Las tragaperras pueden matar, apostar perjudica seriamente su salud, los locales de apuestas traen la pobreza a los barrios, o algo menos asertivo como busca una cancha de baloncesto y ve mejor allí podrían ser los nuevos anuncios que alerten del prejuicio de las apuestas en la población. La reciente medida anunciada por el Ministerio de Consumo, que obligará a los portales de apuestas online a mostrar advertencias claras sobre los riesgos que suponen, recuerda a las cajetillas de tabaco. La realidad será, seamos realistas, menos directiva que mis cábalas iniciales pero lo cierto es que estamos ante un paso más para acabar con la lacra que suponen las apuestas.
El 75% es la probabilidad que tiene la persona que apuesta de perder. Claro, en una partida; pero si esta se reitera a lo largo de varios minutos, horas, días y, como encontramos en terapia, años, las pérdidas son innumerables, y, en muchas ocasiones vienen acompañadas de préstamos pendientes o pequeños hurtos para hacer frente a la desesperación, fruto ya de una enfermedad de salud mental. Eso, si solo nos centramos en los números. Hablar de un problema de salud pública evidencia el despilfarro no solo monetario, sino también el descalabro físico, psicológico y social que supone en la persona que sufre una adicción cuando su tiempo y salario se los ha llevado el sector de las apuestas.
Ahora que, por mandato del poder ejecutivo español, los portales de apuestas online deberán mostrar advertencias sobre los riesgos de las apuestas; ahora que se eliminará aquello de “juego responsable”, deberemos comenzar a comprender que las apuestas ni son un juego ni nadie apuesta responsablemente, del mismo modo que nadie se droga sanamente. El mensaje que durante años han repetido las campañas empresariales posicionaba la responsabilidad en quien no podía dejar de consumir, convirtiéndose al mismo tiempo en un oxímoron. Cuco, espabilado, trilero, trapacero y con millones de los bolsillos de las y los apostantes invertidos en campañas publicitarias, el sector de las apuestas ya lleva años adelantándose, sustituyendo aquello de “juego responsable” por “juego sostenible”, intentando definir su propio negocio como algo que nunca les llevará a la crisis: equilibrado y propicio para el bien común.
El negocio del juego se alimenta de la vulnerabilidad. Se concentra en barrios populares, donde la precariedad convierte la ilusión de un premio en un anzuelo irresistible. Educa desde la adolescencia con cajas botín y videojuegos que difuminan la frontera entre ocio y apuesta. Y se enriquece a costa de arruinar vidas: solo en Aragón, en 2023, el beneficio empresarial superó los 11,6 millones de euros, mientras miles de familias enfrentaban el vacío económico y emocional que deja la ludopatía.
Si el Estado reconoce que el juego es un problema de salud pública, la respuesta no puede limitarse a la pedagogía. El lenguaje es nuestra manera de comunicarnos, es importante, y cómo llamamos a las cosas debe ser siempre por su nombre, con la finalidad de no generar confusión ni malentendidos. Hace falta regulación firme en todos los ámbitos competenciales: limitar locales, aumentar la seguridad en el acceso a los mismos (con especial atención a menores y personas autoprohibidas), erradicar las máquinas tragaperras de los locales de hostelería, ofrecer alternativas de ocio accesibles y, sobre todo, dejar de normalizar una actividad que no es ni segura ni responsable.
El hasta nunca al “juego responsable” no puede sustituirse: ha de ser un paso fundamental para la puesta en marcha de medidas efectivas. La verdadera apuesta que debería asumir nuestra sociedad no es la del azar, sino la de la salud, la educación y la justicia social, y es que no hay eslogan que compense una vida arrastrada por la ludopatía.
Las apuestas no son ni responsables, ni seguras ni sostenibles. Suponen un problema de salud pública y se utilizan como mecanismo de vía de escape ante las dificultades a las que la sociedad actual se enfrenta, desde la incertidumbre emancipadora de jóvenes y no tan jóvenes. Solo queda la vía de lo social: la red de apoyo, la desestigmatización de la salud mental desde la rutina hasta lo institucional, el posicionar al individuo en el centro, el dejar de salvar a empresarios, sectores y chupópteros de la salud para, con todas las herramientas, medios y leyes, poner siempre, de una vez por todas, la salud en el lugar que merece: segura y responsable.
