La Fundación Franz Weber ha cuestionado la medida de acceso gratuito de menores para el toro embolado en el término municipal de Teruel “por vulnerar hasta dos recomendaciones del Comité de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas”.
La convocatoria está apoyada por el Ayuntamiento de Teruel y posibilita la entrada sin coste de niños y niñas hasta los 12 años “donde podrán ver el sufrimiento del animal al que se le coloca una estructura y, posteriormente, se le prende fuego a los elementos inflamables de la misma”.
La Fundación Franz Weber recuerda que en 2018 el Comité de los Derechos de la Infancia pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto muy claro al respecto:
“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”.
En el mes de agosto de este mismo año el organismo de expertas y expertos de Naciones Unidas ha incluido una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el “Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia”:
“Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales”.
“En el caso concreto del entramado taurino la protección debería abarcar su participación en toda clase de convocatorias. Tan solo tres territorios: Galiza, Catalunya e Illes Balears establecen algún tipo de restricción de entrada a las plazas de toros”, indican desde la fundación.
Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, ha señalado que “nos preocupa el apoyo continuado del Ayuntamiento de Teruel a estas actividades. El ejecutivo está empeñado en promover la exposición a la violencia entre personas menores de edad y que, un reducido número de menores, otros puedan ejercer directamente esa violencia sobre los animales”. “Es evidente que, mientras la ciudadanía da la espalda de forma progresiva a la tauromaquia, algunas administraciones doblan o multiplican directamente su soporte institucional para mantenerla a flote”, concluye.