Con el dolor todavía en los ojos por el asesinato machista de Soroya en el zaragozano barrio de Miralbueno, la ciudadanía aragonesa tiene además que soportar la enésima salida de tono del Delegado del gobierno español en Aragón. Gustavo Alcalde, en declaraciones a agencias, afirmaba tras el asesinato machista de Soraya que “están realizándose las investigaciones oportunas. La policía determinará en los próximos días si ha habido algún tipo de contacto entre los dos, pero lo lógico en estos casos es que si la mujer hubiese detectado que él podía venir a Zaragoza lo hubiera comunicado a la policía”.
Señor Gustavo Alcalde, es ciertamente indigno intentar justificar lo injustificable. La última víctima del terrorismo machista en Aragón, Soraya, sí comunicó a la policía y a las administraciones públicas su miedo ante una situación de acoso machista. Tan es así, que el presunto asesino tenía una orden de alejamiento y no podía acercarse a ella a menos de 500 metros. Una orden de alejamiento decretada después de que el exnovio y presunto asesino fuese detenido en Zaragoza, el pasado 5 de febrero, cuando Soraya llamó a la policía alertando de que al llegar a su casa se había encontrado a su expareja dentro de su domicilio.
Han fallado los controles de las administraciones públicas, y usted Gustavo Alcalde, es el máximo responsable del orden público en Aragón. Quizá en lugar de intentar justificar los errores propios descargando su responsabilidad en la víctima hubiera bastado con una disculpa, y el compromiso -siquiera de cara a la galería- de reforzar las medidas para evitar nuevos casos como el de Soraya.
Pero como digo, llueve sobre mojado. El señor Gustavo Alcalde ha jalonado su mandato con numerosos episodios represivos injustificados, para recordar los más sonados basta con echar un vistazo a la hemeroteca y comprobar que ha conseguido soliviantar a todo tipo de colectivos ciudadanos.
Nueva oleada de solicitudes de cese del Delegado del gobierno español en Aragón
Desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza se solicita la dimisión de Gustavo Alcalde “por justificar las insuficientes medidas para evitar el asesinato machista de Soraya”, calificando sus declaraciones como “inaceptables”.
Por su parte IU Aragón se suma a las voces que “exigen la dimisión de Gustavo Alcalde tras el asesinato machista de Soraya Gutiérrez”, y explica que “este asesinato machista podría haberse evitado de haberse puesto en práctica las medias de protección adecuadas, porque, cabe destacar, la víctima denunció a principios de mes a su verdugo por detención ilegal y, tras el juicio, tenía una prohibición de comunicación y aproximación de 500 metros durante 4 años”. Añadiendo que “nos produce estupor que el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, justifique las medidas de protección tomadas basándose en los kilómetros que separan Valladolid, localidad de la que el asesino era vecino, de Zaragoza”, asevera la portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, para advertir que en cuestión de violencia machista “no se debe dar nada por supuesto y se deben tomar todas las medidas necesarias para la completa seguridad de las víctimas de esta lacra social”.
Para Luquin, la única manera de acabar con las violencias machistas hacia la mujer “es considerando su lucha como cuestión de Estado, ya que tienen que ver con nuestra sociedad patriarcal y con códigos sociales adquiridos en procesos de socialización y de educación. Ayer condenamos el asesinato de Soraya pero ha terminado el tiempo de los minutos de silencio, porque es el momento de pasar a la acción, de tomarse esta lucha en serio para evitar sucesos como el ocurrido en Zaragoza y un buen paso sería aprobar una ley autonómica en esta materia”, concluye.
También Zaragoza en Común se une a la petición de cese de Gustavo Alcalde, y en las redes sociales hacían pública su postura: “Nos sumamos a la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza y exigimos cese del delegado del gobierno en Aragón tras el asesinato machista de Soraya”.
Desde Chunta Aragonesista, por boca de su Secretaria General, Carmen Martínez Romances demandan “el cese del Delegado del Gobierno en Aragón tras el nuevo caso violencia machista en Zaragoza”. Martínez Romances afirma que “las decisiones tomadas para preservar la seguridad de este mujer han fracasado y el máximo responsable político es el Delegado del Gobierno", por lo que entiende que “el Delegado del Gobierno en Aragón debe asumir las responsabilidades políticas y dimitir o que los responsables de su nombramiento, el Gobierno de Rajoy, le cesen”.
"Se ha producido un evidente fallo en las medidas de protección para la víctima, dado que existía una denuncia previa y que el asesino tenía una orden de alejamiento. Sin embargo las medidas adoptadas para proteger su vida han resultado insuficientes y en democracia hay que asumir responsabilidades políticas cuando además estamos hablando de vidas humanas, de una muerte que se podía haber evitado tomando las medidas adecuadas", explica la Secretaria General de CHA.
Asimismo, CHA considera que la violencia machista “tendría que tener ya la consideración de ‘cuestión de Estado’ y se compromete a seguir presentado cuantas iniciativas políticas sean necesarias para denunciar estos hechos, reclamar medidas para trabajar en su erradicación, conseguir su aprobación y puesta en marcha”.
También Puyalón ha mostrado su repulsa ante el asesinato machista de Soraya, y en las redes sociales afirma que “Gustavo Alcalde no puede seguir. Los errores han permitido un asesinato machista”, y exigen “soluciones, no justificaciones”.
Al aluvión de voces exigiendo el cese de Gustavo Alcalde, se ha unido también Podemos Aragón, por boca de una de sus diputadas en las Cortes de Aragón, Erika Sanz, que afirmaba que “Esto es inadmisible. Quien culpabilice a las mujeres que sufren maltrato debe ser cesado. Basta ya!!”, o también de su Secretario General, Pablo Echenique, que se cuestionaba que “si el delegado del gobierno ha dicho esto -en relación a las declaraciones de Alcalde-, espero que sea cesado inmediatamente. Inaceptable”.
Por su parte la Asociación de Mujeres Amparo Poch también exige la dimisión de Gustavo Alcalde como Delegado del Gobierno en Aragón, y cuestiona “las decisiones tomadas desde la Delegación del Gobierno, como máxima responsable en Aragón de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en relación en lo referido al nuevo caso de violencia machista ocurrido ayer en Zaragoza”.
Consideran que “es inadmisible que una mujer amenazada, que puso la correspondiente denuncia y le decretaron al maltratador la orden de alejamiento correspondiente, 15 días más tarde haya sido asesinada y su caso fue calificado como de ‘riesgo leve’, según se ha expuesto, públicamente, por parte de los responsables policiales. Lo mismo que no dudan el culpar a las víctimas cuando no han puesto denuncia , nosotras tampoco dudamos de que el Delegado del Gobierno también tiene que asumir las responsabilidades políticas correspondientes al no dar la protección real necesaria a la víctima de este nuevo caso de violencia machista”, explican desde la Amparo Poch.
"Queremos que se acabe el silencio, tenemos que romper el silencio, ese silencio en el que se envuelve el machismo para dar normalidad el maltrato. Recordamos que según los datos oficiales de la macroencuesta del año 2015 de ‘Violencia contra la Mujer’, realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sabemos que el 44% de las mujeres que no denuncian no lo hacen porque la violencia sufrida no es lo suficientemente grave según su criterio, ‘me pega lo normal’, al menos el 21% de las mujeres que no interponen denuncia lo hacen por vergüenza y el 27% no lo hacen por miedo. El silencio es miedo, el silencio es vergüenza, el silencio es distancia y sobre todo el silencio es pasividad. Todo esto solo lleva a más violencia porque el silencio mata más que los golpes”, denuncia esta asociación.
Desde la Amparo Poch concluyen afirmando que “el silencio es cómplice de las Violencias Machistas y frente a eso hay que exigir el cumplimiento íntegro de su condena con la aplicación siempre del agravante del artículo 22.4 del código penal, imposibilidad de suspensión de la condena y pérdida de todo derecho a cualquier beneficio penitenciario de modo preceptivo. Hay que exigir la difusión pública de la identidad del maltratador así como su imagen y la condena impuesta”.
Por último, hasta el momento, también el PSOE a través del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, y en palabras de Lola Campos, responsable del Área de Mujer y Acción Social, señala que “este crimen es doblemente doloroso, porque la víctima había denunciado al agresor, que había sido condenado este mismo mes de febrero, pero no había entrado en prisión por ser una primera condena. Se anima a las víctimas a denunciar y cuando lo hacen el sistema parece no tener los recursos suficientes para protegerlas. Esto es algo que hay que corregir sin demora”.
“Lamentablemente el asesinato de Zaragoza debe hacernos reflexionar desde este punto de vista y desde otros derivados de las fases posteriores a la denuncia. Hay circunstancias añadidas que lo hacen más preocupante. El Gobierno del PP no ha desarrollado todas las medidas contempladas en la Ley contra la Violencia de Género. Los recortes también llegaron a este capítulo, como si fuera un gasto prescindible”, añade Campos.
Desde el PSOE insisten en pedir “una respuesta clara, contundente e inmediata contra este tipo de violencia. Más voluntad política y condolencias a posteriori. Desde hace casi dos años los socialistas reclamamos un gran pacto de Estado social, institucional y político. El maltrato es un tema complejo que requiere soluciones complejas y coordinadas. Pero rápidas, decididas y eficaces”.
“En la lucha contra la violencia machista se necesita mayor prestación económica en la protección para, entre otras cosas, aumentar las unidades de valoración de riesgo en los Juzgados. Precisamente un servicio que podría haber ayudado a Soraya Gutiérrez”, explica Lola Campos, que también indica que “por eso mismo, erradicar esta lacra debe de ser una prioridad” para el nuevo gobierno del estado español, y concluye afirmando que “en el Ayuntamiento de Zaragoza es tema de primer orden desde hace años, dentro de las nulas competencias de los ayuntamientos en la materia”.
