Desde hace 20 años muchas localidades aragonesas han visto cómo el saneamiento de sus aguas ha pasado de propiedad municipal a manos de la Diputación General de Aragón (DGA), o lo que es peor, a manos privadas, en muchas ocasiones influidos los consistorios por presiones de los antiguos gobiernos aragoneses.
Muchos de esos pueblos vienen pagando el impuesto de contaminación de aguas por unas depuradoras inexistentes, pues el órgano gestor, la DGA, decidió desviar parte de los 140 millones estatales destinados a la construcción de estas depuradoras a otras obras de mayor conveniencia.
Paradójicamente estas localidades, la mayor parte pirenaicas, se ven sin depuradora, sin posibilidad de gestionar la construcción de nuevas estaciones —pues la DGA es el órgano competente— y multadas desde el Ministerio de Medio Ambiente por no depurar sus aguas y contaminar los ríos. Todo, sin ser responsables del desvío de las partidas presupuestarias por parte de los anteriores gobiernos de Aragón.
Las afortunadas localidades que vieron cómo se construían nuevas depuradoras contemplaron atónitas cómo se sobredimensionaban obras, pues hay estaciones que podrían depurar las aguas de diez localidades; o se utilizaban las tecnologías más caras y, como consecuencia, el precio que en Aragón se paga por este servicio cuadriplica al de otros territorios. Además, sin poder intervenir, contemplaron cómo se entregaba en concesión estos servicios a empresas privadas, dotando a las mismas de pingües beneficios.
Es innegable que desde los anteriores gobiernos aragoneses se pensó en el agua como en un negocio y beneficiaron, como viene siendo costumbre, a grandes empresas constructoras y gestoras. Hoy, la sociedad aragonesa debe luchar por revertir estos desmanes reclamando la titularidad pública de un bien común como es el agua, exigiendo responsabilidades penales a los impulsores de esta estafa, y garantizando un ciclo integral del agua público, de calidad y no contaminante.
