La Plataforma Stop Desahucios ha informado de la suspensión del desahucio previsto para este jueves de David y Pilar y sus hijos de 8 y 15 años, una familia que vive desde 2011 en una vivienda del barrio Oliver, situada en la calle Miguel Artigas número 58, propiedad de fincas Atlanta quien le alquiló su vivienda con el nombre de la Sociedad Montemayor Negocios.
"Hoy miércoles al medio día hemos tenido conocimiento de que la Juez del Juzgado de Primera Instancia 19 ha suspendido el desahucio previsto para mañana 16, para que el Gobierno de Aragón -resuelva a través del convenio DGA, FAMCP y CGPJ- una solución a la familia. Finalmente Fincas Atlanta ha aceptado la entrada de la familia en el Convenio, lo que ha hecho posible que la juez tomara esta resolución", explican desde la Plataforma.
David pagó regularmente sus recibos hasta que tras perder su trabajo y agotar las prestaciones de desempleo en marzo de 2014 no pudo seguir pagando. No dispone de ingresos en este momento por estar esperando desde febrero de 2014 el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Como en el caso de Irene -desalojada de su casa de Santa Isabel el pasado jueves-, cumplen con los criterios establecidos por la administración para ser realojados a través del convenio.
Ante estos hechos la plataforma Stop Desahucios había convocado una concentración de apoyo para impedir el desalojo que ahora, tras conocer la noticia de la suspensión, ha cancelado.
Situación crítica para cientos de familias
Stop Desahucios denuncia la situación de indefensión de cientos de familias en Aragón ante los desahucios. "Mañana la Comisión Judicial no acudirá a casa de David pero si lo hará al resto de familias que lleve en su lista, y eso día tras día formando una interminable lista de desahuciados abocados a la exclusión social", denuncian para añadir: "¿Cómo es posible que las medidas que se toman desde aquellos con capacidad y competencia para resolver dependan de los propietarios, sean bancos, particulares o inmobiliarias? Cuando hablamos de cientos de familias seguramente nos quedamos cortos".
A fecha de octubre la DGA ha recibido desde el verano pasado 2.400 solicitudes de vivienda de alquiler social, de ellas unas 190 son de personas que consiguieron la dación en pago y no tienen solución habitacional, todos estos no entran en el convenio al no ser desahuciados. "En este caso se encuentra nuestro compañero Isaac que consiguió la dación en pago y que se paralizara su desahucio con el apoyo y la lucha de sus compañeras de Stop Desahucios. Y en cualquier caso el número de viviendas para el convenio es cero", critican.
"No nos cansaremos de decirlo se debe de legislar y hacerlo ya. Una legislación que contenga al menos una moratoria de los desahucios, la dación en pago retroactiva y un parque público de viviendas suficiente dotado de las viviendas vacías de la banca rescatada y la SAREB", concluyen.
