. En primer lugar, un marco legal tras contrareformas en contra de los intereses de los trabajadores de PP y PSOE durante los últimos 40 años, qué hacía …

Alumalsa
Foto: IU Aragón

El ERE planteado por Alumalsa ha llegado a su final, en el próximo mes de noviembre comienzan a concretarse los despidos, después de que la plantilla haya ratificado el acuerdo este viernes con casi un 80% de apoyo. Toca respetar su decisión y agradecerles y reconocerles la lucha que han llevado, la unidad de la plantilla que han mantenido y el ejemplo que han sido durante todos estos días. Demasiados factores en contra. En primer lugar, un marco legal tras contrareformas en contra de los intereses de los trabajadores de PP y PSOE durante los últimos 40 años, qué hacía imposible una salida mejor si se judicializaba. Era improbable que el despido se declarara nulo, las indemnizaciones serían menores y los despidos muchos más. Gracias PSOE y PP por tener en cuenta los intereses de los trabajadores todos estos años.

El segundo hándicap que han encontrado los trabajadores de Alumalsa es la inacción de las administraciones, especialmente del Gobierno de Aragón, más preocupado en regalarle diez millones de dinero público Amazon o destrozar el Pirineo en Castanesa, que en mantener el tejido industrial aragonés. Y el último y no por ello menos grave, nos encontramos ante un nuevo proceso de desindustrialización en Aragón.

Y es que antes de Alumalsa esto ya ocurrió en Future Pipe en Ejea de los Caballeros, o en la también histórica Schindler (antes Giesa) con más de 100 despidos, o con la paralización de la Central Térmica de Andorra en el mes de junio o actualmente en FerroAtlántica del Cinca en Monzón, que plantea el cierre de 3 de sus 4 hornos, con las consecuencias para el empleo que puede tener en esta fábrica de 150 trabajadores. No nos cabe duda que estamos asistiendo a un cambio en el tejido industrial de Aragón, con la desaparición de grandes e históricos centros de trabajo, y a su vez con la puesta de largo de los grandes mataderos, modelo de negocio basado en la explotación y la precariedad, o un nuevo trasvase de dinero público a manos privadas de las empresas de la energía verde, que ni garantizan el empleo, ni el futuro de las comarcas.

Aragón es una de las comunidades autónomas donde la industria tiene un mayor peso en la economía y en el empleo. Aragón está en el grupo de las seis comunidades donde la industria aporta más del 20% del PIB, y es la tercera comunidad en importancia del empleo industrial (el 21,6% de la población ocupada trabaja en el sector industrial, sólo por detrás de Navarra y La Rioja).

El notable peso de la industria hace que Aragón, en comparación con otras comunidades, tenga mejores datos de empleo, tanto de cantidad como de calidad, si bien hay que considerar que estos datos se ubican en un contexto laboral muy malo. La tasa de paro de Aragón suele estar unos puntos por debajo de la media nacional (actualmente la tasa de paro de Aragón es del 11,9% frente al 16,3% de España). No es casualidad que las comunidades con menor desempleo (País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja) sean también las más industriales. Algo parecido podría decirse de la tasa de temporalidad, que en Aragón es del 22,5% y en el conjunto de España es del 24,2%.

El tejido industrial en Aragón, sin embargo, es altamente dependiente de una sola multinacional, el grupo PSA. Si mañana esta multinacional decidiera cerrar su planta de Figueruelas, la crisis económica y social que sufriría Aragón tendría una dimensión inimaginable. De momento Opel no plantea el cierre, pero si la bajada de condiciones laborales en su último convenio. Convenio negociado a la baja y con muchas presiones a todos los niveles incluido de manera vergonzante el propio gobierno autonómico, para que la plantilla lo aceptara, aquello supuso un duro golpe a las condiciones de trabajo y salario de sus 6.000 trabajadores, pero también al conjunto de la clase obrera de Zaragoza, pues la capacidad de arrastre de las condiciones de la fábrica de automóviles es enorme.

No parece una buena estrategia atar de esta manera el futuro de un territorio a los intereses de una multinacional que llegado el caso puede no interesarle mantener la producción. Por ello, necesitamos una alternativa a Opel, pero esta no puede ser otra multinacional que nos haga igualmente dependientes, sino una red de fábricas mucho más diversificadas y, a poder ser, que no sean propiedad de grandes multinacionales.

Defender la industria en nuestro territorio no significa, sin embargo, defender cualquier tipo de industria, por mucho empleo y riqueza que pueda generar a corto plazo. No es lo mismo fabricar aerogeneradores, medicamentos, productos alimenticios o calzado que bombas racimo o simplemente productos innecesarios que solamente encuentran su lógica en una absurda sociedad consumista. Producir como un medio para satisfacer necesidades y no como un fin en sí mismo para producir beneficios para unos pocos y destruir el planeta de todos.

Pero nada de esto es posible si la implicación del sector público de manera decidida en el apoyo a un sector industrial sostenible mediante una ambiciosa política industrial. Debemos desterrar definitivamente esa creencia de la no intervención pública y del dejar hacer al mercado, que tan bien sintetizó el ex ministro Solchaga con su famosa frase “la mejor política industrial es la que no existe”. Sin intervención pública, el mercado campa a sus anchas, cosecha beneficios cuando le interesa y abandona a su suerte a personas y territorios cuando le conviene (un buen ejemplo es la irresponsabilidad social de Endesa con Andorra y su comarca).

La intervención del Estado y de las administraciones para potenciar la industria debe tener dos líneas estratégicas. La primera sería regular la actividad de manera que se fomente la implantación y desarrollo de actividades industriales sostenibles y acordes con la política industrial diseñada.

La segunda consistiría en incrementar la participación pública en el sector industrial, bien mediante la creación de empresas de capital 100% público o bien mediante la participación pública en el accionario de empresas privadas. Se trataría de revertir el proceso de privatizaciones iniciado en los años 80 y de no depender totalmente del capital privado. A los neoliberales españoles esto quizá les parezca una barbaridad, pero basta con echar un vistazo a Alemania, Francia o países nórdicos para comprobar que la participación pública en grandes empresas industriales, energéticas o financieras es perfectamente posible en el marco normativo de la UE.

El futuro de Aragón va a estar vinculado al futuro de su industria. De momento, noticias como los despidos de Alumalsa y nuestra enorme dependencia de la fabricación de coches de motor de combustión no auguran un futuro nada prometedor. Sin embargo, los poderes públicos tienen la obligación de intervenir en la economía mediante una política industrial que apoye un determinado tipo de industria (sostenible y que atienda necesidades sociales).

Igualmente, la utilización de los recursos públicos debe ir más allá de las subvenciones al capital privado y debe servir para que el Estado participe directamente en la propiedad de algunas industrias, especialmente cuando se trate de salvaguardar el empleo. Conviene recordar el artículo 128 de la Constitución “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.” llegando incluso (y así termina el artículo 128 de la Constitución) a “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general” Un artículo que no sólo avala la creación de empresas industriales públicas sino también las nacionalizaciones cuando se trate de preservar el empleo o de proteger un sector estratégico. Esa es la solución rápida para Alumalsa, para Alcoa o para Nissan, pero de la constitución ya sabemos que solo se aplica en el 135 y el 155.

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