Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado mes de marzo en sesión plenaria, con la abstención del PP y el PAR, la creación de una comisión de investigación parlamentaria para analizar la gestión de la CAI desde el año 2000. La iniciativa fue presentada conjuntamente por PSOE, CHA e IU, que manifestaron que en la comisión “se trabajaría con seriedad y rigor para no afectar a la fusión de esta entidad de ahorro con Ibercaja”, un proyecto estratégico para Aragón, según estas formaciones políticas.
De los 65 votos emitidos entonces, 28 fueron favorables a la creación de esta comisión y los 37 diputados y diputadas del PP y el PAR, que sustentan el gobierno de coalición de Luisa Fernanda Rudi, se abstuvieron. Así, la Comisión parlamentaria de investigación que analiza la gestión de la CAI está formada por la diputada del PP María Ángeles Orós, el diputado del PSOE Florencio García Madrigal, Antonio Ruspira del PAR como coordinador del órgano parlamentario, el diputado de CHA Gregorio Briz y Luis Ángel Romero diputado por IU Aragón. Desde su constitución formal, el pasado 5 de mayo, ha celebrado más de quince encuentros de trabajo y comparecencias, por donde han pasado más de una treintena de directivos, gestores, y técnicos de la entidad financiera aragonesa Caja de Ahorros de la Inmaculada -CAI-, y también consultores, accionistas, miembros de sindicatos con representación en la caja, y también representantes de algunas asociaciones aragonesas de defensa de las consumidoras.
El presidente de ADICAE “destripa el fraude al ahorro que organizó la CAI” para tapar el agujero por la mala gestión
Entre las comparecencias más destacadas en sede parlamentaria se encuentra la realizada el pasado 8 de julio por el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, quien señaló que “todos los órganos de gobierno de la CAI han fracasado estrepitosamente”. En su intervención durante la comparecencia Manuel Pardos arrojaba luz sobre el proceso que llevó a la CAI a una situación de “quiebra corrupta” y planteaba unas perspectivas de futuro que parten de un cambio radical del modelo de relación con los consumidores por parte del sector financiero.
Para Pardos, “la situación de la entidad ahora incluida en el grupo bancario Ibercaja (que ha necesitado recursos públicos para poder hacer frente a una situación económica de quiebra de facto), ha sido provocada en gran medida por el sistema organizativo y de gobierno de la misma, completamente pernicioso para los intereses de la propia caja de ahorros y de los clientes, que dejaba la gestión de la caja en manos de un número cerrado de personas con gran poder y sin control, y que sólo atendía a sus exclusivos intereses”.
En su intervención ante los representantes parlamentarios de las Cortes de Aragón el presidente de ADICAE señalaba que “no se puede aceptar una nueva dilapidación del patrimonio de las cajas de ahorro. Mucha gente podría vivir de manera más digna si el patrimonio de las fundaciones bancarias se dedica a lo que se debió dedicar siempre”, y añadía “quizás en ese caso no habría hambre en España”.
Manuel Pardos apuntaba que “la dejación de funciones de los miembros del Consejo de la CAI debe tener sanción. Tienen responsabilidades y como mínimo debería exigírseles la devolución de su dietas, sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven del 'crimen' de la dilapidación de cientos de millones de euros cometido”, apostillando después que “no hay futuro sin depuración de responsabilidades. Hablar de malas prácticas es un eufemismo cuando hablamos de auténticos fraudes”, y anunciaba la posible actuación de ADICAE en la exigencia de responsabilidades penales a los miembros del Consejo y los órganos de gobierno de la CAI.
En este sentido señalaba que “el análisis que ADICAE ha llevado a cabo con datos públicos muestra cómo existen unas pérdidas que se reconocen en 2012, mil millones, que estaban ya en 2009. Miente la CAI y las auditoras, que solo salen a la palestra cuando la caja está en situación de quiebra e interviene el Banco de España”. Para Pardos “el agujero económico creado en la entidad se intentó tapar con fraudes al ahorro de los consumidores: venta de preferentes del banco escocés Royal Bank como si de un depósito se tratase cuyas familias han perdido todos sus ahorros y malas prácticas bancarias como la colocación entre sus clientes de préstamos hipotecarios que incluían las conocidas ‘cláusulas suelo’ de entre el 4 y el 4,5%, así como otras condiciones gravosas entre sus condiciones contractuales”.
Manuel Pardos recordaba también que, “sin perjuicio de la responsabilidad directa de los máximos responsables de la entidad, los órganos competentes del Gobierno de Aragón no cumplieron debidamente su labor inspectora sobre las cajas, al permitir una excesiva e irresponsable exposición ‘al ladrillo’, abandonando sus principios fundacionales como caja de ahorro”. Tal y como destacaba el presidente de ADICAE en su comparecencia, “lo que era una obra social ha resultado ser un fiasco, un negocio, no solo de los dos o tres ‘pájaros’ que están en los juzgados, sino del funcionamiento de esta institución, la Caja Inmaculada, una gran institución, un gran patrimonio popular, que sigue siendo del pueblo, que sin embargo se ha usado para unos fines, para unas actuaciones completamente degradadas”.
“El espectáculo de cómo los miembros del Consejo de Administración intentan lavarse las manos es una vergüenza en una institución que ha manejado al menos el 10% del sistema financiero aragonés. Los componentes de la comisión de control, el propio Consejo, etc, han cobrado por su función, y tienen responsabilidad aunque percibieran dietas por no hacer nada”, denunciaba, y, según ha llamado la atención Pardos, “no sólo la injerencia y manipulación política es la culpable de la situación. Cuando se habla de los políticos como causantes de la quiebra es indudable que tienen mucha responsabilidad, pero las entidades fundadoras, como Acción Católica en el caso de la CAI, tienen muchísima responsabilidad”.
Pardos señalaba los diputados aragoneses que “más allá de que la CAI fuera un instrumento del arzobispado, el control interno no funcionó. ADICAE se ha reservado hasta ahora presentar una querella criminal, que presentaremos, porque la actual solo busca dos chivos expiatorios”, y añadía que “se busca eximir al resto de los miembros de la entidad. Repasen los presidentes de la entidad, y otros muchos responsables. Supuestos sistemas de democratización de las cajas, herederos del sindicalismo vertical que manejaba las cajas anteriormente, durante la dictadura, no me convencen de nada. Muchos de los responsables han venido a esta Comisión de investigación a lavarse las manos, y a dejar a las Cortes de Aragón en ridículo, cosa que lamento”.
Asimismo, Pardos afirmaba que ADICAE estudia “querellarse contra los consejos de administración de Caja Inmaculada de las épocas de los directores generales Luis Calvera y Tomás García Montes, al entender que son responsables del fracaso de la entidad, en tanto en cuanto no cumplieron sus obligaciones de control y supervisión. Si es necesario se pedirá al juzgado las actas de todas las reuniones de los consejos de administración, que también han solicitado, hasta ahora sin éxito, los miembros de la comisión parlamentaria, para estudiarlas y, seguramente, presentar una querella criminal”.
Pardos indicaba que desde ADICAE pretenden “que las responsabilidades por el fracaso de la CAI se extiendan más allá de las tres personas que están imputadas por un delito de apropiación indebida y administración desleal, por pagar un viaje privado a Egipto con fondos de la entidad y por la compra de pisos con una rebaja del 50 por ciento”, en referencia al, en su día, director general Tomás García Montes, el director territorial de Madrid, Javier Alfaro, y el abogado y empresario Ramón Marredo.
Según la opinión de Pardos, “estas tres personas, aunque sean unos chorizos, son chivos expiatorios, pero el resto de directivos y miembros del consejo de administración tienen su culpa por dejación de obligaciones y deberían asumir algún tipo de responsabilidad, si no penal, sí pecuniaria, como la devolución de las dietas que percibieron por asistir a las reuniones de los consejos de administración”.
En un apunte hacia el futuro inminente, Pardos insistía a los parlamentarios sobre la importancia “de enfocar las nuevas normas y la regulación de las ‘fundaciones bancarias’ teniendo en cuenta todo lo expuesto. Supongo que habrá ley aragonesa; tengan mucho cuidado de cara al futuro. No hay futuro sin depuración de responsabilidades. Cláusulas suelo, venta de deuda del Scotland Bank,..., Abusos que hicieron muchas entidades, también el BBVA, La Caixa, el Santander,..., y mediante los que se financiaron a costa de los consumidores, todo el sistema financiero español se pervirtió, pero eso no justifica a los que llevaron a la CAI a la quiebra, a esos, por lo menos, mil millones de euros de pérdidas de todos los aragoneses”.
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