VILAWEB | ERC, ICV y la CUP han pedido en el gobierno catalán que mantenga la votación del 9 de noviembre por más que haya una impugnación por parte del gobierno español y la consecuente suspensión por parte del Tribunal Constitucional. El gobierno español ha activado el mecanismo para impugnar la nueva consulta; Rajoy ha pedido al Consejo de Estado el dictamen preventivo previo a la impugnación del conjunto de actuaciones que ha preparado la Generalitat de Catalunya para el llamado "proceso de participación ciudadana".
Hoy por la mañana la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la coordinadora de ICV, Dolors Camats, y el diputado de la CUP Quim Arrufat han hablado en RAC-1. "El 9 de noviembre tenemos que salir de casa y hacer una demostración de fuerza otra vez. Están a punto de impugnarnos el pensamiento. Ya no sé qué harán", ha dicho Rovira.
Camats ha señalado que había que mantener la movilización: "No sabemos qué llegarán a impugnar. El día 9 hace falta una movilización ciudadana espectacular". Y ha añadido: ''La persecución del gobierno español tiene una intencionalidad política. Cuando hablamos de proceso participativo incluso el gobierno español se muestra implacable demuestra que no es un problema jurídico sino de persecución política".
Y Quim Arrufat ha pedido: "Tenemos que estar preparados para la desobediencia civil. Hay que llegar a la puerta del 9N con suficiente despliegue logístico para desafiar la prohibición del estado". Impugnar la consulta no es tan fácil, ha dicho también Arrufat. "Que no baje del carro el govern a las primeras de cambio", ha recalcado.
El movimiento de Rajoy
Por su parte, Mariano Rajoy ha pedido que el dictamen sea enviado "con carácter de urgencia" porque se pueda autorizar, si procede, el acuerdo de impugnación al consejo de ministros de viernes.
La vice-presidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer que su gobierno consideraba que la consulta alternativa era contraria a la constitución española y que perjudicaba los derechos de las y los catalanes. "No tiene ni una sola garantía democrática —dijo—. Nuestra obligación es que se cumpla la ley y proteger los derechos de los ciudadanos".
La impugnación podría forzar el Tribunal Constitucional español a hacer otro pleno extraordinario, como el que convocó para resolver en pocas horas el recurso del ejecutivo de Mariano Rajoy contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta original.
El Tribunal Constitucional español no tiene convocado ningún pleno esta semana, y el de la semana entrante, 4, 5 y 6 de noviembre, es muy pocos días antes del 9N.
La semana pasada el ejecutivo español ya encargó a los servicios jurídicos del estado que elaboraran un dictamen sobre los pasos que el gobierno de la Generalitat había hecho para el nuevo 9N con objeto de explorar la posibilidad de impugnarlos en el Tribunal Constitucional.
Este documento es la base de la impugnación que ahora estudiará el Consejo de Estado, el mismo organismo que ya avaló por unanimidad —también en una reunión extraordinaria y de urgencia— el recurso que el gobierno español interpuso contra el primer 9N.
El ejecutivo de Rajoy parte de la premisa que la Generalitat pretende sustituir "un proceso ilegal por uno de todavía más antidemocrático" y "descargar la responsabilidad de la consulta en los ciudadanos".
