La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Aragón (FAPAR) solicita a los políticos con representación en las Cortes aragonesas que insten al Gobierno de Aragón a crear una "Comisión Bilateral entre Estado y Aragón", respecto a la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
FAPAR solicitó esta iniciativa el día 4 del corriente mes, al igual que ya lo hiciera el País Vasco, en septiembre del pasado año, según publica el BOE en el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad en relación a la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
Esta Comisión nacería con el objetivo de mejorar la calidad educativa y detener las libres competencias que se está adjudicando esta Ley Orgánica invasiva que podría destrozar la educación de Aragón.
Lo que se pretende es un acuerdo, ya que las partes (LOMCE y Gobierno del Estado) discrepan en varios puntos, convirtiendo esta Ley en inconstitucional y, por tanto, “debería ser derogada” según afirma FAPAR en una nota de prensa.
Se busca una conformidad para evitar una sentencia del Tribunal Constitucional contra la LOMCE, y de esta manera, según alega FAPAR, darían la razón a aquellos que “hemos afirmado que la misma era inconstitucional y exigimos su derogación”.
En el caso de País Vasco, las pretensiones de la LOMCE llegan al punto de irrumpir las competencias en educación del Gobierno vasco.
Los puntos se centran en lo referente al uso y facilidades para adecuación de la lengua cooficial; a los criterios de admisión de alumnos y alumnas a los estudios medios y superiores, y que las Administraciones educativas sean las que determinen el modelo para gestionar centros públicos, entre otros. En los casos en que esto se vea vulnerado, será la LOMCE la que abordará las competencias propias del Gobierno.
Respecto a Aragón, según declara la Federación, son los derechos de las y los ciudadanos aragoneses los que están siendo olvidados en varios puntos:
- Al aprobar la LOMCE sin presentar recurso de inconstitucionalidad y no proteger las competencias educativas de las CCAA.
- Ya habiendo comprobado que esta Ley invade estas competencias territoriales y, aun así, concederle al Gobierno del Estado una capacidad de legislación que no debería tener, según la Constitución española.
- Cuando renuncia a negociar con el Ejecutivo para preservar esas competencias educativas.
- Cuando favorece que esta Ley Orgánica “destroce la educación de Aragón más de lo que lo hacen ya sus propias políticas...” renunciando a impedir que la LOMCE “modifique gravemente la normativa de participación y autonomía en el gobierno de los centros educativos, algo que el acuerdo bilateral sí impide el País Vasco”.
