El pasado jueves, 29 de octubre, grupos ecologistas mantuvieron una reunión con la Directora General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón a la que pidieron apoyo para conseguir "una verdadera política de transparencia en la información ambiental" y "medios para la participación real de estas organizaciones en más de 50 consejos y patronatos en los que tienen representación".
Tras la reunión, las organizaciones ecologistas manifestaron su "decepción" ya que "lamentablemente no encontramos respuesta satisfactoria, remitiéndonos a la futura Ley de Transparencia todavía en fase de borrador", denuncian.
El conjunto de grupos ecologistas representados en el Consejo de Protección de la Naturaleza, habían solicitado una reunión con la Directora General de Participación Ciudadana para "trasmitir la problemática en la que nos vemos inmersos" como consecuencia de lo que consideran "deficiencias y falta de transparencia".
A lo largo de las dos horas de reunión, las organizaciones plantearon varios problemas y sus propuestas para solucionarlos. A juicio de los colectivos la participación no se favorece si los horarios de reunión son incompatibles con la mayoría de horarios laborales, si no se establece un sistema permiso laboral y si ni siquiera se pagan los gastos de kilometraje.
Además, creen que debe existir un "sistema claro" de elección de representantes. "Cada órgano arbitra un procedimiento diferente y por tanto no se facilita un proceso democrático", lamentan.
También proponen que el acceso a planes y proyectos sea por vía digital para evitar desplazamientos, horarios y condiciones que "hacen imposible su estudio".
Por último, critican la "impermeabilidad de acceso a información en algunos organismos públicos", como por ejemplo "el Instituto Aragonés del Agua del que se desconoce la gestión de cerca de 170 millones recibidos como subvención para el Plan de Mejora de la Calidad del Agua, las empresas adjudicatarias de obras y asistencias técnicas, así como las depuradoras de purines a construir o construidas y su eficacia".
"La solución a lo que hemos planteado no puede ser esperar a la aprobación de la futura Ley de Trasparencia. La solución es un cambio de voluntad política que potencie la participación real y una gestión pública transparente", concluyen.
