En marzo de 2014 y antes de que fuera aprobado por el gobierno de la DGA el Decreto de interinos, los sindicatos STEA-i y CGT presentaron una demanda conjunta ante la Sala de lo Contencioso del TSJA, contra el Gobierno de Aragón, en amparo de Derechos Fundamentales, mediante la que pretendían la paralización de la aprobación del actual Decreto de interinos (publicado en el BOA de 10 de abril, aprobado con fecha 9 de abril).
Los motivos en los que se fundó la acción judicial eran "la nulidad del procedimiento de elaboración normativa del Decreto, lo que convierte en nulo el Decreto publicado, lesionando Derechos Fundamentales".
Entre estos derechos, los sindicatos subrayan el derecho sindical a la negociación colectiva contenido en el art. 28 de la CE según reza la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que estaba siendo "lesionado por la Administración aragonesa, por cuanto no abrió el procedimiento de negociación perceptivo para la elaboración del Decreto, arts. 33 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)"; y el derecho fundamental a la participación ciudadana en la función pública, así como el derecho fundamental de acceder a la función pública docente en condiciones de igualdad, del artículo 23 de la CE apartado 1 y 2.
Se inició así un procedimiento judicial de carácter "especial" cuyo fin es la "tutela y amparo" de Derechos Fundamentales que estiman "vulnerados conforme a los antecedentes fácticos en los que se fundó la demanda". La representación sindical estima que "la lesión del derecho de negociación colectiva, fue 'consumada' incluso antes de que el gobierno publicase el Decreto", ya que toda la representación sindical de la Mesa Sectorial de Educación, había solicitado a la DGA -por escrito presentado en febrero-, y tras las varias versiones habidas del Decreto, un proceso de negociación "real y efectivo", "cosa que ni siquiera fue así realizado en la primera versión del Decreto", afirman.
Transcurrido el plazo legal que obliga a la DGA a proceder a negociar lo solicitado por la mayoría de la Mesa Sectorial, "sin que haya tenido intención alguna de llevarlo a efecto", presentaron demanda ante el TSJA, por la que pretendían que "se condenase a la Administración a negociar con los Sindicatos, las nuevas condiciones que impone el decretazo de este gobierno".
Al mismo tiempo, solicitaron una medida cautelar ante el TSJA, que paralizase los trámites de aprobación y publicación del Decreto, "significándole que el procedimiento de negociación no había sido debidamente desarrollado, acreditándole el hecho de que la Administración modificó unilateralmente el Decreto, sin siquiera consulta en Mesa Sectorial, como manda la ley, hasta en dos ocasiones después de que el texto se presentase en una única Mesa Sectorial celebrada a tal efecto, el pasado noviembre de 2013, sin antelación suficiente para estudiar todas las nuevas condiciones del texto normativo, que tampoco se correspondía con los criterios tratados en las mesas técnicas anteriores a la Sectorial", aseveran.
Desde STEA-1 y CGT recuerdan que la DGA fue requerida, en el mes de marzo, a tales efectos de la demanda descrita, la misma. Y antes incluso de presentar el expediente administrativo requerido, presentó un escrito ante el TSJA, solicitando la "inadmisibilidad" del recurso, ya que "el Decreto no había sido aprobado, y al propio tiempo, en fecha 9 de abril aprobó el Decreto cuya paralización fue solicitada, solicitando así posteriormente, la carencia sobrevenida del objeto procesal, por la publicación del Decreto en el BOA de 10 de abril".
"Se intenta evitar así la acción de la Justicia, ya que estos trámites, impiden que el TSJA pueda conocer de la demanda presentada en amparo de los Derechos Fundamentales. Y el Decreto publicado, entró así en vigor al día siguiente de su publicación", denuncian los sindicatos.
Estos hechos ocurridos con posterioridad a la demanda, fueron "debidamente deducidos en tiempo y forma, por la representación procesal de los Sindicatos CGT y STEA-i, ante el procedimiento judicial iniciado por lesión de los Derechos Fundamentales ya explicado". Se presentó así nueva demanda judicial, en el mes de abril de 2014, impugnado expresamente:
1.- Decreto 51/2014 del Departamento de Educación Universidad Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por el que se establece el régimen de provisión de puestos de trabajo de funcionarios docentes no universitarios por personal interino en la Comunidad Autónoma de Aragón, que fue publicado en el BOA nº 72 de fecha 10 de abril 2014.
2.- Orden de 9 de Abril de 2014 del Departamento de Educación Universidad Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por el que se desarrollan los procedimientos de ordenación, publicación, adjudicación de vacantes, suspensión y decaimiento de las listas de espera para el desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad para el personal docente no universitario. Publicado en el BOA nº 73 de fecha 11 de Abril de 2014.
3.- Orden de 9 de abril de 2014, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el baremo de las listas de espera para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos
docentes no universitarios. Publicado en el BOA nº 73 de fecha 11 de Abril de 2014.4.- Cualquier actividad conexa con la actividad administrativa impugnada en relación con este objeto.
También soliciataron en esta demanda y como medida cautelar, la suspensión de la vigencia del Decreto, cuya tramitación solicitada de urgente, fue calificada por el TSJA de ordinaria. Pretendiendo así la acumulación de la demanda con el procedimiento iniciado en el mes de marzo de 2014.
"Pero la politización de la Sala de lo Contencioso Administrativo parece obvia, cuando tardó más de dos meses en resolver sobre los incidentes expresados que impiden entrar en la cuestión planteada en defensa de los derechos fundamentales y constitucionales que tienen una protección jurídica especial reflejada en el procedimiento instado por estos sindicatos", apostillan. De hecho, la Sala resolvió que la demanda inicial no era "admisible", por cuanto la reforma del Decreto en cuyo seno se produce la lesión de los derechos fundamentales, no había sido aprobada al tiempo de la demanda, al propio tiempo que la Sala entendió que las medidas cautelares no eran urgentes, ya que el Decreto aún no había entrado en vigor.
"Y -añaden- aunque en el proceso se deduce claramente que la propia publicación del Decreto y la ampliación del objeto de la demanda, es sin lugar a duda, una actividad administrativa impugnable, lo cierto es que la Sala ha rehusado de atender la demanda planteada, vulnerando en tal resolución el Derecho a la Tutela Judicial efectiva, que fue oportunamente deducido mediante especial recurso interpuesto en sede judicial, que dio lugar a la reforma del Auto de 'archivo' del procedimiento, imposibilitando la acción judicial sindical iniciada. Estimado el recurso anteriormente descrito, finalmente se nos concedió nuevo plazo para interponer mediante nuevo procedimiento judicial, la tutela pretendida en el mes de Marzo de 2014, intentando así con todo ello, evitar los graves perjuicios a los que se están sometiendo a cientos de docentes de Aragón en el presente curso escolar".
"Dado que el mes de agosto resulta hábil en el presente asunto", nuevamente han presentado la demanda conjunta con el fin de anular el actual Decreto de interinos. Hasta la fecha no hay aún resolución de la Sala en este sentido.
Este Decreto ha sido recurrido por más sindicatos, pero "la diferencia es que otros sindicatos han recurrido el contenido del Decreto, por el tema de la retroactividad o similares, nosotros no recurrimos el contenido ya que no estaba publicado, fuimos a recurrir la vulneración de la negociación colectiva para impedir, precisamente, su publicación".
"Sabíamos y sabemos que es una demanda muy difícil de probar y de ganar, en caso de que la justicia nos diera la razón se podrían echar abajo muchas leyes y decretos, que han supuesto recortes severos, por la imposición por parte del gobierno y la falta de negociación colectiva", aseguran.
Por último, ambos sindicatos lamentan que durante los tres años de gobierno del PP-PAR no ha habido "nada de negociación", ha sido "todo impuesto" en las Mesas Sectoriales, pero "en el caso del Decretazo la vulneración de derechos ha sido aún más manifiesta, ya no solo por no admitir ninguna sugerencia ni cambio por parte de las organizaciones sindicales, sino porque el Decreto publicado sufrió modificaciones con respecto al Decreto que aprobó la Consejería en las Mesas Sectoriales, sin volver a pasar por las Mesas para informar de las modificaciones tal y como marca la legislación".
De momento el proceso sigue adelante.
