Algo más que escraches es lo que necesitamos. Necesitamos una movilización global que denuncie el sistema y reclame el fin de este régimen.
Conocido el fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas vemos el clamor que se alza contra ello. No es para menos, una vez más se ha hecho realidad aquello de #LaBancaGana.
Hablamos del desprestigio que sufre la justicia, del nuevo chantaje que hace la banca y los líderes de la izquierda convocan a la gente para hacerle un escrache al Tribunal Supremo.
Eso sí, lo harán un sábado, a las 6 de la tarde, en Madrid.
Pues vale, pero,… ¿Cuándo decimos de una vez que en este país no hay separación de poderes? ¿Cuándo lo decimos por todo el estado?, ¿cuándo reclamamos en todo el país, en una movilización unitaria y global, un nuevo régimen? Nuevo País decíamos no hace mucho. ¿Ya nos basta con un escrache al Tribunal Supremo mientras la banca, el capitalismo en definitiva, se ríe en nuestra cara? ¿No es el momento de exigir una banca pública que atienda a la gente y no al IBEX?
Vamos a celebrar el 40 aniversario de la Constitución pero lo que deberíamos hacer es llenar las calles de gente reclamando una nueva que, de verdad, haga de este país una democracia. ¿Cómo va a haber una democracia real si no cambiamos el régimen?
Esta Constitución, pactada como se pactó, en los años que se pactó, ya no sirve y necesitamos otra.
La que tenemos, además de no garantizar los derechos básicos que son meros enunciados, IMPIDE la separación de poderes y facilita la concentración del ejecutivo, del legislativo y del judicial en la mayoría política que se consigue con un sistema electoral profundamente injusto y muy poco democrático.
Esa mayoría política es la que concentra el Gobierno (ejecutivo), las Cámaras (legislativo) y el Consejo General del Poder Judicial (judicial).
Dejen de contarnos esa milonga de la separación de poderes y dejen de tomarnos el pelo con lo de la independencia del poder judicial.
El Congreso y el Senado, con sus mayorías cualificadas, nombran al Gobierno, legislan y ELIGEN al órgano de Gobierno del Poder Judicial ya que son el Congreso y el Senado, por mayoría de 3/5, quienes eligen a los/as integrantes del Consejo General del Poder Judicial que es quien, a su vez, elige al Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional, el garante del cumplimiento de los preceptos y principios constitucionales, es elegido en su totalidad por el poder político. Son 12 miembros y, de ellos, 8 los eligen el Congreso y el Senado, 2 los elige el Gobierno y los otros 2 los elige el Consejo General del Poder Judicial que, como hemos visto, es nombrado también por el Congreso y el Senado.
Esta circunstancia, el control político sobre el poder judicial repercute, necesariamente, en falta de ecuanimidad y objetividad en las sentencias judiciales y provoca inseguridad jurídica (el caso de las hipotecas hoy si y mañana no). Lamentablemente también se constata que el poder judicial acaba siendo la “correa de trasmisión” del poder político (Estrasburgo acaba de dictaminar que Otegui no tuvo un juicio justo ni imparcial). El colmo ya es cuando todas las instancias judiciales aceptan ese criterio tan poco jurídico, y tan discrecional, de la “alarma social”. Así vemos que hay “alarma social” por si los bancos tienen que pagar los gastos de las hipotecas, pero no la hay cuando los rescatamos con miles de millones o cuando hay miles de desahucios.
En resumen, no hay separación de poderes, no hay independencia de la justicia. Esta evidencia cuestiona gravemente que estemos en un país democrático y que sean democráticos el régimen y el sistema que lo avalan.
No, no son escraches solamente lo que necesitamos.
