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Absueltos los dos jardineros acusados por el responsable de FCC de atentar contra su ideología y su intimidad

El juzgado avala la libertad de expresión y sindical de los jardineros, así como la comunicación de opiniones y críticas por parte de los sindicatos y sus afiliados, relativa al ámbito de su actuación, de modo que la libertad de expresión, tanto como al exterior como en el seno a la libertad sindical, es condición sine qua non para que los sindicatos puedan desarrollarse.
| 10 julio, 2019 10.07
Absueltos los dos jardineros acusados por el responsable de FCC de atentar contra su ideología y su intimidad
Concentración de la plantilla de FCC Parques y Jardines frente al Consistorio en marzo de 2019.

El responsable de servicios de FCC parques y jardines interpuso una demanda a varios integrantes del Comité de Empresa por “intromisión en el derecho a la intimidad, la libertad sindical y la libertad ideológica” donde solicitaba que se condenase a los dos jardineros a abonar una cuantía de 30.000 euros por daños y perjuicios “acreditando y adjuntado como prueba una copia de una grabación de la asamblea de trabajadores y trabajadoras, grabación que no fue autorizada por los presentes ni por los convocantes”.

El jefe de servicios admitió en su demanda que estaba afiliado a cierto sindicato, pero denunciaba como intromisión ilegítima que se revelara ese dato en la asamblea de trabajadores y trabajadoras y en un escrito que el Comité de Empresa envió al jefe de recursos humanos de FCC.

En el juicio celebrado el día 11 de junio, el jefe de servicios manifestó que estuvo en dicha asamblea y tomo notas de audio de la misma, todo ello sin que ningún testigo viera al responsable de la multinacional en dicha asamblea. En el juicio varios testigos testificaron que el responsable de servicios de FCC, en las elecciones sindicales parciales de la empresa, estaba repartiendo propaganda de un sindicato. Otro testigo manifestó que su encargado le había comentado que el jefe de servicios pertenecía a dicho sindicato, y a su vez el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, relató que el propio jefe del servicio le había contado que pertenecía a ese sindicato.

Su afiliación sindical llegó a conocimiento de la propia asamblea de trabajadores y al comité de Empresa. Tras entender que su afiliación sindical era pública y notoria, el juez ha sentenciado que “no puede considerarse que haya habido intromisión ilegítima de su intimidad por revelarse tal condición de afiliado”.

El director de recursos humanos de FCC Aragón y La Rioja manifestó también en el juicio, “que no tenía conocimiento de la afiliación de su jefe de servicio, pero que no habían sido alteradas sus funciones aunque pudiera afectar a su parcialidad”, en contra de la postura del jefe de servicio que demandaba haber sufrido daños y perjuicios profesionales.

Referente al escrito que el comité envió a la empresa, solicitando que en las reuniones no asistiera el jefe de servicios como representación de la empresa, la sentencia deja claro que “este hecho debe entenderse dentro de la actuación sindical del Comité de Empresa, razón por la cual la revelación de la afiliación no puede considerarse intromisión ilegítima al derecho a la intimidad del responsable de servicios de FCC parques y jardines”.

Según ha trasladado dicho comité, el juez defiende a los jardineros y avala que la comunicación de opiniones y críticas por parte de los sindicatos y sus afiliados, relativas al ámbito de su actuación, de modo que la libertad de expresión, tanto al exterior como en el seno del organización sindical, es condición sine qua non para que los sindicatos puedan desarrollarse.

Desde el comité de empresa siempre han defendido que “no ha habido intromisión alguna contra los derechos del responsable de FCC” y que todo esto viene enmarcado en un continuo conflicto que viene existiendo con la contrata, fruto del ejercicio de sus funciones en defensa de los intereses de las y los trabajadores, contrapuestos a los de la empresa.

El comité de empresa se reserva el derecho de ejercer las medidas legales, penales o administrativas que considere oportunas en defensa de sus intereses y de los trabajadores afectados.

10 julio, 2019

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