Aumenta la agresividad del conflicto del COA ante "la inacción de la DGA"

Educadores en Lucha ha informando en un comunicado que "Intress ha ordenado prescindir de dos educadores por secundar la huelga del COA". "La entidad catalana, con la complicidad del Gobierno de Aragón, prima el escarmiento a los trabajadores del COA frente a la atención a los menores", denuncian

06 marzo, 2016. 20:09

Dos educadores del COA no salían de su asombro y estupor cuando el pasado miércoles el coordinador del centro les comunicaba que había recibido la orden directa de Intress, entidad que se encarga de la gestión educativa del Centro Observación y Acogida (COA), de no volver a contar con ellos.

"Estos dos educadores venían enlazando ininterrumpidamente contratos eventuales en el COA a lo largo de dos años, por lo que se habían convertido en una parte importante para el equipo y en un referente estable para los menores", afirma Educadores en Lucha en un comunicado. Al preguntar por las razones de esta decisión, "los trabajadores se han encontrado con el silencio por respuesta" ya que "la dirección de Intress ha comunicado esta decisión sin exponer motivo alguno y en contra del criterio técnico del coordinador del centro", añaden.

Según afirma Educadores en Lucha, ambos trabajadores "han cumplido siempre con profesionalidad en el COA sin que en dos años se haya dado ni un solo incidente de ningún tipo con ellos en lo referente a su desempeño laboral".

Esta realidad es tristemente conocida por los educadores sociales de Aragón. Contratos precarios, de sustitución que se alargan durante años que les dejan a merced de decisiones arbitrarias de las empresas gestoras. "Dado que no hay ningún motivo laboral para no seguir contando con estos educadores, que en el COA sigue existiendo la necesidad de contratar dos educadores de sustituciones y que se ha perjudicado con esta decisión la actividad educativa del equipo del COA (equipo que deberá contar desde ahora con educadores nuevos sin ninguna experiencia en el servicio ni vínculo con los menores)", Educadores en Lucha concluye que esta decisión responde a dos razones.

La primera, "atacar a la parte más vulnerable de trabajadores del COA como represalia por el mantenimiento de la huelga (secundada por el 100% de los trabajadores) y por recientes denuncias a inspección de trabajo de prácticas ilegales de INTRESS precisamente en la contratación de educadores eventuales". La segunda "empobrecer deliberadamente el trabajo y la práctica educativa en el COA y deteriorar este servicio, intentando presionar de este modo a los trabajadores".

Ante esta decisión de la empresa gestora, el Gobierno de Aragón, titular y responsable de la atención a las y los menores, "responde como de costumbre con su silencio cómplice, incapaz de valorar el perjuicio grave que causa a la atención educativa este tipo de decisiones", critica el colectivo.

Ante esta situación, los portavoces de Educadores en Lucha manifiestan: "No es creíble que el Gobierno de Aragón no este al tanto de esta decisión después de haber tenido una reunión con Intress el día 22 de febrero, tan sólo dos semana antes de que se ejecute. Parecería que pasada la presión electoral, Intress tenga vía libre para tomar represalias contra los trabajadores a cualquier precio, aunque esto sea a costa de que los menores del COA sean atendidos a partir de ahora con un equipo más inexperto e inestable. Queda muy claro el mensaje de la cabeza de caballo que entre Intress y el Gobierno de Aragón nos dejan en nuestra cama".

Los trabajadores eventuales del COA "ya habían sido castigados anteriormente por la empresa", que "está ordenando que trabajadores nuevos asuman los contratos de sustitución más largos mientras que relega a los trabajadores sustitutos con mayor experiencia a los contratos más precarios", denuncian en el comunicado.

Pero a Educadores en Lucha le sorprende aún más que Intress tome esta decisión, de dejar de contar con educadores de "contrastada experiencia y capacidad", cuando "en los últimos meses esta empresa en varias ocasiones ha sido incapaz de cubrir turnos de bajas puntuales de compañeros por no disponer de una bolsa de trabajo adecuada a un recurso residencial".

Educadores en Lucha interpreta esta decisión, "injustificable técnicamente pero si empresarialmente", como "una apuesta por parte de Intress y autorizada o alentada por el Gobierno de Aragón de aumentar la intensidad del conflicto". El equipo educativo ya ha puesto en conocimiento de la dirección del centro el "grave perjuicio para las y los menores del COA que supone esta decisión y la dinámica que inicia", aunque hasta la fecha "nadie ha conseguido que Intress rectifique o explique su decisión", lamentan.

Durante el año y medio de huelga indefinida, Educadores en Lucha recuerda que ha tenido "la rara prioridad de que los menores a los que se acoge en el COA no se vieran afectados por la huelga, primando su atención frente a acciones que aunque podrían beneficiar al colectivo podrían afectar negativamente a la atención de los niños y niñas del COA". "Hoy nos parece evidente que ni Intress ni DGA comparten con nosotros esta prioridad, y que han elegido, como muestra la no renovación de los dos compañeros, resolver la huelga del COA a través de la confrontación directa en lugar de la negociación", aseveran en el comunicado.

En este sentido, las y los portavoces del COA señalan a Intress y DGA como "únicos responsables de lo que suceda a partir de ahora". "Han elegido claramente el conflicto y la agresión en lugar de la negociación. Gracias a esta decisión estamos un paso más lejos de resolver esta huelga", apostillan.

Educadores en Lucha manifiesta "alto y claro" que a sus reivindicaciones originales se suma ahora y "en primer lugar" la readmisión de los dos trabajadores "represaliados". "En Educadores en Lucha no hay indefinidos o eventuales, sólo hay compañeros y compañeras. Si nos tocan a una nos tocan a todas", subrayan.

"Independiente de la estrategias para silenciarnos como colectivo Educadores en Lucha seguirá denunciando el maltrato institucional que en nuestra opinión el Gobierno de Aragón ejerce en muchos de sus centros de protección, de manera estructural y no puntual, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora", concluyen.

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