En una semana decisiva para las políticas europeas de agrocombustibles, Ecologistas en Acción y las más de 30 organizaciones de la Coalición Clima han remitido una carta a los titulares de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López. Piden a los ministros que aboguen por un cambio de rumbo en el seno de Consejo de Europa (CE), que tenga en cuenta el impacto climático real de la producción de agrocombustibles y también sus efectos socioeconómicos.
Se espera que el Consejo de Europa (CE) consensúe una postura en los próximos días, mientras que el Parlamento Europeo votará y enmendará este miércoles la propuesta de la Comisión sobre las políticas de agrocombustibles. Posteriormente, las tres instituciones deberán negociar hasta alcanzar una posición común definitiva.
Las organizaciones firmantes muestran su preocupación por la última propuesta presentada por el Gobierno de Lituania, quien preside el CE en este semestre, al valorar que "no aporta soluciones para afrontar los graves impactos ambientales y sociales generados por la extensión del uso de agrocombustibles en la Unión Europea". La propuesta lituana no incluye en la contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los agrocombustibles las emisiones debidas a los cambios indirectos de uso del suelo (ILUC), "factor determinante para garantizar un impacto positivo climático de estos carburantes" apunta Ecologistas en Acción.
Basándose en algunas de las medidas tomadas por el Gobierno español recientemente para el mercado interno, como el fin de la exención fiscal a los agrocombustibles o una reducción sustancial en los objetivos obligatorios de consumo para 2013, la coalición insta al Gobierno a defender en el CE medidas con un sentido similar. Éstas serían: "Inclusión de factores ILUC obligatorios para asegurar que todos los impactos climáticos de los agrocombustibles se tomen en cuenta; reforzar y endurecer el límite a los agrocombustibles (aquellos que compiten por la tierra y con los cultivos alimentarios); promoción de alternativas verdaderamente sostenibles; y reducción sustancial del consumo energético en el transporte para 2020".
Coalición Clima insta al Gobierno a que apoye estas medidas en las negociaciones que durante la actual semana van a tener lugar en el Consejo Europeo, sumándose al conjunto de estados miembros decididos a corregir los errores de las políticas actuales de fomento de agrocombustibles, y priorizando los intereses de la ciudadanía, el medio ambiente y la soberanía alimentaria a nivel global.
Un sector sobresubvencionado que no cumple objetivos
La industria española de los agrocombustibles recibió cerca de 1.200 millones de euros anuales en forma de objetivos de consumo obligatorio y exenciones fiscales, a pesar de los pobres resultados del sector en la creación de oportunidades de empleo y desarrollo rural, mejora de la seguridad energética a nivel estatal y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La producción de carburantes de origen vegetal sigue realizándose mayoritariamente con materias agroalimentarias importadas, con los impactos negativos que eso supone para terceros países.
Así se concluye en un nuevo estudio titulado 'Biocarburantes - ¿A qué coste ? Una revisión de los costes y beneficios de las políticas españolas de biocarburantes'. Carece de sentido seguir apoyando esa producción con políticas y recursos públicos, como subraya Ecologistas en Acción a un día de una votación decisiva en el Parlamento Europeo.
“Pagamos demasiado por casi nada”
El informe, realizado por el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, toma 2011 como base de estudio para evaluar los costes y beneficios derivados de las políticas actuales en la materia. Ese año la industria española de agrocombustibles recibió entre 1.168 y 1.239 millones de euros en forma de de objetivos de consumo obligatorio y exenciones fiscales. Los primeros tienen un efecto al alza sobre los precios de los agrocombustibles en la Unión Europea (cuando se comparan con los precios medios en los mercados internacionales), que pagan los y las conductoras. Las exenciones fiscales, en cambio, suponen una pérdida de recaudación para las finanzas públicas, que pagan todos los y las ciudadanas en tiempos de recortes asfixiantes en el gasto social o ambiental. Esta cifra, al ser comparada con la contribución del sector al PIB de 426 millones de euros (según datos de la propia industria, APPA), lleva a la organización ecologista a concluir que desde un análisis económico convencional, se trata de un mal uso de los recursos públicos.
Más importante aún es que ninguno de los tres objetivos por los que la Unión Europea decidió impulsar el consumo de agrocombustibles se está cumpliendo: ni reducción de emisiones GEI, ni una mayor seguridad energética, ni oportunidades de empleo y desarrollo rural. Y es que el biodiesel supuso en 2011 más de cuatro quintas partes del mercado total de agrocombustibles, acaparando la mayor parte de las ayudas. El beneficio en la economía rural es casi inexistente si se tiene en cuenta que ese biodiesel se fabricó en más de un 95% a partir de materias primas importadas: soja argentina y palma de Indonesia. Además ambos casos presentan unas emisiones indirectas de GEI que anulan cualquier hipotético ahorro de emisiones atribuido a los agrocombustibles. De hecho, el estudio estima que, lejos de reducir las emisiones GEI, al considerar las emisiones generadas por los cambios indirectos de uso del suelo (ILUC), los agrocombustibles consumidos en el Estado español.
