La empresa solicitaba para él una multa de más de 2.000 euros por coacciones, después de que le hubiese denunciado ante Inspección de Trabajo y otros organismos, pero "en la sentencia queda patente que el sindicalista ha obrado con la intención de proteger los derechos de los trabajadores para que se controlaran los horarios que se venían obligados a realizar", afirma OSTA.
Ni siquiera los compañeros que, según la denuncia de la empresa, se habían sentido hostigados o presionados, ratificaron ante la jueza estas supuestas coacciones. Por tanto, según el sindicato OSTA, la empresa “ha intentado criminalizar la acción sindical y se ha montado una farsa que solo se la ha creído ella”.
La sentencia señala que la conducta del sindicalista P.M.V., tras interponer varias denuncias en Inspección de Trabajo y ser despedido de la empresa, no tenía “ningún tipo de violencia ni agresividad” y había realizado su labor “mediante la utilización de cauces legales (como es la denuncia a la Inspección de Trabajo ante cuestiones objetivas, que además ya han determinado la imposición de alguna sanción a la empleadora)”.
La sentencia recalca que “no realizó actos ilícitos, no empleó violencia alguna, y siempre mantuvo las formas, tal y como reconocieron los trabajadores de la denunciante, pese a su vehemencia o firmeza en la defensa de los derechos de los trabajadores que como representante sindical viene llevando a cabo”.
Por todo ello, desde OSTA se felicitan doblemente, por la absolución y por el reconocimiento de la “firme defensa de los derechos laborales que está realizando su representante”, y esperan que “esto acabe por disuadir a las empresas del intento de criminalizar nuestra acción sindical, práctica que desgraciadamente está en auge”.
