Potenciar el papel de la capital aragonesa dentro de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, y trabajar de la mano de entidades a nivel territorial como RAPA son dos de los objetivos que la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, se ha marcado como prioritarios para conseguir una mejor gestión pública del agua. Asimismo, durante la reunión de trabajo que han mantenido este miércoles los representantes públicos con estos organismos, ambas partes han manifestado su intención de que Zaragoza se adhiera al Pacto Social por el Agua.
“El agua debe entenderse como un bien común y su acceso como un Derecho fundamental”, ha señalado el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien también ha destacado que la sociedad civil juega un papel fundamental en la capital aragonesa para conducir la gestión del agua hacia un objetivo de sostenibilidad económica, social y ambiental; y distanciarse del peligro de las dinámicas privatizadoras de un bien básico.
En este sentido, la concejala Teresa Artigas ha querido dejar claro que desde su área siempre se buscará la gestión pública al 100% del recurso, así como potenciar la ciudad dentro de la red estatal de AEOPA y trabajar con el resto de municipios y organizaciones sociales, ecologistas, académicas sindicales y operadores de agua y saneamiento que persigan los mismos principios de sostenibilidad.
El Pacto Social por el Agua, que cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones, persigue que se definan y acuerden los fundamentos y reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Además, busca cumplir tres objetivos generales: frenar la privatización de los servicios en los pueblos, conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua e impulsar un modelo trasparente y participado.
Los principios básicos del pacto por el agua pública contemplan, además de que los servicios de agua sean siempre públicos al 100%, la generación de empleo, que la garantía de acceso a este recurso esté considerado un derecho, de forma que se asegure una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en caso de impago.
El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras.
Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y “participación ciudadana efectiva”, previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea y española.
