La Plataforma Vecinal de Codo por la Tierra, el Agua y la Salud se ha constituido para tratar de frenar la instalación de cuatro macroexplotaciones porcinas proyectadas en el término municipal de Codo, en el Campo de Belchite. El colectivo, integrado por personas empadronadas en la localidad y otras con vínculos familiares y afectivos con el municipio, subraya su carácter “totalmente apolítico” y reclama información, transparencia y garantías ante unos proyectos que considera preocupantes por sus posibles afecciones sobre el agua, el territorio y la población.
La controversia comenzó a tomar forma el pasado mes de septiembre, cuando el Ayuntamiento convocó un pleno extraordinario para abordar, entre otros asuntos, la declaración de “interés público y social” de cuatro proyectos promovidos por Explotaciones Ganaderas Estiche SLU (Arapork). Se trata de dos explotaciones de cebo, con 6.000 y 7.200 plazas, y dos instalaciones de producción de lechones de 864 unidades de ganado mayor cada una.
Una de las explotaciones de cebo, con capacidad para 6.000 animales, se proyecta sobre una finca de titularidad municipal. La Plataforma Vecinal señala que el Ayuntamiento obtendría ingresos por el alquiler del terreno y que el alcalde defendió la declaración de interés público y social por los beneficios económicos y la creación de puestos de trabajo que, supuestamente, supondría para el municipio.
Las otras tres instalaciones afectan a terrenos vinculados a familiares directos del alcalde de Codo y diputado del PP en el Congreso, Raúl Cuevas Larrosa. Según la documentación difundida sobre el pleno, Cuevas participó inicialmente en la votación que declaró de interés público y social los proyectos. La votación salió adelante por cuatro votos a favor y uno en contra.
La situación cambió posteriormente. Tras la impugnación presentada por el único concejal del PSOE en el Ayuntamiento, el alcalde comunicó su abstención en los cuatro expedientes y una resolución municipal de 25 de septiembre dejó en suspenso los acuerdos adoptados en el pleno hasta que el Ayuntamiento vuelva a pronunciarse. La documentación fue remitida asimismo a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón.
El PSOE sostiene que la abstención debía haberse producido desde el inicio debido a la vinculación familiar con tres de los terrenos afectados y considera que la paralización constituye un paso necesario para revisar el procedimiento. La formación también cuestiona que las explotaciones puedan considerarse de interés para el conjunto del municipio por su consumo de recursos, su impacto ambiental y el escaso empleo directo que, a su juicio, generarían.
Un municipio con problemas de abastecimiento de agua
La oposición social a los proyectos tiene uno de sus principales argumentos en la situación del agua. Como ya señaló AraInfo, la red de abastecimiento de Codo no proporciona agua potable desde, al menos, 2023 debido a una elevada concentración de nitritos. El Ayuntamiento afronta esta situación mediante el reparto mensual de garrafas entre las personas empadronadas, mientras quienes tienen vivienda en la localidad pero no están empadronados deben procurarse el agua por sus propios medios.
En este contexto, los cuatro proyectos supondrían una demanda conjunta estimada en unos 100,6 millones de litros de agua al año. La cifra procede de los datos difundidos a partir de la documentación de las explotaciones y ha sido señalada tanto por la Plataforma Vecinal como por CHA como uno de los principales motivos de preocupación.
La formación aragonesista reclama al Gobierno de Aragón, y al presidente en la coalición PP-Vox, Jorge Azcón, que concrete qué controles se están realizando sobre la disponibilidad de agua y sobre la gestión de los purines, además de analizar los posibles efectos acumulativos de las cuatro instalaciones. El secretario territorial de CHA, Alberto Conejos, considera que no resulta razonable plantear nuevas demandas de agua de esta magnitud mientras Codo continúa padeciendo problemas de abastecimiento.
A la presión sobre los recursos hídricos se suma la gestión de los residuos ganaderos. Según los datos difundidos a partir de los proyectos, las explotaciones generarían alrededor de 64,2 millones de litros de purines al año. La Plataforma Vecinal alerta del riesgo de afección a los acuíferos y de los olores asociados a estas instalaciones.
El colectivo también prevé un incremento del tráfico pesado por el transporte de piensos y otros materiales, con el consiguiente desgaste de las vías de comunicación. Asimismo, advierte de la posible extensión de los olores en función de los vientos habituales de la zona, especialmente el cierzo y el bochorno.
Afecciones ambientales y espacios protegidos
Las características de los emplazamientos constituyen otro de los elementos cuestionados. Al menos dos de los proyectos afectan a terrenos incluidos en espacios de la Red Natura 2000, con figuras de protección como LIC, ZEC o ZEPA.
La Plataforma Vecinal reclama que estas circunstancias sean tenidas en cuenta antes de autorizar unas instalaciones que, en conjunto, superarían las 22.000 plazas de ganado. También cuestiona que la declaración de interés público y social pueda fundamentarse principalmente en los ingresos que generaría el alquiler de terrenos municipales o en unas previsiones de empleo que considera insuficientes para justificar el impacto territorial.
CHA, por su parte, reclama al Gobierno de Aragón que explique en qué fase se encuentran los procedimientos ambientales de los cuatro proyectos y qué mecanismos de control se están aplicando para garantizar el cumplimiento de la normativa. La formación considera necesario evaluar conjuntamente las afecciones de las cuatro explotaciones, en lugar de analizar únicamente cada proyecto de manera aislada.
Alberto Conejos sostiene que el Ejecutivo aragonés debe garantizar que “el interés general está por encima de cualquier interés particular” y reclama que las decisiones relativas al territorio, el agua y el medio ambiente se adopten con transparencia y sometimiento a la legalidad.
La Plataforma Vecinal recaba apoyos
Mientras continúa suspendida la tramitación municipal, la Plataforma Vecinal mantiene su campaña contra los proyectos. El colectivo ha contactado con Stop Ganadería Industrial, Greenpeace y SEO/BirdLife, además de medios de comunicación locales, y nacionales como el caso de AraInfo, y ha puesto en marcha una recogida de firmas tanto presencial como a través de change.org.
Las personas impulsoras de la plataforma denuncian asimismo un clima de tensión en el municipio desde que comenzó a difundirse su oposición. En un comunicado relatan que algunas personas habrían recibido ‘advertencias’ relacionadas con sus posiciones respecto a su oposición a los proyectos y apuntan a la circulación de mensajes destinados a defender las inversiones y los supuestos puestos de trabajo que generarían con bulos e informaciones sesgadas contra las opositaras a las macro instalaciones de ganadería industrial.
El colectivo también señala la difusión, a través de la aplicación municipal Codo Informa, de un “panfleto sin firma” en el que se defendían las inversiones previstas y se acusaba a quienes cuestionaban el proyecto de difamar sobre el sector porcino. La plataforma afirma coincidir, pese a ello, con el llamamiento final del documento a la “Información y transparencia y compromiso con Codo”.
Su objetivo, explican, es que la población pueda conocer con detalle las características de las explotaciones y valorar si los beneficios económicos anunciados compensan las consecuencias que podrían derivarse para los recursos hídricos, el territorio y el entorno. “Lo fundamental” para el colectivo, es que la decisión se adopte con información suficiente y atendiendo al interés del conjunto de Codo.
La controversia se suma al debate abierto en Aragón sobre la expansión de la ganadería industrial. En el caso de Codo, la discusión adquiere una dimensión especialmente sensible por la coincidencia de tres factores: la situación de la red de abastecimiento, la elevada demanda de agua prevista para las explotaciones y la vinculación familiar del alcalde con parte de los terrenos afectados.
Por ahora, la declaración de interés público y social de las cuatro instalaciones permanece suspendida y deberá ser el Pleno municipal quien vuelva a pronunciarse sobre los acuerdos. Mientras tanto, la Plataforma Vecinal continúa recabando apoyos y reclamando que cualquier decisión sobre las macrogranjas se adopte con transparencia y participación de la población.
