La Fundación Franz Weber (FFW) ha anunciado el traslado de un escrito de advertencia al Ayuntamiento de Teruel sobre la convocatoria de un “espectáculo cómico taurino” previsto para el próximo 2 de julio “por ser contrario la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”.
La fundación naturalista fundamenta la advertencia en su misiva “en la Disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2 señala que: quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.
En 2023 tanto el Congreso como el Senado españoles ratificaban por mayoría esta enmienda “que prohibía de facto la convocatoria de los mal llamados espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia”, enfatizan desde la fundación.
Sin embargo, “ese mismo año el consistorio turolense avaló la realización de un evento de estas características en contra de las peticiones de colectivos que atienden a personas con diversidad funcional, como CERMI Aragón o ADEE”, recuerdan.
FFW considera “de extrema gravedad la participación de instituciones públicas en la publicidad del evento. El Ayuntamiento de Teruel, la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón aparecen con sus respectivas imágenes corporativas”. Se da la circunstancia de que la DGA es la administración competente en materia sancionadora en nuestro país, lo que añade preocupación en los naturalistas por los incumplimientos legales en Aragón.
El mismo evento fue suspendido en Andalucía hace un mes
Un evento idéntico fue suspendido hace poco más de un mes en Andalucía, pues “la Junta no otorgó autorización a esta actividad en el término municipal de Osuna -Sevilla- que se había anunciado para el 20 de mayo”, explican desde FFW.
“De esta forma, es todavía más extraño que el Gobierno de Aragón, con competencias en la materia, y el Ayuntamiento de Teruel, que aceptó la licitación con este tipo de actividades lesivas, vayan en dirección contraria al marco jurídico estatal”, concluyen desde FFW.