CAI, caso abierto

A finales de 2015 se conocieron las peticiones fiscales y de la acusación particular contra tres altos directivos de la desaparecida Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI)

04 enero, 2016. 12:16
Concentración de la PAH en una oficina de la CAI. Foto: Pablo Ibañez (AraInfo)

Tres años por parte de la fiscalía para el exdirector general, Tomás García Montes, el exdirector en Madrid Javier Alfaro y el exsocio de la caja en Andalucía para los negocios inmobiliarios, Ramón Marrero, además de una fianza solidaria conjunta de 18 millones de euros.

La acusación particular, por otro lado, eleva las peticiones de pena hasta los 16 años. Todo ello quedando pendiente aún una posible ampliación de querella a otros antiguos responsables de la entidad por motivos que no sólo sean las acusaciones de administración desleal.

Hasta aquí nada demasiado nuevo, partiendo de la idea de que la cárcel en sí no es sino un castigo que nada hará por esclarecer a fondo la desastrosa gestión de una entidad con más de un siglo de historia que se fue al garete en diez años.

Si bien la trayectoria de estos tres personajes, que se pegaron viajes de lujo con sus familias a cuenta de la entidad o compraban viviendas al precio que ellos mismos fijaban, es de evidente ilegalidad, la política de desinversión que llevó a la CAI a su absorción a marchas forzadas por Ibercaja es algo mucho más complejo.

Parte de esa complejidad se hizo patente en una comisión de investigación de las Cortes aragonesas que terminó su labor en noviembre de 2014 con escasos resultados prácticos. En este caso se cumplió el topicazo de si quieres que algo no funcione crea una comisión.

Parece evidente, a la vista de la realidad, que el expolio de la CAI no sólo fue grande, sino que se llevó a cabo a velocidad de vértigo. De ello cabe además deducir que el control público de la situación fue nulo.

Pero hasta el momento todo lo que podemos hacer es especular sobre varias situaciones.

Por un lado sobre el agujero económico de la caja. Se supone que el agujero es multimillonario, pero parece que Ibercaja se ha ocupado de manejar todo con absoluta discreción. No han trascendido datos a los medios más allá de unos 1400 millones de euros en pérdidas, sin que se especifique si es una cifra total, a qué afecta exactamente y en qué se esfumaron.

En cuanto a tribunales, de momento sólo se conoce el procesamiento de estos tres antiguos directivos. No hace falta ser un genio de las finanzas para deducir que tenía que haber decenas de personas al tanto de lo que estaba sucediendo, aunque no formaran parte de la ejecutiva.

Los millones se movieron en inversiones de alto riesgo. Dicho sea de paso, dinero que era de ciudadanos y empresas que ignoraban esas inversiones.

Aunque ahora se eche la mayor parte del “marrón” a CAI Inmuebles no parece lógico que se pudieran engañar a las auditorías internas, los diferentes organismos ejecutivos y consejos de dirección. Siendo un poco mal pensado igual también se puede deducir que si no ponían la solución era porque formaban parte del problema. Todos trincamos, pues todos callamos.

Queda el apartado de las instituciones públicas de control, que parece se han ido enterando de todo lo que sucedía tarde y mal.

Finalmente hubo comisión de investigación y las conclusiones de la comisión fueron a la Fiscalía, pero son de sentido común: sobreexposición al riesgo, inversiones en la burbuja inmobiliaria y falta de control interno. También determinó que se había acumulado un poder excesivo en la estructura directiva, así ya de paso se quitan parte del problema de encima en lo que compete a la gestión pública.

Lo que llama la atención es que, por ejemplo, hasta finales de 2007 el Banco de España no advirtiera nada con datos tan evidentes como que el riesgo crediticio multiplicaba por tres lo considerado idóneo.

A esto hay que sumar que las cuentas de la CAI deberían haber sido controladas aparte del Banco de España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las empresas de tasación, las agencias de calificación y las auditoras. Eso y que el propio Gobierno de Aragón tenía numerosos negocios con la caja da un espectáculo poco edificante al que no son ajenos partidos o sindicatos que tenían representantes en la desaparecida institución financiera.

Lo que sí está claro es que, de momento, el cadáver de la CAI no lo quiere mover nadie demasiado. Su tufo podría llegar demasiado lejos.

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