Esta semana, el sindicato ANPE criticó duramente una nota en la que FAPAR respalda una iniciativa de Europa Laica que pide a las familias no elegir la asignatura de religión en las escuelas públicas.
Respecto a la crítica de ANPE, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), que participa en la campaña de Europa Laica, entiende que la enseñanza de "dogmática religiosa" debe salir de las escuelas. "En tanto no se alcance dicho objetivo, somos partidarios de la reducción al mínimo posible de su horario lectivo", cosa que reclaman "desde este mismo momento al nuevo gobierno aragonés que se forme para que, aprovechando la paralización prometida del currículum de Secundaria y Bachillerato, revise a la baja la carga lectiva asignada a la religión".
"Y en tanto dicha materia se mantenga -continúa MHUEL-, llamamos a las y los estudiantes con capacidad de elección o a sus padres y madres, en otro caso, a decantarse por otras materias". "Así pues, saludamos la nota emitida por FAPAR", subrayan.
Un medio de prensa titulaba que “la religión vuelve a enfrentar a padres y profesores”. "Nada más lejos de la realidad", replica MHUEL recordando que los sindicatos de profesores que han manifestado públicamente su posición favorable a la salida de la religión del currículum obtuvieron en Aragón 87 delegados sobre un total de 89 en las últimas elecciones sindicales.
"Los últimos datos publicados sobre matrícula en religión católica en los centros públicos indican que sólo es elegida por un 10% de los estudiantes de Bachillerato y un 30% de los de Secundaria. La idea de que la escuela ha de ser lugar de comunión -participación en lo común- y no lugar de segregación por motivo de creencias va generando consensos cada vez más amplios", asevera el Movimiento Hacia un Estado Laico.
Por último, MHUEL critica que el coste del profesorado seleccionado por los obispos para impartir religión asciende en Aragón "a cerca de diez millones de euros cada año". "Entendemos que quien establece el currículum y selecciona y controla el profesorado, debe asumir su coste liberando así recursos asignables a necesidades educativas de carácter general", concluyen.
