EQUO Aragón ha anunciado que centrará sus propuestas dirigidas hacia la conversión ecológica de la economía en la relocalización económica mediante el avance hacia unas economías locales eficientes, la recuperación del principio ecológico de proximidad, el apoyo a la constitución de asociaciones y cooperativas de producción y consumo de productos ecológicos, el apoyo a PYMES autogestionarias y dirigidas a mercados locales, comarcales o regionales y la defensa del pequeño comercio a través de políticas compensatorias y formativas.
Además, promoverá sistemas de intercambio locales mediante la creación de sociedades de intercambio de bienes y servicios, con apoyo consistorial en cuanto a medios, infraestructuras y recursos. Nuevas formas de trabajo que incluyan la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas en el ámbito de la Administración Autonómica –con un fin ejemplarizante con respecto al sector privado- y reparto del trabajo en todos los ámbitos.
También anuncia un impulso de una fiscalidad ecológica como herramienta de la política ambiental municipal mediante la elaboración de ordenanzas que otorguen objetivos a las tasas públicas e impuestos autonómicos, legislación sobre criterios sostenibles y solidarios en la que no haga recaer todos los esfuerzos sólo en la ciudadanía, que implique a las instituciones competentes y que incluya una renta básica universal para la ciudadanía. contratación administrativa de bienes y servicios, así como el establecimiento de un sistema de cuentas ambientales y de cálculo de la huella ecológica.
Así mismo, apoyarán la creación de empresas responsables desde el punto de vista medioambiental y social, así como a la reforma en dicho sentido de las empresas ya existentes.
Además promoverán la creación de una renta básica universal desde la consciencia de que, actualmente, las comunidades autónomas carecen de la suficiente autonomía fiscal y presupuestaria, por lo que deben incidir sobre la Administración del Estado par que establezca las reformas necesarias. Asimismo se propone una acción coordinada con el resto de administraciones autónomas, una mejora en el sistema de rentas mínimas garantizadas y un estudios de viabilidad de fórmulas intermedias hacia la renta básica que tengan en cuenta los sectores de población más vulnerables.
