
Las y los trabajadores del Centro de Observación y Acogida (COA), gestionado por la Fundación de Ayuda Integral al Menor (FAIM), continúan con sus movilizaciones, que comenzaron con una concentración el lunes 20 de octubre, en respuesta a los pliegos publicados por la DGA el pasado 3 de octubre y en defensa de los derechos de las y los menores.
En apoyo a las reivindicaciones de las y los educadores del COA, el portavoz municipal de IU, José Manuel Alonso, presentará este viernes una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para que inste a la DGA a la retirada de la convocatoria de contrato de servicios de los Centros de Protección de Menores.
Tras el pleno municipal, a las 12.00 horas, la plantilla del COA y todas las personas que se adhieran a su reivindicación realizarán una movilización en la plaza del Pilar con el lema 'Niños silenciados, niños olvidados'. En esta concentración "nos vendaremos los ojos y amordazaremos la boca para representar el olvido y el silencio que sufren los menores en el sistema de protección del Gobierno de Aragón", explican desde el COA.
Representantes del comité de empresa del COA acudirán hoy al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).
Educadores en lucha por la dignidad de las y los menores
En un comunicado, las y los educadores recuerdan que el COA es el primer sitio al que llegan aquellos niños y niñas (con edades entre 6 a 18 años) que sufren un maltrato, abandono, precariedad económica, abuso sexual, desamparo, enfermedad mental, problemas de conducta, o aquellos que se encuentras solos. "Se convierte en ese momento en su casa y, durante su estancia, la DGA es la responsable de su bienestar y de su desarrollo integral como personas", señalan.
La gestión de este centro, como de otros muchos, está en manos de entidades privadas. El modo en que estas empresas adquieren la gestión de dichos centros es a través de los concursos públicos que abre el Gobierno de Aragón cada cierto tiempo. El 3 de octubre se publicaron los pliegos de condiciones para gestionar los centros de protección de menores de Aragón.
En este sentido la plantilla del COA denuncia un recorte encubierto en presupuesto y en personal. "Se proporciona la misma cuantía económica que hace 4 años, pero se obliga a la empresa a hacerse cargo de todos los gastos derivados de vestido, calzado, farmacia, desplazamientos, material escolar, actividades de ocio, transporte, campamentos, propinas y etc.", apuntan. Gastos de los que hasta ahora se hacía cargo la DGA y, ahora, "se desentiende por completo".
Por otro lado, los y las educadoras tienen que asumir nuevas funciones antes realizadas por el personal de DGA. Además, según el pliego, se recorta el número de educadores de atención directa. Sin embargo, en las huelgas generales de 2010 y 2012, los servicios mínimos marcados por el Gobierno de Aragón en el COA fueron del 100% de la plantilla.
Desde el COA advierten que el recorte presupuestario, el aumento de las funciones y la disminución del número de educadores supondrá "un déficit muy grave en la calidad y cantidad de atención a los niños y niñas" y pondrá en riesgo su protección.
El temor de las y los educadores a no poder garantizar la integridad, seguridad y una buena atención a los niños y niñas, les ha llevado a denunciar este hecho públicamente y a presentar alegaciones a estos pliegos.
"Que nuestras instituciones: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Fiscalía de Menores y Justicia de Aragón, no se olviden de que ellos son los responsables de proteger y garantizar los derechos de todos los niños y niñas aragonesas y, en especial, los de aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable y precisan su inclusión dentro del Sistema de Protección de Menores", asevera el comunicado.
Por todo esto, exigen al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, la paralización y corrección de los pliegos de condiciones del COA y del resto de recursos, el aumento de la partida presupuestaria, el aumento del número de educadores de atención directa, que los gastos de manutención de los niños y niñas sean asumidos por las instituciones públicas y que el Gobierno de Aragón cumpla con la legislación vigente, en la que se dicta que los presupuestos para la atención y protección de menores no pueden recortarse bajo ningún concepto -Artículo 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón-.
El 22 de octubre dos miembros del comité de empresa ofrecieron una rueda de prensa junto a Izquierda Unida donde explicaron qué es el COA y el porqué de su lucha.




