El Tribunal Supremo ha resuelto confirmar el ejercicio de la jurisdicción universal en el Estado español, denegar transmitir la causa a Guinea Ecuatorial, y continuar con la investigación contra la cúpula de seguridad de Obiang. Esto implicaría que van a seguir vigentes las órdenes de detención internacional contra el hijo del Teodoro Obiang, Carmelo Ovono Obiang (secretario de Estado de seguridad exterior), Nicolás Obama Nchama (Ministro de Interior) e Isaac Nguema Ondo (Director General de Seguridad Presidencial).
La causa que se sigue contra ellos es por torturas y secuestro con finalidad terrorista contra cuatro ciudadanos residentes en el Estado español, teniendo dos de ellos la nacionalidad española.
El Juzgado Central de Instrucción nº 5 ya había recibido más de una decena de revocaciones en apelación por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ordenándole al juez Santiago Pedraz incoar el sumario, dictar las órdenes internacionales de detención, o remitir a Interpol toda la documentación incriminatoria de las autoridades ecuatoguineanas, entre otros elementos. Adicionalmente, la Sala de lo Penal igualmente revocó el auto de conclusión de sumario, ordenándole al juez continuar con la causa abierta.
El alto tribunal asegura que las autoridades de Guinea Ecuatorial pretendían garantizar la “impunidad de sus autoridades” y obliga al juez Pedraz a seguir investigando. Destacando “la falta absoluta de cooperación por parte de Guinea Ecuatorial en el marco de la causa, situación de desaparición forzosa de los españoles, negativa a repatriar el cadáver de Julio Obama (uno de los secuestrados) y denegación de la mínima asistencia o visita consular”.
Este medio ha tenido acceso a la citada resolución, emitida el 5 de septiembre del 2025, y en la misma se hace referencia a que la “absoluta falta de cooperación desde que comenzara la instrucción de la causa (…) denota claramente que la jurisdicción ecuatoguineana no es válida para tutelar los derechos de las víctimas, buscando exclusivamente garantizar la impunidad de sus autoridades”.
Este caso es de enorme relevancia, sin embargo, a mi juicio no se ha tratado con la relevancia que merece en los medios de comunicación. Por ello, y para valorar esta resolución del Tribunal Supremo, sus implicaciones y ampliar información sobre este caso, desde AraInfo hemos contactado con Aitor Martínez, letrado de los secuestrados y víctima, además, de espionaje por parte de detectives de Obiang en el centro de Madrid en el año 2023.
Aitor Martínez, Counsel en la Corte Penal International, también ha sido abogado de Julian Assange, y en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, Martínez representa al “Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial - Tercera República” (MLGE3R) y a los y las familiares de las víctimas como acusación particular.
Antes de empezar, quiero agradecerte sinceramente el tiempo que has dedicado a esta entrevista, especialmente sabiendo lo ocupado que estás. Es la segunda vez que charramos contigo en AraInfo, la primera fue sobre el caso de persecución contra Julian Assange, y valoro enormemente que hayas encontrado tiempo para hacer posible esta entrevista. Para quienes no estén familiarizados con el caso, ¿podrías explicarnos en qué consiste, cuál es su contexto y qué implicaciones tiene?
En primer lugar, para entender el caso hay que contextualizarlo en la política de secuestros internacionales desplegada desde Guinea Ecuatorial contra los opositores.
Guinea Ecuatorial sufre la dictadura más longeva del mundo. Teodoro Obiang es a día de hoy el dictador de más larga data en el planeta. Gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro desde 1979. Los informes de los organismos de derechos humanos son estremecedores. En Guinea Ecuatorial se violan a diario y en forma sistemática los derechos humanos en una forma brutal de acuerdo a los informes de Naciones Unidas.
Ese sistema represivo desplegado por décadas ha aplastado a la disidencia interna dentro del país, estando las cárceles repletas de opositores políticos. Y por ello gran parte de la oposición se encuentra en el exterior, principalmente en Europa, viviendo bajo estatus de asilado, o en ocasiones ya como nacionales de esos países. Evidentemente el régimen de Obiang no encuentra cooperación por parte de los países europeos para tratar de extraditar a sus opositores, rechazándose cualquier orden de detención contra ellos o solicitud de cooperación jurídica. Y ello conllevó que el régimen tuviera que dirigirse hacia esa oposición en el exterior a través de otros medios alternativos. Es así como se creó en Guinea Ecuatorial el Ministerio de “Seguridad Exterior”.
Son múltiples los organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos e informes de agencias gubernamentales que vienen denunciando la existencia de una organización parapolicial en Guinea Ecuatorial, encuadrada en el Ministerio de “Seguridad Exterior”, desde donde se ejecutan secuestros de opositores en el extranjero, con traslado subrepticio y clandestino al país, para ser torturados, enjuiciados sin garantías, usualmente acusados de participar en intentos de golpes de Estado y exhibidos en la televisión pública. Sobre la base de estos informes se han podido documentar alrededor más de una decena de casos, que afectan a una treintena de personas secuestradas entre 1997 y 2019.
Su denominación es terrorífica, “Seguridad Exterior”, ya que identifica claramente que el régimen habría establecido un cuerpo parapolicial para desplegar acciones contra la oposición en el extranjero.
Los organismos internacionales han documentado múltiples acciones violentas contra la oposición en el extranjero, destacando entre ellas la política de secuestros internacionales. Podemos señalar el caso de Cipriano Nguema Mba, quien residía en Bélgica y fue secuestrado en dos ocasiones, en Camerún el 8 de octubre de 2008, y el 23 de diciembre de 2013 en Nigeria; o por citar otro ejemplo el de Francisco Micha, residente en España, así como Fulgencio Obiang, residente en Italia, y que fueron secuestrados el 17 de septiembre de 2018 en Togo.
El modus operandi suele ser el mismo. Se trata de opositores contestatarios al régimen de Obiang que viven bajo protección en terceros Estados. Mediante engaños son convencidos para que abandonen esa jurisdicción y se dirijan a otra jurisdicción, normalmente en África, donde es más viable secuestrarles. Y al llegar a ese país son detenidos arbitrariamente, trasladados a Guinea Ecuatorial (en ocasiones por tierra pero en otros muchos casos utilizando aviones oficiales del país). Una vez en Guinea Ecuatorial serían torturados, condenados en un juicio sin garantías bajo el argumento de haber participado en un golpe de Estado contra Obiang, y usualmente exhibidos en televisión para demostrar a todos que el régimen llega a cualquier esquina del mundo.
Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que:
“69. El Grupo de Trabajo está particularmente preocupado por la práctica de las detenciones secretas. El Grupo de Trabajo ha recibido información sobre secuestros practicados por agentes gubernamentales en países vecinos contra determinadas personas de nacionalidad de Guinea Ecuatorial, quienes fueron trasladados y puestos en detención secreta en Malabo.
En algunos casos, las autoridades no han reconocido tener a estas personas en detención, lo que las coloca técnicamente en situación de desaparecidas. Este es el caso de las cuatro personas Juan Ondo Abaga, Felipe Esono Ntutumu, Florencio Ela Bibang y Antimo Edu Nchama, que el Grupo de Trabajo no pudo entrevistar en Black Beach, quienes se encontrarían en una zona apartada de dicha prisión, según una carta remitida por dichas personas al Grupo de Trabajo.
70. Según las denuncias recibidas, estas cuatro personas fueron trasladadas a Guinea Ecuatorial en un avión militar y encarceladas en Black Beach. Tenían estatuto oficial de refugiadas en los países donde residían. Su secuestro y posterior detención tuvieron lugar fuera de todo procedimiento legal”.
De igual forma, el Relator de la ONU contra la Tortura indicó que:
“53. En varios informes se señala que funcionarios de Guinea Ecuatorial han estado involucrados o han llevado a cabo secuestros en el extranjero con objeto de trasladar a algunas personas a Guinea Ecuatorial y mantenerlas detenidas en secreto y/o incomunicadas. Este era presuntamente el caso de tres personas que todavía se encontraban en detención secreta, probablemente en la prisión de Black Beach, a saber, Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama, y Felipe Esono Ntutumu, con los que el Relator Especial no se había podido reunir porque no había conseguido acceder a la parte de la prisión en la que supuestamente estaban detenidos. Asimismo, se mencionaron al Relator Especial, otros casos de detención secreta prolongada, en su mayoría de personas acusadas de delitos políticos. Relator Especial, otros casos de detención secreta prolongada, en su mayoría de personas acusadas de delitos políticos.
54. El Relator Especial entrevistó a un hombre (Cipriano Nguema) que había sido arrestado en el Camerún, donde vivía como refugiado algunos meses antes de la visita. Luego había sido entregado a la Guardia Presidencial de Guinea Ecuatorial, que lo había llevado a Malabo donde permaneció recluido en régimen de aislamiento, esposado y con grilletes en los pies, que le retiraron poco antes de la llegada del Relator Especial”.
O por citar otro ejemplo, Human Rights Watch asegura que esos mismos comandos, en ocasiones, cuando el secuestro se ha tornado en más complejo o se ha frustrado, no han dudado en proceder a realizar “ejecuciones extrajudiciales en el extranjero”, afirmando que las “acusaciones de que las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas cometen ejecuciones extrajudiciales fuera de su territorio nacional aparecen regularmente”.
Hasta el punto de que, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diversos países llegaron a solicitar a Guinea Ecuatorial durante el Examen Periódico Universal poner fin al “secuestro en países vecinos de refugiados ecuatoguineanos y su posterior detención secreta en Guinea Ecuatorial”.
De hecho, en la causa que se instruye en el Estado español, los informes policiales claramente identifican que en la cúspide del sistema represivo se encuentra el presidente de Guinea Ecuatorial, quien controla todos los resortes del Estado. Estamos estudiando si esos crímenes de secuestros con posteriores detenciones arbitrarias y torturas, y en alguna ocasión ejecución o desaparición, por ser “sistemáticos” y “generalizados”, y pertenecer a la “política de un Estado”, constituirían crímenes de lesa humanidad del art. 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y ello porque, aunque Guinea Ecuatorial no es parte de la Corte, varios de los secuestros se habrían cometidos en países africanos que sí son parte del Estatuto de Roma, como, por ejemplo, podrían ser Gabón, Nigeria, Benín, o Costa de Marfil, entre otros. Esto podría conllevar la jurisdicción a la Corte Penal Internacional por ser hechos cometidos en territorio de Estados parte.
Para ir aterrizando en el caso de los cuatro miembros del MLGE3R —Julio Obama Mefuman y Feliciano Efa Mangue, con nacionalidad española, y Martín Obiang Ondo Mbasogo y Bienvenido Ndong Ondo, residentes de larga duración en el Estado español—, que terminaron secuestrados en Guinea Ecuatorial, ¿podrías contarnos cómo fue exactamente ese proceso para que acabaran allí?
Este caso se enmarca dentro de este plan desarrollado por Guinea Ecuatorial contra los opositores en el extranjero. El “Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial - Tercera República” (MLGE3R) es una asociación de opositores ecuatoguineanos establecida en España, legalmente registrada en nuestro registro de asociaciones. Desarrolla una actividad política legítima y pacífica. Sin embargo, los miembros de este movimiento en nuestro país han estado siempre en el punto de mira del régimen de Guinea Ecuatorial.
Cuatro miembros del MLGE3R, Julio Obama Mefuman y Feliciano Efa Mangue (nacionales españoles) y Martín Obiang Ondo Mbasogo y Bienvenido Ndong Ondo (residentes de larga duración en España), se desplazaron engañados desde Madrid a Juba (Sudán del Sur). Según las evidencias con que se cuenta, el 15 de noviembre de 2019, al bajar del avión y llegar al control de pasaportes fueron retenidos hasta que pasó el resto de los pasajeros del avión, ya que iban algunos miembros de las misiones de Naciones Unidas en el país. Después habrían sido llevados a la fuerza a unos contenedores del propio aeropuerto, donde se ha reportado que fueron encerrados. Un rato después, militares sudaneses los habrían sacado del contenedor, tomado fotos con los teléfonos, y afirmado que “Obiang paga muy bien por vosotros”, presuntamente porque estaban remitiendo las fotos a Guinea Ecuatorial para acreditar que efectivamente eran los miembros del MLGE3R. Pasaron la noche encerrados en el contenedor y, al día siguiente, el 16 de noviembre de 2019, fueron extraídos del contenedor del aeropuerto porque ya se encontraba un avión de la flota presidencial de Guinea Ecuatorial, según se afirma, el avión Embraer que utiliza el régimen para los desplazamientos oficiales del presidente. Se les habría administrado una dosis de una sustancia adormecedora, se les habría colocado una bolsa en la cabeza, y se les habría amordazado a los asientos, despertando cuando el avión aterrizaba en Mongomo, Guinea Ecuatorial.
Según lo instruido, en Mongomo fueron trasladados a la prisión de Oveng Azem, un recinto penitenciario de máxima seguridad anexo a un cuartel militar. Es una prisión de la que se tiene muy poca información y donde se albergan a los presos de alto perfil político.
Lo llamativo es que tras la desaparición de los cuatro miembros del MLGE3R, y la interposición de denuncias por parte de sus familiares, la diplomacia española trató de dar con su paradero. Se mantuvieron múltiples reuniones con las autoridades de Guinea Ecuatorial donde siempre se afirmó que no tenían conocimiento de dónde estaban. Durante meses las autoridades ecuatoguineanas afirmaron al embajador de España que desconocían el paradero de esos ciudadanos españoles y residentes en nuestro país.
Sin embargo, finalmente, el 18 de marzo de 2020, la TV Pública de Guinea Ecuatorial exhibió a estas cuatro personas, con monos naranjas, frente a un tribunal militar, confesándose culpables de haber planeado un golpe de Estado y pidiendo perdón a Teodoro Obiang, en una escena absolutamente forzada y terrorífica. Fue la primera vez que se pudo acreditar que se encontraban secuestrados en Guinea Ecuatorial.
Posteriormente, y gracias a la colaboración de personas que se jugaron la vida, muchos de ellos testigos protegidos en la causa, se pudo obtener un material muy relevante. Se consiguió material desde dentro de la prisión , consistente en vídeos, chats, audios, etc. que fue ron remitidos a España e incluso uno de los guardas de la prisión de Oveng Azem escapó y viajó a nuestro país con ese material. Actualmente es testigo protegido.
Como se ha podido saber, los miembros del MLGE3R habrían sido ingresados en unos zulos subterráneos de la prisión de Oveng Azem, conocidos popularmente entre los reclusos como “antorsión”. De acuerdo a las evidencias documentales que se recabaron y que ya han trascendido en prensa, incluyendo testigos que se encuentran protegidos, habrían sido sometidos a brutales torturas, incluyendo la técnica del cocodrilo, consistente en colgar a las personas de manos y pies de un travesaño mientras se les golpea y administran otras vejaciones.
Interpusimos una querella en nombre del MLGE3R, y de los familiares de las víctimas, con toda la documentación que se había conseguido obtener desde dentro de la prisión, acompañada de los testigos protegidos. Uno de los guardas de seguridad de la prisión, que tenía acceso a los secuestrados, fue detenido poco después en Guinea Ecuatorial y su vídeo difundido en redes sociales. A día de hoy se desconoce su paradero.
Tras la querella se imputó a Carmelo Ovono Obiang (alias “Didi”), secretario de Estado de Seguridad Exterior, actual viceministro de Seguridad Exterior, e hijo de Teodoro Obiang, quien además está al cargo de los servicios secretos en el extranjero. Además, se imputó también al ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama (alias “Nico”), así como al director adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Ngume Ondo (alias “Papi”).
Hasta diciembre de 2022 la causa se guio con mucho sigilo, incluso acordándose el secreto, mientras la Policía española hacía seguimientos a los sospechosos en España. Se detectaron sus residencias en España, inmuebles, entradas y salidas del país. Cuando Carmelo Ovono Obiang dejó el 29 de diciembre de 2022 España conociendo de la acción penal, poco después, el 15 de enero de 2023 murió uno de los secuestrados en prisión, Julio Obama Mefuman, en circunstancias no aclaradas.
Actualmente, ¿sabes cómo se encuentran los desaparecidos o tienes alguna información al respecto que nos puedas trasladar?
El Parlamento Europeo emitió una histórica resolución de 15 de febrero de 2023, exigiendo la liberación de los secuestrados, solicitando sanciones para las autoridades de Guinea Ecuatorial, e incluso que se activaran EUROPOL y EUROJUST para luchar contra esta trama de secuestros dispuesta desde Guinea Ecuatorial. Incluso el Congreso de los Diputados, en su Comisión de Interior, y por unanimidad de todos los partidos, adoptó una resolución condenatoria de lo sucedido el 19 de mayo de 2023, solicitando la liberación de estas personas y medidas contra el país. Actualmente, incluso el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene abierta una investigación en relación a la situación de los secuestrados, considerándolos desaparecidos, ya que Guinea Ecuatorial niega toda asistencia consular a nuestra diplomacia, negando información sobre su paradero.
Durante la investigación, se llegó a dar una situación en la que detectives al servicio de Obiang persiguieron y espiaron en Madrid a líderes de la oposición guineana. Si no me equivoco, tú mismo fuiste víctima de esos seguimientos, donde tres individuos enviados por Obiang te vigilaron. ¿Podrías contarnos más sobre esto?
Durante la investigación en el Estado español, como ha trascendido en la prensa, se acreditó además que estas personas habían sido seguidas en España por más de una decena de despachos de detectives. Estos detectives entregaron a la Policía española los múltiples seguimientos que les habían hecho antes de que fueran secuestrados.
Es más, ya con esta causa penal abierta, en el mes de octubre de 2023 yo mismo sufrí seguimientos en el centro de Madrid, precisamente cuando mantenía reuniones con las víctimas de esta causa, algo que trascendió en prensa y que sigue bajo investigación.
Además, como ha trascendido también en prensa, se acreditó igualmente que miembros de una empresa constituida en España por Carmelo Ovono Obiang entraban a la Tienda del Espía a comprar material. También, durante la investigación, se tomó declaración a los pilotos de nacionalidad griega que eran tripulación del avión presidencial.
Finalmente, conseguimos que se cursaran órdenes internacionales de detención contra los investigados, Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo. Estas órdenes internacionales de detención suponen un antes y un después en la lucha contra la impunidad en Guinea Ecuatorial. Es una de las dictaduras más duras del mundo. Las órdenes internacionales se cursan contra los principales miembros de la estructura de seguridad del país, lo cual supone un éxito para la lucha contra la impunidad en un país que ha desarrollado una brutal represión interna contra todo atisbo de oposición, pero que se ha atrevido además a desplegar su represión también externamente, contra los opositores que viven en el extranjero.
Respecto al efecto que estas órdenes de detención van a tener, es necesario recordar que en principio las autoridades de Guinea Ecuatorial están obligadas a tramitar las “Alertas Rojas” de INTERPOL, y por lo tanto proceder a la detención de estas personas con fines de extradición a España. Sin embargo, es previsible que en el país no se ejecuten esas órdenes, pero las mismas han sido remitidas, tanto a INTERPOL como al sistema SIRENE europeo, por lo que, si salieran de su país y viajaran a otro Estado, o por ejemplo cruzaran una frontera, al saltar la existencia de una orden de busca y captura contra ellos, serían detenidos y sometidos a un proceso extradicional hacia España.
A tu juicio y centrándonos en la actualidad, ¿qué implicaciones tiene esta resolución del Tribunal Supremo? ¿Se puede hablar de resolución histórica?
Guinea Ecuatorial negó que sus autoridades declararan ante nuestros tribunales, afirmando que se trataba de una persecución política. Incluso remitió muy duras notas verbales a nuestro Gobierno en las que claramente afirmaba que no habría colaboración jurídica de su país con nuestros órganos judiciales. Afirmaron categóricamente que sus autoridades eran inocentes y nunca se someterían a nuestra justicia.
Sin embargo, posteriormente Guinea Ecuatorial procedió a afirmar que su jurisdicción era preferente porque habían abierto una causa penal allí contra esas autoridades para investigar los hechos que se alegaban.
Desde entonces las autoridades de Guinea Ecuatorial han mantenido un discurso incoherente. Si bien públicamente hablaban de una persecución política contra los sospechosos en nuestro país, reclamando su inocencia, a la par afirmaban a la Audiencia Nacional que habían abierto una causa contra estas tres autoridades por los secuestros de los miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial. Es decir, públicamente mantenían un discurso de inocencia de sus autoridades y de persecución política por parte de España, y a la par, sus abogados afirmaban en sede judicial española que los sospechosos ya estaban siendo investigados en su país. Una dualidad que no se sostenía.
De hecho, no es la primera vez que hacen una maniobra de este tipo. En Francia, cuando el actual vicepresidente (conocido popularmente como “Teodorín” Obiang) estaba siendo enjuiciado por blanqueo de capitales y otros delitos, desde Guinea Ecuatorial remitieron también documentación en la que afirmaban que se había abierto una causa en su país, para tratar así de cerrar el caso francés. Evidentemente la justicia del país galo rechazó esta maniobra y el hijo de Obiang fue condenado finalmente. Es más, en la causa española el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Ondo, ha entregado comunicaciones oficiales entre él y el presidente Teodoro Obiang donde le reportaba haber cumplido con las instrucciones de abrir esas causas fraudulentas para remitir la documentación necesaria a los abogados de su hijo en Francia, para que pudieran alegarla como forma de cerrar la acción judicial francesa.
En España, la reforma del principio de jurisdicción universal establecido en el art. 23.4 LOPJ, que fuera operada en 2014, introdujo una cláusula sobre concurrencia de jurisdicciones, la del actual art. 23.5 LOPJ, que identifica que nuestros tribunales no actuarán en delitos cometidos en el extranjero, si en ese país se están investigando los hechos en forma efectiva. Es un artículo copiado del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para dilucidar cuándo puedo o no intervenir la Corte, teniendo en cuenta el principio de complementariedad en relación a los casos que ya se investiguen en las jurisdicciones nacionales. El art. 23.5 LOPJ sin embargo advierte que no operará la renuncia de nuestra jurisdicción a favor de ese tercer Estado si esa causa fuera fraudulenta, y su único objetivo fuera sustraer de la justicia a los presuntos perpetradores.
Pues bien, esta cláusula del art. 23.5 LOPJ implica que es el Tribunal Supremo, la Sala Segunda de lo Penal, la que tiene que valorar la fiabilidad de la justicia del país que reclama llevar a cabo la investigación, así como la credibilidad de esa investigación. Es un procedimiento que se ha invocado en muy pocas ocasiones.
En este caso, ahora, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón, considerando en su auto que Guinea Ecuatorial no tiene un sistema judicial en el que se pueda confiar, que la causa invocada sólo busca garantizar la impunidad de sus autoridades, y afirma por ello que nuestros tribunales tienen jurisdicción para continuar con la causa toda vez que la alegada causa en Guinea Ecuatorial no era más que una ficción para eludir la acción de nuestra justicia.
Es, sin duda, una resolución histórica.
¿Qué maniobras está buscando Guinea Ecuatorial para que no haya justicia y defender a sus autoridades?
Guinea Ecuatorial ha intentado todo tipo de maniobras.
Por ejemplo, ha presionado diplomáticamente a España, llamando a consultas a su embajador, sin entender que en España rige la división de poderes y la acción judicial nada tiene que ver con esos movimientos diplomáticos de presión.
La enésima maniobra fue precisamente la de tratar de activar una causa penal en su país que cerrara la acción de nuestros tribunales, maniobra que ha sido confrontada ahora por la resolución del Tribunal Supremo.
Por citar otro ejemplo, ya con esta causa penal abierta y como ya hemos mencionado, en el mes de octubre de 2023 yo mismo sufrí los referidos seguimientos en el centro de Madrid, mientras me reunía con las víctimas y querellantes de esta causa. El asunto trascendió en prensa y se sigue investigando.
