La CUP ha hecho públicas sus "reflexiones, consideraciones y compromisos" ante el escenario actual del proceso hacia la consulta independentista de Catalunya del 9 de noviembre.
La CUP afirma que "no ha diseñado la concreción institucional de este proceso ni ha estado de acuerdo con su plasmación concreta, aunque en general lo ha apoyado críticamente (declaración de soberanía y concreción de la fecha y la pregunta) y, puntualmente, se ha abstenido incrédulamente (viaje a Madrid a pedir permiso)". A pesar de todo, la CUP "siempre ha trabajado conjuntamente con el resto de agentes políticos y sociales en la reivindicación que ahora mismo es mayoritaria en esta parte de nuestro país: la necesidad de expresarse sobre la independencia".
En este sentido, la CUP "no ha hecho fetichismo de cuál era la vía legal que se utilizaba porque una parte del pueblo catalán, la del Principat de Catalunya, pudiera votar: la ley de consultas no refrendarias no parecía la mejor vía, porque justamente se apuesta por un referéndum vinculante, ni tampoco lo parecía el decreto de convocatoria, que abría las puertas a una reforma constitucional española". "En todo caso -añaden-, también se entendía que había que creer en el mismo que la mayoría de esta parte de nuestro país: que se pueda votar el 9N y que esta votación genere un mandato inexcusable que haya que materializar políticamente".
A juicio de la CUP, en estos últimos días se han celebrado varias cumbres, en las cuales "el Gobierno catalán ha manifestado su retroceso en el compromiso de celebrar la consulta de acuerdo con la ley suspensa, momento en que se evidencia la responsabilidad de ERC en un pacto de gobernabilidad que no garantiza ningún paso adelante en el terreno de la consulta".
La CUP asume, en este sentido, "la responsabilidad y lealtad para no hacer públicos los disensos, en una lógica de asumir que hacía falta que hubiera un tiempo para la reconstrucción de una propuesta válida y con garantías para la expresión libre de la gente el 9N a través de las urnas".
Ayer, el Gobierno catalán puso una propuesta sobre la mesa que planteaba un dispositivo para hacer posible el 9N. "Aun así, seguíamos sin creer que el Gobierno lo podía ejecutar, teniendo en cuenta los reiterados incumplimientos de los últimos días; desconfianza probada, que hizo que incorporáramos un listado de garantías de cumplimiento y que mantenemos vigentes".
Estas garantías son:
1) Creación de un órgano compuesto por miembros propuestos por los diferentes partidos, de carácter técnico, que pueda comprobar a diario el cumplimiento de los acuerdos necesarios para la realización de la consulta.
2) La Comisión de control asumiría facultades de intervención, control y comprobación del despliegue de la consulta, así como en la campaña comunicativa institucional.
3) Inicio inmediato de la difusión de la campaña institucional con información clara sobre la logística de la votación.
4) Cubrir la vacante del miembro de la comisión de control propuesto por ICV para completar la Comisión de Control actual.
5) Comunicación pública de la hoja de ruta hacia la consulta desglosada por acciones concretes y plazos.
6) Generación de una secuencia comunicativa que ampare todas las fases del despliegue de la consulta.
7) Llamada a la participación de observadores internacionales que puedan dar cobertura a la jornada del 9N.
8) Realización de una campaña pública deliberativa y de debate en torno a los diferentes posicionamientos respecto a la pregunta a consultar.
9) Nombramiento de la figura del Conseller de la Consulta.
10) Compromiso por escrito del Govern para que asuma el compromiso con la ciudadanía que ha expresado la voluntad de poder hacer posible la consulta el 9N.
11) No acatar ninguna otra suspensión del Estado en el plan que puede hacer posible poder votar el próximo 9N, en una lógica de obediencia al mandato popular.
La CUP entiende que todas estas propuestas, "democráticas, transparentes y públicas", podían hacer posible una consulta con suficientes garantías dado el escenario actual. "Aún así, el que se vio sobre la mesa era un tacticismo acumulado del resto de partidos y una razonable carencia de confianza en el Gobierno", aseveran.
Para la CUP el hecho es que la propuesta de consulta para el 9N, "tal y como está planteado en este momento, a pesar de ser la misma que se planteó ayer, ha perdido credibilidad y genera dudas en torno al objetivo que persigue; si es una verdadera voluntad que el pueblo se exprese o es la enésima investigación de una ensambladura con el estado a partir de una legitimación de CiU en el momento en que se encuentra más débil y con las prospecciones de resultados electorales más bajos".
"La propuesta de lista conjunta tampoco no tiene credibilidad; no habrá lista conjunta, y las elecciones plebiscitarias tienen sentido si se ha llegado al máximo de tensión con el estado", apostillan.
Para la CUP, el mayor desafío actual continúa siendo poner urnas, y la consulta continúa representando "una inversión en la lógica de representación política: situar la expresión de la gente en el centro de la agenda política. Y esto da miedo a la partidocracia, porque abre una rendija imprevisible, porque la consulta popular podría dar apertura a un proceso de cambio, y esto, al parecer, da miedo".
En este sentido, la CUP redobla el compromiso con la consulta a partir de dos reivindicaciones: "continuar defendiendo que a pesar de todo, como siempre, la movilización y la activación popular son los que pueden hacer irreversible cualquier proceso. En este sentido, a pesar de que una mesa de partidos defina un determinado terreno de juego, sabemos que la independencia sólo será posible si el proceso popular desborda los intereses partidistas y de clase". Y la segunda: "Llamamiento a los agentes políticos y sociales para que hagan posible la consulta sin hacer ningún paso atrás. Urnas, urnas y más urnas era el mandato existente".
Finalmente la CUP se reafirma en sus principios y apuestas políticas, que son las que "ha mantenido intactas hasta el momento".
Estas son: "Nuestro país son los Països Catalans, que tienen el derecho a la autodeterminación y a la plena independencia política, económica y cultural respecto de España, Francia y la Unión Europea; en el marco del estado español, es imposible cualquier proceso de autodeterminación sin la ruptura con el marco jurídico-político vigente, sin la desobediencia con la legalidad española; que el ejercicio del derecho a la autodeterminación pasa por la expresión de la voluntad popular en el marco de un referéndum vinculante, y con una pregunta binaria sobre la independencia, y por la materialización inmediata de la decisión tomada en referéndum por parte del gobierno; que el ejercicio de este derecho tiene que abrir las puertas a un proceso constituyente en que el protagonismo popular desborde las élites y abre la construcción de una República de los Països Catalans que transforme de raíz el sistema económico y social".
